Vanessa Castro Cardenal *
Trabajo como investigadora en educación desde hace más de 6 años. Mis constantes visitas a escuelas y los resultados de los estudios en que he participado me han permitido ver un conjunto de problemas que deben ser resueltos para que Nicaragua progrese. Aprovechando la ocasión de que en esta campaña electoral se están haciendo varias propuestas educativas, quiero exponer algunos problemas del sistema de educación pública nicaragüense cuya solución debe ser abordada con seriedad por los partidos que actualmente compiten por gobernar el país a partir del 2002.
Uno de estos problemas —no el único— pero sí de los más serios, es que no todos los nicaragüenses en edad escolar están asistiendo a la escuela. Actualmente sólo alrededor del 75% de los niños y niñas están matriculados en algún centro educativo. Esta exclusión es más grave de lo que parece pues afecta desproporcionadamente a los más pobres. Cifras del actual gobierno indican que más del 50% de los niños y niñas en extrema pobreza no están recibiendo educación. Problemas como la falta de acceso a un centro escolar—por distancia o escasez de oferta– y la deserción —que interrumpe la escuela— son en gran medida la causa de esta baja matrícula entre los sectores más pobres.
A consecuencia de esta baja cobertura del sistema escolar, el nivel de escolaridad promedio de la población nicaragüense es sólo de 4.9 años, aunque el grupo de los más pobres según el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD (2000) “apenas supera los dos años de escolaridad”.
Estos son datos preocupantes. Es ampliamente reconocido que la educación contribuye al desarrollo integral, y ayuda a la erradicación de la pobreza familiar. Diferentes estudios documentan que las mujeres con mayor escolaridad promueven en su hogar prácticas de higiene, nutrición y salud favorables y que los padres con mayor nivel académico crean un ambiente positivo para el aprendizaje de sus hijos e hijas. No obstante, el promedio de escolaridad de Nicaragua es bajo como para conseguir estos resultados en cada hogar. CEPAL ha determinado que se necesitan “más de 10 años de educación formal para tener una alta probabilidad de no caer en la pobreza…” (PNUD, 2000; CEPAL p. 111). Nuestra población más vulnerable está 8 años por debajo de esa meta y la población en general cuenta con cinco años menos de esa escolaridad.
Revertir esta situación implica grandes esfuerzos. Un primer paso es procurar que cada uno/a de los potenciales estudiantes de este paías se matricule, asista a la escuela y permanezca en ella. En este propósito se debe dar prioridad a los más pobres. Abrir el acceso a la escuela para este grupo es difícil y por ello debe ser organizada deliberadamente a través de la creación de políticas de discriminación positiva. Estas políticas deben proveer con especiales oportunidades a los grupos más vulnerables, teniendo el cuidado de no fomentar la dependencia con practicas paternalistas. Políticas apropiadas deben basarse en la ubicación precisa de los problemas que limitan el acceso a la educación de estos grupos. En algunos lugares faltan docentes, en otra infraestructura, en muchos ambos. Pocas familias pobres pueden prescindir de la fuerza de trabajo que representan sus hijos por lo cual es vital determinar los necesarios estímulos a brindarles para que envíen y mantengan a sus hijo/as en la escuela.
Si queremos una niñez más sana, ríos y playas sin contaminación, productores más eficientes y conscientes de la importancia de cuidar su entorno, necesitamos más educación. Quienes estamos interesados en la consolidación de la democracia y nos preocupa la equidad debemos presionar porque en esta campaña se debata cómo se usarán los impuestos que pagamos en mejorar el acceso a la educación de quienes están más expuestos al daño de los desastres naturales, a los problemas de salud, al hambre y la desnutrición y quienes son además —desgraciadamente— una mayoría de la población nicaragüense.
* Doctora en Educación.
