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El problema entre la empresa estatal de agua (Enacal) y la privada que vende energía eléctrica (Unión Fenosa), nos permitió ver la desventaja en que se hallan los ciudadanos nicaragüenses frente a las fallas administrativas del gobierno, porque la población de Managua, superior al millón de habitantes, estuvo a punto de pagar por una falta que nunca cometió.
Enacal le debe a Fenosa más de 50 millones de córdobas por el servicio de electricidad, y ésta decidió dejar sin energía a 24 pozos que abastecen de agua a un sector de la ciudad, sin que a ninguna de las dos instituciones le importaran las penurias que pasarían las familias capitalinas al quedarse sin agua.
Fenosa explicó que su negocio es vender energía, y si no le pagan corta el abastecimiento, salvando responsabilidad ante el corte de agua, servicio que sólo le compete a Enacal. Aunque hubo un arreglo entre ambas empresas y el corte no progresó, quedó una pregunta sin respuesta: ¿Por qué Enacal ha acumulado una deuda tan grande con Fenosa?
Es difícil que un ciudadano llegue a deberle más de dos meses a Enacal, sin que le corten el servicio de agua. Pero así como Enacal exige que los pobladores paguen a tiempo, esa empresa estatal también debería solventar puntualmente sus compromisos, por el bien de su clientela, la ciudadanía entera.
Todavía esperamos una explicación convincente de la gerencia de Enacal, por el desbalance financiero que les impidió pagar puntual por la energía que consumen, echándose una deuda que han prometido cancelar en seis meses.
En un país en plena campaña electoral y con un gobierno famoso por los casos de corrupción, resulta sospechoso que varias instituciones del Estado, incluida Enacal, aparezcan de pronto sin fondos suficientes para cubrir sus gastos operativos.
Incluso, sorprende que el presidente de Enacal, Róger Solórzano, haya dicho que el problema se agravó porque funcionarios menores olvidaron reportar la deuda que se acumulaba; y luego quiso culpar a las organizaciones que protestaron por el alza del 30 por ciento en los precios del servicio de agua, hace pocos meses.
Surge otra pregunta: ¿Quién protege a la ciudadanía cuando le echan encima las consecuencias de los problemas que causan otros, en este caso las instituciones del Estado? Organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por la Liga de Defensa del Consumidor (Lideconic), pidieron a la Corte Suprema de Justicia que anulara el alza por el servicio de agua, pero todavía esperan respuesta.
Aunque en mayo del año 2000 fue aprobada la Ley de lo Contencioso Administrativo, para que los ciudadanos se amparen contra los abusos del Estado, el reglamento de ésta no ha sido publicado por el Poder Ejecutivo, y, por tanto, esa ley no puede ser aplicada y los ciudadanos siguen indefensos.
