Sin dudas que no todo anda mal en Nicaragua. Y que tampoco todos los nicaragüenses se encuentran en la situación deplorable que sufren los muchos desempleados que hay en el país y las víctimas de la hambruna por la crisis del café y la sequía que afecta a poblaciones enteras en Matagalpa y Chinandega.
Lo cierto es que a pesar de todas las vicisitudes de la reciente historia nacional, el ámbito económico y empresarial privado continúa desarrollándose, y, como se sabe, el sector privado es el que realmente produce riqueza e impulsa el crecimiento de la economía y el bienestar de los nicaragüenses. Incluso, el dinamismo de la empresa privada es tan impetuoso que no lo contienen las limitaciones estructurales del país ni los conflictos como el de Enacal con Unión Fenosa, la demanda judicial del alcalde sandinista de Managua, Herty Lewites, contra Enitel para frustrar su privatización, ni los pleitos e intrigas políticas entre altos funcionarios económicos del gobierno, ni la incertidumbre que inevitablemente provocan las próximas elecciones presidenciales.
Pero el hecho de que las limitaciones estructurales del país y las mezquindades de la política doméstica limiten, pero no impidan, la rehabilitación de la economía nacional y el flujo de las inversiones extranjeras, no significa que esos problemas deban ser vistos con indiferencia. En realidad, los problemas antes mencionados no son sólo expresiones del folclorismo político nicaragüense, sino demostraciones de que no hay suficiente seguridad jurídica, seriedad gubernamental ni estabilidad institucional, y de que faltan mejores condiciones para atraer y asimilar las inversiones de capital privado extranjero que son absolutamente necesarias para sacar al país de la extrema pobreza e impulsar el desarrollo nacional. O sea, que el riesgo país sigue siendo alto en Nicaragua.
El riesgo país, como se sabe, es una variable financiera que se usa para calificar a los países que ofrecen más o menos seguridad para la inversión de capitales, y se determina basado en los indicadores macroeconómicos en combinación con las condiciones legales y la situación política nacional. Es decir, que en la determinación del riesgo país se incluyen no sólo las estadísticas económicas, sino también la estabilidad o inestabilidad institucional, la capacidad o incapacidad de los políticos, la corrupción o la honestidad de los gobernantes y hasta el comportamiento responsable o irresponsable de los personajes prominentes de la vida nacional.
El riesgo país existe en todas partes del mundo, y su reducción depende fundamentalmente de que se garanticen la seguridad jurídica y las libertades individuales y públicas, y de que los gobernantes y los políticos en general tengan capacidad de integrar a los distintos sectores de la sociedad en el esfuerzo para mantener la gobernabilidad del país y la tranquilidad pública. Todo lo cual es indispensable para captar más inversiones extranjeras que ayuden a la nación a salir de la pobreza extrema y avanzar hacia el desarrollo.
Lamentablemente, con problemas irresponsable y deliberadamente creados, como el de Enacal con Unión Fenosa y del alcalde sandinista de Managua contra la privatización de Enitel, así como la corrupción gubernamental y la falta de transparencia en los negocios del Estado, se aumenta el riesgo país, pues se provoca la desconfianza de los inversores extranjeros, y, en consecuencia, disminuye el flujo de capitales foráneos.
Los índices internacionales de libertad económica, de transparencia y de desarrollo humano, demuestran de manera inequívoca que sólo los países donde hay más libertad, transparencia —que equivale a menos corrupción—, seguridad jurídica y estabilidad institucional —o sea condiciones apropiadas para invertir, comerciar, producir e intercambiar bienes y servicios—, son los que se desarrollan de modo rápido y exitoso, y la gente tiene más posibilidades de mejorar sus condiciones de vida.
Y todo lo contrario es lo que ocurre en los países donde sus mismos políticos y gobernantes crean situaciones conflictivas e inseguridad para las empresas privadas, nacionales o extranjeras; donde se hostiliza a los inversionistas, se modifican las reglas económicas y se maneja el Estado como un botín para beneficio de los que conquistan el poder. En este caso, no hay posibilidades de salir del atraso, la pobreza, y la dependencia de la caridad pública internacional.
