Carlos Alberto Montaner* (FIRMAS PRESS)
MADRID.- Hace tiempo que la idea viene revoloteando: indemnizar a los descendientes de los esclavos negros trasladados a América a punta de látigo y grillete. ¿Es esto razonable? No lo creo, pero hay que explicar las razones.
En principio, no parece una proposición estrafalaria. Exigir reparaciones económicas por injusticias y crímenes cometidos es una vieja tradición contemplada por el Derecho en casi todas partes. Las tribus germánicas hace dos mil años ya contaban con un minucioso baremo de lo que costaban un ojo mal sacado o una mano innecesariamente rebanada a otra persona. Incluso, establecían las oscilaciones de precio de acuerdo con la edad. No era lo mismo un ojo joven, todavía con mucho que mirar por delante, que el ojo cansado y aburrido de un viejo. En nuestros días, esa vieja costumbre —«el que la hace la paga»— ha sido revivida con frecuencia: los estadounidenses han indemnizado a ciertos indios cuyos antecesores fueron estafados mediante pactos fraudulentos, y les han pagado ciertas sumas a los norteamericanos de origen japonés injustamente internados en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, son bien conocidas las indemnizaciones abonadas por Alemania a Israel, y las que les otorgaron a los sobrevivientes de los campos de concentración.
Si esto es así, ¿por qué no a los negros? ¿Alguien duda de la intensidad de la barbarie cometida contra los africanos? Los secuestraban en África, los vendían como si fueran animales, los marcaban a fuego dos veces —el carimbo— para establecer la propiedad (primero el negrero que los importaba, luego el comprador), y los convertían en herramientas de trabajo a las que se les asignaba una breve “vida útil”. En Cuba rara vez sobrevivían a cinco zafras azucareras. Nada menos que un millón de personas fueron exterminadas en esos cañaverales. En mi libro “Las raíces torcidas de América Latina” cuento algunos casos terribles: el de Pedro Gilafo, a quien hirvieron vivo por amar a una rubia, el de Eugenia Montilla, a la que en Córdoba, Argentina, azotaron hasta casi morir por llevar ropas de blanca. Esa era la norma: tratarlos peor que a las bestias.
Sin embargo, la indemnización a sus descendientes no me parece un acto de justicia, sino un absurdo anacronismo derivado de la extrapolación de la sensibilidad actual. Estamos juzgando hechos pasados con el juicio ético de hoy, y eso es un despropósito. La verdad es que la esclavitud fue una institución legal hasta el siglo XIX. Hoy nos parece una actividad repulsiva y monstruosa, pero tenía milenios de existencia y una clara legitimidad que, en Occidente, se acredita en la Biblia (el Levítico), en la tradición jurídica grecorromana y en las actuaciones del Papa. Los negreros portugueses no actuaban como bandidos al margen de la ley, sino provistos de bulas papales que los autorizaban a esclavizar africanos y a venderlos, siempre que se tuviera en cuenta una supuesta función evangelizadora. Pero ésta no era una perversidad únicamente católica, sino un comportamiento compartido por toda la cristiandad. A Lutero, por ejemplo, le parecía imposible el sostenimiento de las sociedades europeas sin el auxilio de los esclavos.
Hasta el siglo XVIII resultaba “normal” esclavizar o ser tomado como esclavo. A fines del XVI Cervantes fue esclavizado por los berberiscos norteafricanos en lo que hoy es Argelia, y luego negociado mediante un “rescate”. Durante su cautiverio se sintió desesperado y trató de escapar un par de veces, pero nunca se creyó víctima de una situación excéntrica. El mundo, sencillamente, era así. Sólo que, a partir de cierto momento, como consecuencia de las ideas de la Ilustración, se fue produciendo un cambio en la sensibilidad de Occidente, y, de la misma manera que poco a poco desaparecieron los sangrientos “juegos” romanos —sólo quedan el boxeo, las corridas de toros y alguna que otra barbaridad—, la esclavitud comenzó a ser rechazada. Cuando la abolición ganó terreno se planteó entonces el tema de la indemnización, pero no a los esclavos, que recibirían gratuita e inesperadamente el don de la libertad, sino a los propietarios, que verían afectado su patrimonio, y a las naciones que se beneficiaban de este comercio. Inglaterra, por ejemplo, indemnizó a España con cuatrocientas mil libras esterlinas para que se comprometiera a abandonar la trata de esclavos.
Lo que planteo es fácil de entender si nos remitimos a un ejemplo contemporáneo. Durante milenios, quizás desde siempre, la mujer ha sido avasallada, explotada y humillada por los hombres. Pero a partir del siglo XIX, pese a la resistencia de los elementos más conservadores, fue cobrando fuerza la idea de la igualdad de los géneros. En el XX, no sin grandes esfuerzos por parte de las sufragistas, finalmente consiguieron poder votar en las elecciones y hasta ser electas. Hoy a casi nadie —salvo en los pueblos de cultura islámica— se le ocurre regatearles este derecho a las mujeres. ¿Sería “justo” que ahora las mujeres pidieran una indemnización a los hombres por los milenios de atropellos padecidos? El caso de Alemania y los judíos, o de los estadounidenses y los indios o los japoneses es diferente: ahí estamos ante una violación de las leyes y de las costumbres vigentes. En los años cuarenta del siglo XX no era permisible gasear a nadie o estafarlo. Doscientos años antes el mundo, lamentablemente, era distinto. Era peor.
