El transfuguismo político

En los últimos tiempos han proliferado en Nicaragua los tránsfugas políticos, como se les llama en sentido figurado pero no peyorativo a las personas que por cualquier motivo se pasan de un partido a otro.

El transfuguismo político provoca mucho malestar entre diversos sectores de la ciudadanía y severas críticas en los medios de comunicación. Inclusive los obispos católicos, en su carta pastoral sobre el proceso electoral que emitieron el 15 de agosto recién pasado, señalaron en términos muy duros, sin mencionar a nadie en particular, pero aludiendo, obviamente, a grupos y personajes muy reconocidos, que “en Nicaragua se ven políticos que, llevados por el odio o por su rencor o por sus ambiciones desmedidas o intereses meramente personales, se hacen oferta de cualquier partido que les dé acogida, aun cuando por ideología de cada uno sea una simbiosis contra natura. Enemigos que fueron aparentemente irreconciliables hoy resultan aliados. En este caso, y otros parecidos, no se salva la coherencia cristiana cuando se adhiere o se vota a partidos que la niegan”.

Lo cierto es que el transfuguismo es un fenómeno político que existe en todas partes del mundo, y en algunos países hasta se ha considerado la necesidad de prohibir mediante ley que los diputados y concejales que han sido electos a propuestas de un partido político, una vez que están en ejercicio de sus funciones se pasen a otro partido. En España, todos los partidos con representación parlamentaria, salvo el vasco Herri Batasuna, suscribieron en 1998 un compromiso de honor para impedir el transfuguismo político.

Pero en Nicaragua es evidente que ha habido un alarmante aumento de este fenómeno, lo cual es consecuencia, primero, del colapso que sufrió el pluripartidismo en las elecciones de 1996; segundo, del pacto libero-sandinista que cerró casi por completo los espacios para la participación de partidos que no sean el PLC y el FSLN; y tercero, por el predominio del concepto amoral del Estado-botín, que motiva a muchas personas y grupos políticos a buscar la participación gubernamental con el ánimo de enriquecerse. Por otro lado, el transfuguismo es alentado por la falta de democracia interna en los partidos que existen legalmente o de hecho, así como también porque cambiar de opción política por la razón que sea, o no tener ninguna, es un derecho fundamental de todos y cada uno de los ciudadanos.

De manera que no es justo juzgar de la misma manera a un político que es echado de su partido por intrigas internas y se ve obligado a afiliarse a otra organización partidaria —o cuyos principios personales han dejado de ser compatibles con los del partido al que pertenece—, que a otro político que cambia de filiación partidista para obtener prebendas y cualquiera otra clase de beneficios personales. En realidad, en estricto derecho, cualquier político tiene derecho a marcharse a otro partido. Su divorcio con su anterior organización partidista es legítimo, lícito y en algunos casos hasta conveniente y aconsejable, pues sus razones válidas tendrá quien se va de un partido a otro, y aunque no las tuviere, nadie le puede menoscabar su derecho a cambiar de tienda política.

En la situación política que hay actualmente en Nicaragua es comprensible, y además legítima, la preocupación de quienes temen que el sandinismo gane las próximas elecciones y regrese al poder, y, por lo tanto, se van de sus partidos a fortalecer al que consideran como único capaz de derrotar al FSLN. Pero es igualmente legítima la decisión de quienes sin ser miembros del Frente Sandinista se han adherido a éste como militantes o aliados, porque su opción personal y partidista es la de un gobierno de izquierda en Nicaragua.

Lo que no es honesto es cambiar de partido para obtener beneficios personales, así como mantenerse dentro de un partido a pesar de no estar de acuerdo con sus decisiones fundamentales adoptadas democráticamente, sólo para servirle a otro partido como espía y activista quinta columnista. Quienes hacen esto no sólo desprestigian sus propias personalidades sino que degradan la actividad política, en la que hasta en Nicaragua debe haber un mínimo de honestidad y nobleza.  

Editorial
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