Los culpables serán los ausentes

  • Lo que no debe suceder frente a un hipotético impasse en las elecciones de noviembre es que el partido perdedor enrede las cosas y produzca un clima de agitación que impulse a las cúpulas políticas a reunirse en secreto para repartirse cuotas de poder

Emilio Alvarez Montalván

A juzgar por las últimas encuestas, la diferencia en intención de voto entre los dos partidos mayoritarios, podría ser muy estrecha. Esperamos que ello no suceda, si no que el candidato victorioso lo consiga por amplio margen, eliminando así cualquier pretexto del perdedor para desconocer los resultados. Expresamos esa preocupación por la ineficacia del aparato electoral, la politización de sus funcionarios, la escasez de fondos y la atrasada cultura política nicaragüense. Se han propuesto varios mecanismos para prevenir tal eventualidad: 1. Eficiencia y honestidad, tanto en la emisión de cédulas, como en el depósito de votos, transmisión de datos y finalmente exactitud en el conteo final. 2. Promesa escrita ante la OEA de los magistrados del CSE que integrarán el quórum de ley. 3. Garantía de la fuerza pública de mantener el orden. 4. Conteo rápido paralelo de la OEA y Ética y Transparencia a transmitirse pronto al CSE por radio satelital, una copia deberá ponerse en sobre cerrado en manos de una personalidad de prestigio nacional para hacerse pública en caso de crisis.

Sin embargo, por eficaces y posibles de lograr que sean esas medidas, la mejor garantía para resultados fuera de duda, la proporciona la masiva participación ciudadana en la votación. Ya sabemos que la abstención es el mayor enemigo de la democracia, pues quita o disminuye legitimidad al electo y produce confusión en comicios muy reñidos, como los de noviembre próximo en que la victoria se alcanzará en la primera vuelta. Por ello el mejor objetivo, sobre todo para la fórmula que no ha alcanzado su techo y busca evitar trastornos a Nicaragua, es motivar a quienes forman el bolsón del 20 por ciento de abstencionistas (desilusionados, indiferentes, ignorantes etc.), para que salgan a depositar su voto. Es sabido que un sufragio masivo beneficia al que va a la cabeza, afirmando su legitimidad, para lo cual necesita aventajar al menos en un 5 por ciento a su contrincante.

En todo el proceso comicial la OEA juega un papel muy importante por lo cual nos felicitamos que haya enviado como jefe de misión a Santiago Murria, funcionario íntegro de experiencia en elecciones. Sin embargo, recordemos que la OEA por su carácter de organización inter-estatal, carece de poderes para prevenir y corregir fallas institucionales o gubernamentales del país invitante. No obstante su evaluación de la transparencia de las elecciones será vital. Esperamos que esta vez el Secretario General, don César Gaviria apoye a su misión y no repita el caso del ex canciller Eduardo Stein en el Perú, cuyas recomendaciones fueron echadas a la basura en la Asamblea de la OEA en Windsor, Canadá, donde sólo ese país, EE.UU., Costa Rica y Panamá lo respaldaron.

Lo que no debe suceder frente a un hipotético impasse en las elecciones de noviembre es que el partido perdedor enrede las cosas y produzca un clima de agitación que impulse a las cúpulas políticas a reunirse en secreto para repartirse cuotas de poder, o convocando a una Constituyente o escogiendo a un gobernante o triunvirato pro témpore, etc. Si hubiere dudas en conteos locales ello obliga ante testigos idóneos, a recontar uno por uno los votos emitidos. La filosofía es que debe salir un triunfador aunque sea por un voto de diferencia directamente de las urnas y no de las cabezas de los caudillos.

Si todas esas previsiones no funcionasen y tuviésemos en Nicaragua una situación que pretende salir del proceso legal, recordemos que la OEA resolvió en Québec aprobar en el próximo septiembre una carta democrática que corrija cualquier situación irregular que pueda producirse con motivo de elecciones en esos Estados. Ello quiere decir que en ningún caso habrá en Nicaragua una situación de crónica crisis o de medidas que suplanten el legítimo cotejo de la opinión pública.

* El autor es ex canciller de Nicaragua, Analista Político.  

Editorial
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