Finalmente, —y después que un juez le ordenara hacerlo—, el Ministro de Hacienda, ingeniero Esteban Duque Estrada, entregó la semana pasada, a la Contraloría General de la República el informe de la evaluación financiera del Banic. Dicho informe fue preparado entre diciembre del 99 y enero del 2000 por la firma Arthur Andersen, a solicitud del Gobierno de la República, y con financiamiento del Banco Mundial. La Contraloría dijo que procedería a analizarlo, pero no dijo cuándo tendrá listo el resultado de su análisis.
Mientras tanto, el Banic ya fue intervenido y cerrado. La parte buena fue absorbida por el Banpro, y la parte mala por el Estado, o sea, por los ciudadanos. ¿Cuánto le costará a la ciudadanía ese colapso financiero? No se sabe. ¿Qué pasó con los accionistas extranjeros que compraron el 51 por ciento del Banic? Tampoco se sabe; brillan por su ausencia.
¿Qué fue lo que causó la quiebra? El Superintendente de Bancos, Doctor Noel Sacasa, la atribuye a tres factores: el retiro masivo de depósitos, la baja de los precios del café y a la “cartera vieja que venía mala”. Respecto a lo primero, ya se sabe a qué se debió, sobre todo, a declaraciones públicas de políticos irresponsables. En cuanto a la baja de los precios del café no hay nada que hacer. ¿Pero en cuanto a la “cartera vieja que venía mala”? ¿Por qué era mala? Todo sigue, hasta hoy, envuelto en un misterio.
Sin embargo, un resumen del “informe Banic” que fue preparado y publicado por el Ministro de Hacienda en septiembre del año pasado, revela que el Banic “era altamente deficiente”, que las decisiones de los ejecutivos eran invalidadas por ciertos miembros no especificados de la Junta Directiva, que los préstamos eran aprobados sin lógica comercial, y que, aparentemente, se violaban los requerimientos exigidos por la Superintendencia de Bancos. ¿Cómo no habría entonces de esperarse que hubiese una “cartera vieja que venía mala”?
Lo que se necesita saber ahora es quiénes fueron los que autorizaron la concesión de esos préstamos, lo que, en otras palabras, equivale a preguntar quiénes son los responsables de esa cartera mala. Y la única manera de saber eso es a través de una auditoría que investigue cada uno de los expedientes de esa cartera mala, a fin de conocer los nombres y apellidos de quienes aprobaron esos créditos, y qué normas prudenciales, administrativas, y crediticias violaron. La pregunta es: ¿a quién le corresponde hacer esa investigación?
Según el Superintendente de Bancos, a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional le corresponde la función de investigar presuntos delitos; a la Procuraduría General de Justicia la función de acusar, y finalmente, a los tribunales de justicia la determinación de responsabilidades personales. De momento, la Asamblea Nacional no ha nombrado al Fiscal General, por lo que, actualmente, las funciones del Ministerio Público en el ámbito penal son ejercidas por el Procurador General de Justicia. Cabe entonces preguntar: ¿Ha ordenado la Procuraduría General de Justicia tal auditoría? Y si no lo ha hecho, ¿por qué no?
El Superintendente de Bancos se queja de que algunos pretenden responsabilizar a la institución a su cargo por los costos generados al Estado por las quiebras bancarias, y dicen que “dicha pretensión no hace sino desviar la atención del problema principal…” En un comunicado público, el Superintendente plantea ese “problema principal” así: “¿Quiénes son los responsables de los enormes fraudes que aparentan haberse cometido en el Interbank y en la sustitución de café por cascarilla en Semar y Almacena? ¿Por qué a esta fecha no hay nadie encarcelado ni siquiera como sospechoso? ¿Quiénes son los responsables de las irregularidades y abusos que llevaron al fracaso a los demás bancos cerrados?”.
Es evidente que con lo anterior, el Superintendente está poniendo en manos del sistema judicial la responsabilidad de responder a esas preguntas. ¿Quiere eso decir que ya el Superintendente puso en manos de la Procuraduría toda la información necesaria para que la Procuraduría General de Justicia investigue y acuse? ¿Qué dice de esto el Dr. Julio Centeno Gómez, Procurador General de Justicia?.
