Eduardo Enrí[email protected]
Imagínese que usted tiene un dinerito ahorrado —bueno, es algo difícil hasta de imaginar en estos tiempos, pero digamos que así es— entonces, ese dinerito usted lo pone para un negocio y pone a un administrador. Al cabo de cierto tiempo, el administrador se le aparece y le dice que el negocio quebró, que el dinero se perdió y que lo único que queda es buscar cómo vender los cuatro muebles viejos y las archivadoras para ver qué se salva.
Naturalmente, lo primero que usted hará será pedirle cuentas al administrador. Que al menos le explique a dónde se fue el dinero, ¿no? Pero ahí viene lo más trágico. El administrador le dice que no le puede dar esa explicación. Y punto.
Eso, simplemente, es para mí lo que está haciendo el Gobierno de Nicaragua a través de su ministro de Hacienda, el ingeniero Esteban Duque Estrada, que no quiere mostrar la “evaluación financiera” que el Banco Mundial realizó al Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic). No quiere ni siquiera mandárselo a la Contraloría, que según la Constitución Política, nuestra ley suprema, es la que debe velar por los bienes del Estado, o sea los suyos y los míos.
Pero ante las realidades que tiene el ministro ante sí: un banco quebrado, millones de córdobas en préstamos malos, el cuestionamiento de los compradores y una evaluación que por lo poco que se sabe no es nada positiva, él no puede pensar en otra cosa que en proteger al mismo proceso y a los funcionarios que llevaron al banco a la quiebra.
Veamos los hechos: la evaluación del Banco Mundial abarca de enero de 1998 hasta junio de 1999. En 1998 el banco era cien por ciento estatal, y luego el Estado tenía el 49 por ciento de las acciones. El señor Donald Spencer controló la Junta Directiva del Banco, como presidente hasta enero de 1999 y luego como representante del Estado. Un período en el que, según se desprende del resumen ejecutivo de la evaluación del Banco Mundial, da hasta frío ver cómo se manejó la política crediticia del otrora poderoso Banic.
Dice por ejemplo el famoso resumen —lo único que ha logrado ver la luz— que “hubo considerables deficiencias en el análisis, autorización y seguimiento de los créditos… estas deficiencias parecen ser sistemáticas en lugar de aisladas”.
En otra parte asegura que “algunos miembros de la Junta Directiva pasaron por encima de las recomendaciones de los oficiales de crédito. En resumen, la capacidad del deudor para pagar parece que no fue tomada en cuenta por el Banco”.
Y para no hacer largo el cuento, la evaluación asegura que en los expedientes “en los que existía la documentación, ésta era generalmente pobre en lo que se refiere al propósito del préstamo. De nuestro análisis se desprende que las deficiencias de los expedientes de préstamos, particularmente en lo que se refiere a los más grandes, fueron sistemáticas, en lugar de aisladas”.
Estos datos coinciden plenamente con las declaraciones de Ronald Lacayo, el banquero nicaragüense radicado en Miami que asumió la presidencia del Banic en representación del Hamilton Bank en enero de 1999. En octubre de ese año, y después de haber salido del Banic, Lacayo dijo desde Miami que al momento de tomar control del Banco se encontraron con 160 millones de córdobas en préstamos malos y 50 millones más en gastos excesivos y que cuando quiso cobrar los malos préstamos, fue bloqueado por el mismo Spencer, que siguió en la Junta Directiva hasta junio, cuando salió por presión del Banco Mundial, según Lacayo. Desde entonces, el Banic no levantó cabeza.
Con esto, y muchos casos más que han salido a luz que dejan muchas preguntas sin responder sobre la administración del Banic de esa época, don Esteban no debería estar preocupado por el sigilo bancario, sino más bien, como administrador de nuestros bienes, debería ser el primero en estar pidiéndole cuentas a esa administración y averiguando quiénes son los verdaderos beneficiarios de esos millones de córdobas en préstamos. Que como dijo Ronald Lacayo, se hicieron fantasmas. Pero como aquí todo es al revés…
El autor es periodista
