Carlos Alberto Montaner*
Dentro de pocas semanas los nicaragüenses vuelven a las urnas. La elección es a tres bandas —liberales, sandinistas y conservadores—, pero en realidad la disputa se reduce a dos partidos: liberales frente a sandinistas. Los conservadores, con una votación probable de menos de un diez por ciento de los electores, no son contendientes serios. Sin embargo, no es imposible que sus votos, sustraídos de la franja sociológica antisandinista, contribuyan a la victoria de Daniel Ortega en primera vuelta. Si tal catástrofe sucediera, Nicaragua, hoy el más pobre de los países de Centroamérica, volvería a ser gobernado por un revolucionario tercermundista, sacado de las catacumbas de la guerra fría, pariente cercano de Castro, Gadafi o del pintoresco Hugo Chávez. Personaje —Ortega— responsable, precisamente, de la miseria que sufren los nicas por las barbaridades cometidas en ese país entre 1979 y 1990 durante el gobierno sandinista, período en el que en nombre de la construcción del socialismo pulverizaron el frágil aparato productivo y cometieron toda clase de crímenes y atropellos.
Los conservadores, pues, están frente a un dilema moral de enorme trascendencia. Por una parte, se trata de un viejo partido en el que militan muchas gentes valiosas. Por otra, tienen sobradas razones para detestar al presidente Alemán. Le imputan diversas maniobras y artimañas legales exitosamente encaminadas a evitar la candidatura de José Antonio Alvarado, un popular ex colaborador de Alemán que hubiera podido arrastrar hacia el conservatismo muchos votos de liberales desencantados. Pero esos elementos, a pesar de tener un gran peso, tienen menos entidad que el otro: el costo de castigar a Alemán y a los liberales es demasiado alto. Golpearía a toda la ciudadanía nicaragüense y le haría un daño tremendo a un país que lo ha sufrido todo en las últimas décadas: la dictadura comunista, la guerra civil, inundaciones espantosas, y la frustración de ver cómo sus esperanzas en la democracia se estrellaban contra la labor de un gobierno que no impidió la corrupción de algunos funcionarios desaprensivos, aun cuando en él existían personas honradas y ministros intachables como —entre otros— Humberto Belli, Eduardo Montealegre o Pedro Joaquín Chamorro, ya alejados de sus responsabilidades.
En efecto, no todos los funcionarios del gobierno de Alemán fueron venales o corruptos. Enrique Bolaños y José Rizo, candidatos a presidente y vicepresidente de los liberales se han comportado honradamente. Eso lo reconocen hasta sus enemigos. Es verdad que los dos son funcionarios de altísimo rango en la administración actual, pero también es verdad que ambos han servido con honor y prudencia, y en ambos se advierte una clara sensación de vergüenza por los excesos y delitos cometidos por algunos de sus compañeros de partido y de gobierno. Los dos saben que, de ganar las elecciones, no sólo tienen que gobernar acertada y honestamente para todos los nicaragüenses, especialmente para la infinita masa de pobres, sino deben, también, barrer el estercolero dentro de las propias filas del partido y hacer lo que Alemán, desgraciadamente, no llevó a cabo: adoptar los procedimientos democráticos en las filas de la organización y terminar con el caudillismo, la arbitrariedad y la perniciosa idea de que la política es el camino corto hacia el enriquecimiento.
En 1957 los liberales y conservadores colombianos se pusieron de acuerdo en Sitges, España, para rescatar la democracia, entonces secuestrada dictatorialmente por Rojas Pinillas. Aunque los colombianos hoy critican severamente ese pacto —y seguramente fue un error cerrar el juego político a otras fuerzas—, lo cierto es que el país pudo recuperar sus libertades civiles. Poco tiempo más tarde, tras la tiranía de Pérez Jiménez liquidada en 1958, los líderes políticos venezolanos, reunidos en la finca «Punto Fijo», echaron las bases de cuatro décadas de libertad y democracia totales, gobiernos a veces competentes, a veces mediocres, y zigzagueante (pero ascendente) prosperidad, período que, pese a sus indudables defectos, ha sido el más brillante de toda la historia del país. Y otro ejemplo final: los blancos y colorados uruguayos, no obstante una centenaria historia de apasionada hostilidad, en las últimas elecciones fueron capaces de olvidar sus diferencias para cerrarle el paso a la devastadora izquierda tercermundista del Frente Amplio, una coalición en la que existe una grave propensión a la violencia y al desorden, que puede poner en peligro la convivencia civilizada que disfruta el país. Se impuso entre ellos el patriotismo y el instinto democrático. La mayor parte de los uruguayos, fueran blancos o colorados, no quería el triunfo de la coalición de izquierda, y los dos partidos tradicionales, sabiamente, obedecieron ese deseo.
Esa es exactamente la situación de Nicaragua. Los sandinistas tienen el apoyo de un treinta y cinco por ciento de los nicaragüenses, mientras la suma de los demócratas —liberales, conservadores y otras formaciones menores— seguramente excede el cincuenta por ciento del censo electoral. Pero como los demócratas están profundamente divididos, los sandinistas pueden volver al poder. Se impone, pues, un acto de sensatez y patriotismo para evitar esa catástrofe. ¿Es tan difícil, por el bien de Nicaragua, sentar en una mesa a los candidatos de la vertiente democrática para impedir el triunfo de los sandinistas y forjar un pacto duradero de gobernabilidad y adecentamiento de la vida pública? No hacerlo urgentemente sería una forma imperdonable de suicidio colectivo. [©FIRMAS PRESS]
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