Algunas personas opinan que las informaciones sobre las osamentas encontradas esta semana en terrenos de la Zona Franca industrial de Managua, que supuestamente pertenecen a presos políticos que fueron asesinados colectivamente en ese mismo lugar por sus carceleros, son para desacreditar políticamente al FSLN y debilitar la candidatura presidencial de Daniel Ortega.
En realidad, en política como en ninguna otra esfera de la vida nada ocurre por casualidad. Y es bien sabido que durante las campañas electorales de Nicaragua —lo mismo que en casi todas partes del mundo— se acostumbra sacar a luz pública cierta clase de documentos que son comprometedores para uno u otro candidato, así como difundir rumores o hacer revelaciones escandalosas tendientes a desacreditar a los adversarios, a pesar de que los mismos contendientes políticos suelen firmar convenios de respeto mutuo y la Ley Electoral establece rigurosas disposiciones sobre la ética de campaña.
Precisamente por eso es que durante las contiendas electorales la prensa independiente tiene que ser muy cuidadosa con las filtraciones y las informaciones que recibe, sobre todo las que tienen origen partidista y gubernamental, a fin de no caer en la trampa de los partidos ni hacerle el juego a ningún candidato de los que se disputan los codiciados cargos gubernamentales.
En todo caso, lo que determina la decisión de publicar informaciones como las de las osamentas encontradas en la Zona Franca de Managua, es el mismo criterio que se aplica para publicar cualquier otra noticia, o sea, la previa determinación de la veracidad de los hechos ocurridos o denunciados y el grado de importancia que tienen para la opinión pública nacional, y aún internacional.
En este caso de las osamentas, es un hecho definitivamente comprobado e incontrovertible que en las instalaciones de la Zona Franca industrial de Managua hubo durante el régimen sandinista que imperó en Nicaragua de julio de 1979 a abril de 1990, una enorme cárcel donde estuvieron recluidos muchos presos políticos, particularmente ex miembros de la Guardia Nacional. Y que allí ocurrió el 27 de junio de 1981 un motín de prisioneros que fue sofocado a balazos por efectivos armados del extinto Ministerio del Interior (MIN), tal como LA PRENSA lo ha informado esta semana de manera muy bien sustentada en documentos y testimonios históricos.
Ahora bien, si la información sobre las osamentas encontradas en la Zona Franca de Managua perjudican a un partido o benefician a otro, eso no es problema de los medios de prensa independientes cuya función y obligación es informar verazmente y sin ocultar nada al público por conveniencias o inconveniencias partidistas.
Por cierto que de acuerdo con las leyes nicaragüenses ya no podrían ser juzgados los culpables de la masacre de la Zona Franca y de otros crímenes que según diversas denuncias habrían ocurrido durante el régimen sandinista, así como de los crímenes que se cometieron durante la dictadura somocista. Todos ellos, identificados o no, fueron favorecidos por una amnistía general que se decretó el 13 marzo de 1990, después de que los sandinistas perdieron las elecciones del 25 de febrero, y por otra ley de amnistía general dictada bajo el gobierno de doña Violeta B. de Chamorro, el 9 de mayo de 1990.
Sin embargo, la organización de derechos humanos que está investigando las muertes de la Zona Franca ha advertido que esos crímenes son de lesa humanidad, que por lo tanto no prescriben ni pueden ser amnistiados y que los llevarán a instancias judiciales internacionales.
Es obvio que en algunos sectores de la sociedad nicaragüense las heridas que causaron los regímenes opresivos y las guerras civiles, siguen abiertas y sangran todavía. Que no cicatrizan a pesar de los avances del proceso de reconciliación nacional que se viene desarrollando desde 1990, y no obstante la convivencia política formal y de hecho entre sandinistas y algunos antiguos somocistas, que inclusive han pactado entre ellos para compartir los beneficios del poder.
Y es obvio también que las heridas seguirán sangrando en tanto sigan gobernando y pretendan volver a hacerlo aquellas personas que, por sus hechos del pasado, al menos moralmente están inhibidas para gobernar a los nicaragüenses de todos los colores políticos.
