Ramiro Sacasa Gurdián
La misión patriótica de gobernar es crear un legado social y económico para el progreso del pueblo, articulando una plataforma de gobierno nacional y no partidista o excluyente. Estamos frente a la coyuntura de seguir adelante con el progreso o el retroceso hacia las fórmulas obsoletas y fracasadas del pasado. El país necesita desarrollar una visión de largo plazo definiendo un plan que nos lleve sostenidamente hacia el futuro, estableciendo los límites y las facultades del poder y delineando las respuestas posibles para lograrlo. Debemos de iniciar el proceso de reinvención del gobierno escuchando “las voces” del pueblo, priorizando los planes de gobierno no sólo para atender las necesidades básicas de alimentación, salud, trabajo, educación, sino para innovar y trasformar literalmente la ejecución del Gobierno.
La tesis fundamental es que para mejorar el desempeño de los gobiernos actuales es necesario que los dirigentes sean más visionarios de su papel de servidores del pueblo, que escuchen y atiendan sus necesidades, respondiendo con transparencia cívica en el manejo de los recursos del pueblo. El país requiere elevar los estándares de la convivencia nacional con una ética social que deje atrás para siempre el aprovechamiento personal, el revanchismo político, el abuso y promueva el desarrollo de una sociedad libre y justa, o por lo menos decente.
En lo económico, se necesita integrar una política de prosperidad y desarrollo fortalecida por el liderazgo del sector privado para incentivar la evolución de la libre empresa, realizando un plan de inversión a largo plazo. Es necesario incentivar la integración económica regional, eliminando los conflictos fronterizos para ir más allá de la limitada visión de aislamiento, apoyada por un concepto retrógrado del nacionalismo. Esto permitirá planificar el crecimiento de las exportaciones en una forma progresiva y la sustitución de artículos tradicionales por otros rubros que generen mayores ingresos. Se requiere proyectar las necesidades del país basado en el crecimiento poblacional preparando a la nueva generación a los retos para defender nuestro legado ambiental, social y cultural.
En lo político, Nicaragua debe superar la época de los hombres “imprescindibles” que le han hecho tanto daño al país. Existe en ese sentido una crisis existencialista en los partidos políticos, unos por llegar al poder y otros por conservarlo, con un enfoque difuso y de corto plazo. Es necesario comenzar una revolución liberal de abajo hacia arriba: del poder ciudadano para reinventar el espíritu de gobierno. En ese sentido las prioridades políticas están inversas: el desafío no es ganar las elecciones sino vivir en democracia con un proceso electoral transparente, que refleje un pluralismo político y haya una libre participación ciudadana. Lo importante no es el derecho de disputar un cargo público, sino realizar un examen íntegro de la probidad de los candidatos y elevar los estándares para separar a los líderes justos, capaces e imparciales, de los oportunistas, demagogos o populistas que pudieran tener antecedentes criminales. Los puestos públicos deberán asignarse por capacidad y talento y no por clientelismo, sumisión o servilismo, consientes de que la dinámica del gobierno no puede sostenerse a base de ofrecimiento de puestos.
El círculo vicioso de la política nicaragüense se inicia por el canibalismo económico de determinados grupos, cuyo enriquecimiento inmediato ha sido más importante que cumplir con la voluntad popular que los eligió. La justicia se ha convertido en un juego de retórica donde lo legal ni siquiera coincide con lo justo. Como dice el refrán popular: “hecha la ley, hecha la trampa”. Ha llegado la hora que los funcionarios públicos que no cumplan con las exigencias de la transformación democrática del país y hagan un mal uso del erario sean expulsados de sus cargos y enjuiciados por las cortes judiciales con penalidades severas de acuerdo al tamaño de sus faltas.
Para iniciar el logro de este objetivo será necesario hacer pública la situación patrimonial del presidente y de los altos funcionarios de los tres poderes del Estado al entrar y ahora que están a punto de salir de sus cargos. Como decretó el “Libertador de las Américas” Simón Bolívar en 1824, “uno de los principales desastres en que se ha visto envuelta la República ha sido la escandalosa dilapidación de los fondos públicos y el único medio de extirpar radicalmente este desorden es dictar medidas fuertes y extraordinarias”. Una lección que aún no aprendemos, porque se comparte el aprovechamiento y se omiten las culpas.
El alma de la República no está aislada, tampoco inmóvil, está presente en la conciencia del pueblo. ¿Será posible el cambio? Que el pueblo decida.
* El autor es economista.
