En nuestra opinión editorial del 3 de marzo pasado dijimos lo siguiente: “Una comunicación telefónica entre el Presidente Arnoldo Alemán y el diputado Daniel Ortega, seguida posteriormente de una reunión entre el presidente y los representantes de los transportistas, puso fin al paro que se había iniciado el lunes de esta semana”. Y agregamos: “…al final de cuentas, ¿qué se logró? Hasta el momento lo único que se ha visto es una solución aparente del problema y una posposición real del mismo”. Y así ha sido.
Vemos ahora a los señores transportistas elevar abusiva, arbitraria e irresponsablemente la tarifa, a pesar que hace tres meses se comprometieron a respetar el precio del boleto existente a cambio de un “capital semilla” para mejorar el parque vehicular. El Gobierno, por su parte, se comprometió también a introducir un capítulo de incentivos en una iniciativa de ley para regular el transporte que se encuentra en la Asamblea Nacional desde el año pasado y que aún no ha sido aprobada.
El Ministro de Transporte, ingeniero Edgard Bohórquez, afirma que el “capital semilla” hasta por 13 millones de córdobas le fue entregado por el Gobierno a los transportistas la semana pasada, y a pesar de eso incrementaron ilegalmente la tarifa que se habían comprometido a respetar. Mientras tanto, los usuarios del transporte colectivo siguen siendo las víctimas del trato abusivo de un grupo de seudo empresarios que a falta de competencia disfrutan de los jugosos beneficios del negocio del transporte colectivo de la ciudad capital. Entre esos seudo empresarios se destacan los señores Andrés Lara y Rafael Quinto, quienes, como aparente premio por maltratar a los usuarios, han sido incluidos en la lista de candidatos a diputados por el Frente Sandinista.
Esta vez el problema ha adquirido un inevitable cariz político en virtud de estar a escasos 5 meses de las elecciones generales del 4 de noviembre. El Gobierno Central alega que de acuerdo a Ley 290 de Organización del Estado, le corresponde a la Alcaldía de Managua hacer respetar el precio autorizado. La Alcaldía, por su lado, insiste en que esa misma ley establece que la responsabilidad es del Gobierno Central. Si ambas partes no se ponen de acuerdo, le corresponderá a la Asamblea Nacional hacer una interpretación auténtica de la ley para ver quién tiene la razón legal.
Mientras tanto, la población y la economía sufren, y es obvio que este grave problema se ha convertido en un juego político. Tanto el Partido Liberal como el Frente Sandinista saben muy bien que lo que está en juego aquí son los votos de los usuarios del transporte colectivo capitalino, y ambos partidos, por consiguiente, aspiran a sacar réditos políticos de este conflicto. El Frente Sandinista está interesado en que se culpe al Gobierno por el alza del precio, y el gobierno está interesado en que se culpe al Frente Sandinista. Ambos creen que, dependiendo de la parte a la que finalmente le eche la culpa la población, así será el premio o el castigo en las elecciones de noviembre. Lo que por lo visto no han tomado en cuenta ni el PLC ni el FSLN es que bien pudiera ser que ambos salgan castigados al final de cuentas.
Mientras esperamos el desenlace final de este cruel juego político, repetiremos algo que dijimos editorialmente el 3 de marzo pasado: “Ahora que se ha anunciado la elaboración de una nueva ley general del transporte terrestre, existe la oportunidad de resolver el problema a fondo y de manera permanente. Pero esa solución tiene que pasar, necesariamente, por la introducción del elemento competencia. Si la utilidad que logran los buseros no se hace dependiente de la calidad del servicio que prestan, continuaremos en el mismo problema, y quienes hacen uso del transporte colectivo tendrán que seguir aguantando las ofensas, los atropellos y las humillaciones de los conductores y sus asistentes”.
No hay otra solución real. Debe haber una ley que permita la competencia. Actualmente no la hay, y por eso es que los usuarios sufren, y los seudo empresarios del transporte se enriquecen.
