Sergio J. Cuarezma Terá[email protected]
El Estado de Derecho, como uno de los principios que con valor superior establece la Constitución dentro de la amplia perspectiva del Estado Democrático y Social de Derecho, fija un conjunto de preceptos que sujetan a las personas y a los poderes públicos a la Constitución y a las leyes. Establece y garantiza un sistema de derechos sociales, económicos, políticos y de libertades públicas, bajo la primacía de la dignidad humana. Asume la tarea de transformar la sociedad, buscando corregir, conforme a Derecho, las desigualdades de toda naturaleza.
Las prestaciones vitales a que está obligado el Estado frente a la comunidad son instrumentadas en gran medida por la Administración pública, que se convierte así en una de las más importantes organizaciones de cuantas actúan en el ámbito del ordenamiento estatal.
La manera de desarrollar estas previsiones vitales es amplia y abierta, y está determinada por la variabilidad misma de las actividades que deben ser satisfechas. Ello condiciona también la elección de los sectores de actuación que serán objeto de dichas prestaciones -educación, salud, trabajo, cultura, seguridad social, seguridad personal, familia, industria-, así como su intensidad. Esa amplitud del concepto de prestaciones exige que la administración se modernice y se adapte a las características del sector elegido para actuar.
En la sociedad nicaragüense existe un elevado nivel de expectativas en torno a la actividad de los poderes públicos. Sin desconocer el papel positivo que ha jugado el sistema político en la transformación de la sociedad nicaragüense, en el curso de su evolución se han generado algunas disfunciones que le impiden acompañar y sostener las transformaciones que son una exigencia perentoria; impidiendo la plena realización de las garantías sociales, económicas, políticas e individuales contempladas en la Constitución.
La Administración pública concebida como el instrumento de ejecución de las políticas públicas del Estado, reproduce en su estructura y procesos, en su comportamiento, valores y relación con la sociedad, los desajustes del sistema político y su pérdida de dinamismo y fragilidad en su capacidad para dar adecuadas respuestas a las crecientes y heterogéneas demandas emanadas de la sociedad. Se evidencia así una marcada debilidad para impulsar el proceso de transformaciones requerido y atender debidamente a la persona en los aspectos que la Ley pone a su cargo.
Existe una tendencia en la administración a agotarse en sí misma, en sus problemas internos, aplicando poco esfuerzo al desarrollo del servicio propiamente dicho. De allí que sus relaciones con la persona sean insatisfactorias. Se ha perdido la noción de que el servicio de la persona constituye el propósito y fin de la actividad administrativa. De tal forma, que debe de impulsarse una política promotora de actividades, estímulos o incentivos a las iniciativas privadas o públicas, para evitar en lo posible una tendencia restrictiva y prohibitiva, la cual se expresa en exigencias irracionales en materia de permisos y tramitaciones y en la falta de oportuna respuesta a las peticiones de los administrados. Todo ello, fortalecería la seguridad jurídica de las personas en las relaciones con la Administración de los órganos del Estado y, por supuesto, del desarrollo y configuración de la comunidad hacia el progreso.
La administración nicaragüense debe fortalecer su proceso de descentralización. Sin duda, no es sencillo superar la cultura y efectos de una administración legada excesivamente centralizada. La centralización hace a cualquier administración rígida, lenta, alejada de la persona, carente de sensibilidad para detectar las necesidades de la población y de capacidad de respuesta oportuna frente a los problemas locales.
