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Todo proceso electoral conlleva a un natural escepticismo en muchos ámbitos, pero principalmente en el económico. En Nicaragua la situación del país es asfixiante, los precios de los productos básicos suben constantemente, el combustible de aquí es uno de los más caros de Centroamérica, los servicios como el agua potable, energía eléctrica y teléfono han aumentado.
Nicaragua ha estado sometida a un fuerte lastre de corrupción estatal en los últimos años. También pagó un costo político y económico muy alto por el proceso de transición después de 1990.
Ahora nuevamente el fantasma de un gobierno sandinista pone inquietos a muchos sectores de la vida nacional y a inversionistas extranjeros. Uno debe estar claro de las habilidades técnicas, políticas, profesionales y conspirativas de los sandinistas, que se suman a este temor.
Mientras los asalariados cada día tienen menos poder adquisitivo, que una vez obtenido su salario salen a cancelar deudas y quedan con un déficit, el circulante se constriñe más y los empresarios nacionales y extranjeros se vuelven cautelosos. Esto está estrangulando económicamente al país. Paralelo a esto, en diversos sectores la gente se pregunta: ¿Y si ganan lo sandinistas, qué pasará económicamente?
Seguramente un gobierno de izquierda se pondría a tono con los organismos financieros internacionales, porque es con ellos el negocio, no así con la población y con la inversión nacional y extranjera. Cabe recordar que los sandinistas ya no son aquellos guerrilleros ignorantes y desarrapados que salieron de las montañas o las cárceles a dirigir Nicaragua. Ahora son fuertes empresarios que también entrarán a competir en nuevas condiciones económicas, políticas, sociales y jurídicas.
Debemos valorar muy bien a quién le daremos el voto en las próximas elecciones en Nicaragua. Debemos ser prudentes si pretendemos desarrollar al país sobre la base de la cultura de respeto irrestricto al orden jurídico establecido. Cuando un país se acostumbra a no respetar las leyes, cambia la escala de valores de la sociedad y se violentan las normas de conducta más elementales que harían posible la confianza y seguridad entre los ciudadanos y los gobernantes.
Esto trae consigo espacios para la corrupción, la competencia desleal, el tráfico de influencias, diferentes formas de delincuencia y otros males sociales que inciden en el desarrollo de la nación.
Los niveles de seguridad jurídica aún no son compatibles con los desafíos que tiene el país dentro de los nuevos parámetros que exige el contexto internacional y la dinámica interna. La frágil democracia que tenemos hace que se anide un sistema político poco maduro y abusivo.
Pensemos que Nicaragua necesita reglas claras que respondan a una necesidad y visión de país, que haya una correcta administración de justicia, índices aceptables de seguridad ciudadana que alienten la inversión nacional y extranjera, y un gobierno comprometido no sólo con la lucha contra la corrupción, sino con planes específicos de desarrollo para el bien común y fortalecimiento de la economía y de los niveles de vida de los nicaragüenses.
