Todavía no se han inscrito ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) pero es un hecho que los tres candidatos presidenciales para las elecciones de noviembre serán Enrique Bolaños Geyer, por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Daniel Ortega Saavedra por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y Noel Vidaurre Argüello por el Partido Conservador (PC).
Los requisitos legales para ser candidatos presidenciales están determinados en la Constitución (Artículo 147) y sin dudas que los tres personajes mencionados los reúnen. Pero, ¿llenan también los requisitos éticos que debe tener quien aspira a ejercer la primera magistratura, a representar a la nación ante el mundo, a administrar los recursos del país y velar por los derechos individuales, las libertades públicas, el bienestar y la seguridad de todos los nicaragüenses?
Como se sabe, en cualquier parte del mundo democrático y civilizado, quienes gobiernan un país no sólo deben llenar requisitos legales sino también condiciones de honradez e integridad personal, capacidad política y profesional, firmeza de carácter y estabilidad emocional.
En lo que se refiere al candidato liberal Enrique Bolaños, no hay duda de que reúne los requisitos morales para ser Presidente de la República. Lo único que objetan a Bolaños los opositores al gobierno y personas independientes, es que cuando fue vicepresidente de la República habría avalado con su silencio la corrupción que se le imputa a la Administración Alemán. Pero eso es un juicio de valor político, la verdad es que nadie puede poner en duda la honorabilidad personal de Bolaños.
Con respecto al candidato conservador Noel Vidaurre, tampoco hay objeciones a su idoneidad personal. La única acusación contra Vidaurre es la que le hizo el ex viceministro de la Presidencia, Antonio Ibarra, de que cuando era viceministro en el gobierno de doña Violeta B. de Chamorro supuestamente aprovechaba el cargo para favorecer un negocio particular de importación de pollos. Pero la acusación era infundada, una venganza política de Antonio Ibarra porque Vidaurre lo denunció públicamente como funcionario corrupto, en 1991.
El único de los tres candidatos presidenciales que tiene sombras en su currículo personal es Daniel Ortega Saavedra, del FSLN. Precisamente en los últimos días los medios de información se han ocupado nuevamente del caso de la lujosa mansión que Daniel Ortega y su familia ocupan desde 1979, y cuyo antiguo propietario —Jaime Morales Carazo, asesor personal y padrino del Presidente Arnoldo Alemán— reclama que se la devuelvan o se la paguen. Y también de nuevo ha salido a superficie el caso de la acusación de Zoila América Narváez en contra de Daniel Ortega Saavedra, porque supuestamente éste la abusaba sexualmente desde que ella tenía 9 años de edad.
Es obvio que el replanteamiento público de ambos casos fue motivado por intereses políticos y electorales de alguno de los competidores de Ortega y el FSLN. Pero el hecho es que no son inventos, son realidades de interés público que no se deben ocultar y que el candidato sandinista debería afrontar, aclarar y resolver.
Como sabido, la acusación que Zoila América Narváez presentó ante los tribunales de justicia está paralizada en la Asamblea Nacional, porque el acusado goza de inmunidad y la Junta Directiva del Parlamento no ha querido tramitar su desafuero a fin de que el caso se ventile judicialmente. Pero si Ortega es inocente de los cargos que le imputa su propia hijastra, debería renunciar a su inmunidad y demostrar su inocencia en los tribunales de justicia.
Por otro lado, Daniel Ortega Saavedra ha justificado su permanencia en la propiedad de Jaime Morales Carazo con argumentos políticos y se ha amparado en un decreto de confiscación del gobierno sandinista, arbitrario e injusto. Pero lo que debería hacer es resolver el problema de mutuo acuerdo con el señor Morales Carazo.
No es para cualquier cosa que se está postulando Daniel Ortega sino para regir los destinos de toda una nación, para administrar los intereses y cuidar las libertades y los derechos de todos los nicaragüenses. Y mientras no resuelva justamente su problema de propiedad ni esclarezca la grave acusación de la hija de su esposa, puede estar adelante en las encuestas formales pero seguirá estando muy atrás en el rango de idoneidad política y personal.
