Freddy Potoyfreddy.potoy@la prensa.com.ni
La cuenta regresiva para que termine la administración del Presidente Arnoldo Alemán avanza aceleradamente, mientras los nombramientos del Fiscal General y del Fiscal Adjunto no se hacen efectivos, a pesar que la Ley del Ministerio Público ya fue aprobada.
En algunos momentos se planteó, no oficialmente, la posibilidad de nombrar Fiscal General al actual Procurador General de Justicia, doctor Julio Centeno Gómez y como Fiscal adjunto a la diputada sandinista María Lourdes Bolaños. Sin embargo, el tema de los nombramientos de ambas autoridades ha quedado en silencio y al parecer no quieren alterar el ambiente político con este asunto.
El problema es que esta marcada discrecionalidad tanto de los sandinistas como de los liberales de no nombrar a ambos fiscales, atenta contra la ley y los intereses de la nación. Entonces, esto evidencia un claro interés de ambas fuerzas políticas por analizar muy bien quiénes serán los fiscales que no les harán daño en el futuro. No quieren a un Kenneth Starr, por lo que están barajando a sus títeres.
No me extrañaría que este retardo se deba a que el Presidente y compañía, en aras de no ser llevados al banquillo de los acusados, pretenden colocar a personas de su propia sangre en este puesto, con la “venia” de su opositor Daniel Ortega.
Esto hace suponer que ni el PLC ni el FSLN nombrarán a fiscales independientes que luego los manden a las cárceles, ya sea por delitos comunes o por actos de corrupción.
El pacto libero-sandinista ha conllevado a muchos actos de personas naturales, jurídicas y políticas, que ameritan ser investigados con rigurosidad y aplicarles todo el imperio de la ley.
El tema de la Fiscalía, visto de esta forma, cerraría el círculo de la impunidad para quienes tienen el poder. Las razones son las siguientes: Un Fiscal General obediente, un Sistema Judicial con magistrados y jueces partidistas, una Contraloría sometida a la bota del Ejecutivo y un futuro Jefe de la Policía del agrado del Presidente Alemán y del FSLN, son justo los elementos necesarios para quienes pretenden disfrutar de la libertad y no rendir cuentas.
Nicaragua tiene una gran responsabilidad frente a la institucionalidad y la correcta administración de justicia. Si las cosas no se hacen adecuadamente, el país estará hipotecado a la impunidad y a la inseguridad jurídica.
Y mientras los políticos barajan los nombres de los fiscales que no les harán daño, el narcotráfico hace lo suyo en Nicaragua, las manifestaciones de lavado de activo parece que se están anidando en el país, la criminalidad crece, los corruptos amasan lo que han obtenido ilícitamente y el sistema de justicia se desquebraja.
Otro punto neurálgico para sandinistas y liberales es la aprobación definitiva del nuevo Código Penal que incorpora figuras jurídicas que mandarían a la cárcel a muchos personajes señalados de actos de corrupción. Este instrumento jurídico lo tienen engavetado y no quieren discutirlo antes de las elecciones.
