En sentido estrictamente democrático, lo mejor sería que en las próximas elecciones compitan todos los partidos que tienen suficiente representatividad y respaldo ciudadano, y que la gente elija con toda libertad, entre diversas ofertas, al siguiente Presidente de la República y a los nuevos diputados. En un país verdaderamente democrático deben competir en las justas electorales todos los partidos que representan la diversidad política e ideológica de la sociedad y reúnen los requisitos legales, los cuales deben ser para facilitar la participación ciudadana, no para impedirla.
Todo lo forzado es desagradable, sentenció Aristóteles hace 2,200 años. Pero más que desagradable es insano —porque va contra la naturaleza humana— obligar a todas las personas que necesariamente tienen ideas políticas distintas de derecha, de izquierda o intermedias, a votar por uno o dos partidos únicos. La verdad es que así como la economía requiere, en una sociedad democrática, que haya igualdad de oportunidades, libre iniciativa empresarial y libertad de las personas para escoger lo más conveniente entre las diversas ofertas de bienes y servicios, también en lo político la democracia necesita que los ciudadanos tengan libertad de opinar por el partido que quieran, o por ninguno, y de elegir a los candidatos que mejor les parezcan.
Por eso es que hemos dicho que el pacto y la reforma constitucional y electoral libero-sandinista son esencialmente antidemocráticos, puesto que cierran o restringen el derecho de participación electoral a todos los partidos que no sean el PLC y FSLN. Y además es un pacto perverso, porque atenta contra la tendencia natural de la persona humana a buscar lo mejor y a escoger lo que más le gusta entre las diversas opciones y oportunidades.
La implementación de ese pacto perverso ha colocado ante una angustiosa encrucijada, a la ciudadanía democrática que adversa al gobierno liberal por su autoritarismo y corrupción, pero no quiere que el sandinismo regrese al poder por temor a la restauración del totalitarismo revolucionario.
El FSLN es un partido legalmente constituido, cuenta con el respaldo de 618 mil electores (según los resultados de las elecciones municipales de noviembre pasado) y tiene una fuerte representación en la Asamblea Nacional que le permite cogobernar con el PLC en algunos ámbitos del poder. El FSLN tiene derecho de optar al triunfo electoral y la posibilidad de que gane no debería provocar miedo a nadie. Sin embargo, entre amplios sectores de la población existe y aumenta el temor a que si el FSLN ganara los próximos comicios presidenciales, volvería a atropellar los derechos individuales y las libertades económicas, sociales y políticas de quienes disienten de la ideología, la política y los métodos sandinistas.
Los temores son comprensibles si consideramos, por ejemplo, que el candidato presidencial sandinista, Daniel Ortega Saavedra, declaró (el 30 de enero recién pasado) que si él gana las elecciones habría en Nicaragua una “revolución cívica”, “una “transformación institucional radical”.
Por su parte, el ex ministro del Interior durante el régimen sandinista, Tomás Borge Martínez, con frecuencia hace declaraciones que inducen a temer a que si el FSLN ganara las elecciones, de alguna manera restablecería el sistema de espionaje y represión que tenían el antiguo MINT y la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE). Además, antiguos activistas sandinistas en barrios y comunidades hablan de “ajustar cuentas” a sus adversarios, cuando recuperen el poder.
En el caso de la prensa libre —que ya bajo la actual administración “liberal” ha sufrido intimidaciones gubernamentales e inclusive la aprobación de una ley de colegiación de periodistas que restringe la libertad de información—, hay razones para temer que un nuevo gobierno sandinista podría restablecer la censura y la represión directa contra los periodistas democráticos e independientes, como lo hizo en los años ochenta de la década antepasada.
El pacto perverso Alemán-Ortega ha puesto a Nicaragua ante una angustiosa encrucijada. Ojalá que los partidos políticos democráticos, incluyendo a los sectores honestos del liberalismo, sean capaces de ofrecer una buena alternativa a los ciudadanos, y que éstos, en el momento decisivo, tengan el buen tino de escoger lo que más le conviene a la nación, que es el camino de la libertad y de la ampliación de la democracia.