- Si todos los políticos norteamericanos que se han beneficiado, directa o indirectamente, de los indocumentados fueran obligados a dejar su puesto, no quedaría ni uno -¡ni uno solo!- en todo el país
Jorge Ramos [email protected]
MIAMI. Todos, absolutamente todos, nos beneficiamos del trabajo de los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Sin embargo, en este país hay muchísima hipocresía respecto a los millones de inmigrantes que trabajan sin papeles: los critican pero los usan; los denuncian públicamente pero los explotan en privado; gritan que no deberían estar aquí pero no podrían vivir sin ellos.
El tema resurge cada vez que hay un escándalo político. El último fue el que involucró a Linda Chávez, la primera nominada por George W. Bush para ser secretaria del Trabajo. Como todos sabemos, la nominación de Chávez se descarriló cuando se descubrió que ella le había ayudado (y pagado) a una guatemalteca indocumentada a principios de los años 90. Un incidente similar le costó el puesto de procuradora en la administración Clinton a Zoe Bird.
Pero lo más frustrante de todo esto es que después que explotaron los escándalos no se hizo nada para solucionar, de una vez y por todas, las enormes contradicciones de las leyes migratorias. En Estados Unidos es ilegal contratar a un trabajador indocumentado. Sin embargo, la realidad es que todos los 281 millones de norteamericanos contratan, directa o indirectamente, a estos inmigrantes.
Algunos los emplean a pesar de sospechar o de conocer que no tienen sus documentos migratorios en orden. Ese es el caso de jardineros, niñeras, trabajadores de fábricas y campos de cosecha… Otros, sencillamente, se benefician de su trabajo sin saberlo.
¿Quién puede levantar la mano en Estados Unidos y decir que no se ha beneficiado del trabajo de un indocumentado? Nadie. Nadie puede decir eso.
Cada vez que comemos frutas o verduras cosechadas por campesinos indocumentados, nos beneficiamos. Cada vez que vamos a un hotel donde algunos de sus empleados son indocumentados, nos beneficiamos. Cada vez que vamos a un restaurante cuyos meseros o cocineros son indocumentados, nos beneficiamos. Cada vez que compramos o rentamos una casa construida por albañiles indocumentados, nos beneficiamos. Cada vez que transitamos por una calle o carretera hecha por indocumentados, nos beneficiamos. Cada vez…
En Estados Unidos viven alrededor de seis millones de inmigrantes indocumentados –el nuevo censo nos dará un cálculo más real- y gracias a ellos la economía de este país es una de las más productivas del mundo. Los inmigrantes -legales e indocumentados-, han contribuido enormemente a la prosperidad económica norteamericana. Hacen los trabajos que nadie más quiere hacer –son realmente indispensables en el campo y el sector servicios-, mantienen baja la inflación, pagan impuestos, crean nuevos empleos y contribuyen 10 mil millones de dólares anuales a la economía de Estados Unidos (según cifras de la Academia de Ciencias).
Entonces, si los indocumentados son tan útiles y necesarios en este país ¿por qué se les ataca tanto? ¿por qué no se les protege y se les da una amnistía? Bueno, para decirlo llanamente, por prejuicios raciales, etnocentrismo e ignorancia.
En Estados Unidos no hay plena conciencia del problema de los inmigrantes indocumentados. Pocos saben lo valioso que son. Y, por el contrario, muchas veces se les utiliza como chivos expiatorios.
Lo que urge es una amnistía general para estos seis millones de inmigrantes, para que se dejen de esconder, para que no vivan perseguidos. Lo que se requiere es una amnistía como la que normalizó la situación migratoria de tres millones de personas en 1986. Si el nuevo gobierno de Bush quiere ser “compasivo” con los más desamparados, pobres y desprotegidos de Estados Unidos (como propuso en su campaña electoral), tendría que promover y aprobar una nueva amnistía.
Pero eso, lo reconozco, no solucionaría el problema a largo plazo. Cada año entran ilegalmente y se quedan a vivir en Estados Unidos cerca de 300 mil inmigrantes. Esa corriente hacia el norte es imparable mientras sobren trabajos aquí y falten en América Latina. La migración indocumentada, más que un problema legal, es un problema económico.
Entonces sería preciso negociar un acuerdo migratorio entre los principales países expulsores de emigrantes en América Latina con los Estados Unidos. México es el principal expulsor de personas hacia el norte; uno de cada seis mexicanos vive en Estados Unidos, es decir, unos 20 millones.
Y lo más cerca a un acuerdo migratorio es la propuesta de un programa de trabajadores visitantes que recientemente discutieron los senadores republicanos, Phil Gramm y Pete Domenici, con el Presidente de México, Vicente Fox, y varios miembros de su gabinete. Ojalá Bush y Fox logren amarrar algo.
Las actuales leyes migratorias en Estados Unidos promueven la hipocresía, generan violencia en la frontera, favorecen los abusos, pasan injustamente las responsabilidades del Servicio de Inmigración a los ciudadanos, no detienen el flujo migratorio hacia el norte ni ayudan a plantear una solución definitiva a largo plazo. Urge modificarlas y modernizarlas para el nuevo milenio.
Si todos los políticos norteamericanos que se han beneficiado, directa o indirectamente, de los indocumentados fueran obligados a dejar su puesto, no quedaría ni uno -¡ni uno solo!- en todo el país.