La Conferencia Episcopal de Nicaragua dio a conocer el martes 21 de noviembre, en La Cartuja, Matagalpa, un comunicado sobre los graves problemas que agobian actualmente a la sociedad nicaragüense.
En su comunicado los obispos ponen un particular énfasis “a la crisis bancaria que atraviesa el país”, la que, a juicio de los ilustres prelados, es “el reflejo de un mal moral en lo interno de la sociedad” y un “producto de la codicia y egoísmo de quienes ven a Nicaragua como un botín. Codicia que ha venido desde los robos efectuados por algunos funcionarios durante los gobiernos somocista, sandinista e incluso los dos gobiernos democráticos que últimamente hemos tenido”. Y condenan los obispos, en su comunicado, la degradación moral que se manifiesta en “la ola de asaltos a instituciones bancarias y empresas privadas de servicios”, y en “los asaltos llevados a cabo por aquellos que sin fusil en la mano, pero con guantes de seda, roban del erario nacional lo que le pertenece al pueblo de Nicaragua”.
El comunicado de la Conferencia Episcopal es singularmente enérgico, a la vez que oportuno, o sea que se produce en el momento en que la sociedad está necesitando escuchar la voz profética y moral de la Iglesia, para levantar el ánimo de los muchos creyentes católicos que han visto con preocupación que hasta ahora sus pastores sólo habían condenado la corrupción de los gobiernos anteriores, pero no la de la actual Administración, y que por eso algunos funcionarios a quienes se señala insistentemente como los más corruptos se han ufanado de contar con alguna forma de protección eclesial.
La verdad es que como regla general los funcionarios gubernamentales autoritarios y corruptos de cualquier parte del mundo y a lo largo de todos los períodos de la historia, siempre han tratado de ganarse el favor de las autoridades religiosas. A eso se refería Napoleón Bonaparte al señalar con su desenfadada ingeniosidad política que “hay que ser dueños de los sacerdotes, hay que retenerlos por el interés, es necesario que sean pagados por el Estado”.
Bonaparte partía del hecho de que las iglesias necesitan, como cualquier otra entidad o asociación, infraestructuras y recursos humanos cuyo sostenimiento requiere de los correspondientes medios financieros, los que obviamente sólo se pueden conseguir mediante las contribuciones de los fieles y con la prestación de determinados servicios públicos, o recibiendo subsidios estatales ya sea en forma directa o indirecta.
Ahora bien, en su comunicado de La Cartuja la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha dejado claramente establecida su independencia en relación con los poderes gobernantes, al criticar la corrupción que hay en el gobierno actual con la misma severidad con que ha criticado la corrupción de los gobiernos anteriores, y así como denuncia la inmoralidad que impera en la sociedad en términos generales.
En el comunicado de La Cartuja se advierte un claro mensaje de la Conferencia Episcopal, dirigido a todos los católicos de Nicaragua que observan con angustia el crecimiento de la corrupción, el imperio de la impunidad, de la pobreza material y espiritual y de la injusticia judicial y social. A nuestro juicio, los obispos alientan a los creyentes católicos a confiar en que sus pastores religiosos van a seguir encabezando moralmente el esfuerzo ciudadano que es necesario hacer para “recuperar y fortalecer la virtud de la solidaridad” y para “estar de pie como personas, como instituciones y como nación”.
Los políticos de gobierno o de oposición deberían tomar muy en serio la advertencia de los obispos de que “el pecado del robo no se perdona mientras no se haya restituido lo que se ha robado”, o sea que el corrupto no se libera de sus culpas con donaciones ni con su presencia en los templos para aparentar religiosidad. Y deben considerar también que los obispos están advirtiendo que no apañarán a gobernantes y funcionarios corruptos de ninguna tendencia política, sino que la Iglesia Católica apoyará a los políticos íntegros, a los empresarios solidarios y los trabajadores honrados, en cuyos hombros recae la reconstrucción económica, política, cultural y moral de la sociedad nicaragüense.