Quejas contra tarifa de agua

En residencial Ciudad El Doral cuelgan carteles en las paredes de las casas que muestran la inconformidad de los habitantes por la nueva tarifa de agua que se cobrará.

Negocio en alza de tarifa eléctrica

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, aclaró en un programa matutino de televisión que no es el Estado el que paga el subsidio a los consumidores de energía eléctrica más pobres del país, sino los usuarios que no son subsidiados. Además, el líder empresarial explicó que de todas maneras los mismos consumidores subsidiados pagan indirectamente el alza en la tarifa del servicio eléctrico, porque esta impacta necesariamente en los costos de toda la actividad productiva y general del país.

Diputados piden explicación al INE

Cuatro diputados de la Bancada Democrática Nicaragüense solicitaron ante la junta directiva de la Asamblea Nacional, la comparecencia del presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense Energía, ingeniero David Castillo, para que explique los fundamentos jurídicos y técnicos del reciente incremento del 7.78 por ciento de la tarifa de energía eléctrica en Nicaragua.

Tarifa de energía podría aumentar

El presidente del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), David Castillo, informó que a más tardar en este mes se comunicará a la población el nuevo ajuste a la tarifa de energía, justificado por el déficit de la tarifa respecto al costo de generación.

Bajan el pasaje al estudiante del CNU

A partir del 1 de diciembre el pasaje del transporte interurbano bajará en diez por ciento para los universitarios de las casas de estudios adscritas al Consejo Nacional de Universidades (CNU).

Regulación de tarifa

Un aspecto fundamental de la regulación es la concepción y la aplicación de tarifas económicas y eficaces que induzcan al operador regulado a conseguir las metas de carácter corporativo y las de orden social que se imponen mediante los títulos habilitantes. La reglamentación aún cuando es totalmente necesaria, supone una carga para la economía, ya que la fiscalización del cumplimiento de la ley y su observancia se traducen en costos directos para los operadores y pueden afectar también indirectamente a los consumidores, al reducir sus posibilidades de elección entre los diferentes operadores y/o servicios.

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