Ing. Hjalmar Ruiz Tückler
Un aspecto fundamental de la regulación es la concepción y la aplicación de tarifas económicas y eficaces que induzcan al operador regulado a conseguir las metas de carácter corporativo y las de orden social que se imponen mediante los títulos habilitantes. La reglamentación aún cuando es totalmente necesaria, supone una carga para la economía, ya que la fiscalización del cumplimiento de la ley y su observancia se traducen en costos directos para los operadores y pueden afectar también indirectamente a los consumidores, al reducir sus posibilidades de elección entre los diferentes operadores y/o servicios.
Una consideración práctica a la hora de idear modalidades de reglamentación de precios sería que la consecución de los objetivos del regulador no dé lugar a trabas innecesarias, ya que ello permitiría que los beneficios de la reglamentación de precios justifiquen como mínimo sus costos.
En la práctica, la reglamentación de precios de telecomunicaciones suele prestarse a controversias, ya que es frecuente que los tres fines más importantes del regulador: el financiero, el de eficiencia y el de equidad, entren en conflicto.
No todos estos objetivos revisten la misma importancia para los particulares y operadores de un país, lo que obliga a menudo a los reguladores a establecer compromisos entre esos objetivos al implementar sus normas. Lo anterior lleva a las instituciones reguladoras a fijar como prioridad objetivos de equidad, que obligan a los operadores a tomar un gran número de decisiones en materia de precios y tarifas y que guardan normalmente relación con una distribución equitativa del bienestar entre los miembros de una sociedad.
La primera forma de equidad es entre operadores y consumidores, que está vinculada con la distribución de ventajas entre los consumidores y el operador regulado. Por ejemplo, muchos no considerarían equitativo que se permita a los operadores monopólicos obtener beneficios excesivos durante un largo periodo, sin mejorar o ampliar al mismo tiempo sus servicios. No obstante, hay que señalar que muchos reguladores se proponen garantizar que las economías resultantes de las innovaciones y mejoras tecnológicas sean compartidas equitativamente entre operadores y consumidores.
La reglamentación de topes de precios incluye un mecanismo encaminado a garantizar que los consumidores compartan las ventajas derivadas del incremento de productividad que hace posible el progreso tecnológico. Y desde luego la equidad entre consumidores, que consiste en la distribución de las ventajas entre diferentes clases de consumidores de telecomunicaciones, a través de tarifas preferenciales y subsidios directos por parte del Estado.
(*)Consultor
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