Las reformas al Seguro Social en perspectiva

El funcionamiento del Programa IVM del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) es simple: con el aporte del 11 por ciento que se cobra sobre la nómina salarial de los cotizantes se debe pagar las pensiones de los trabajadores que se han retirado, las de los inválidos, las de las viudas y los descendientes de los que han fallecido, así como los gastos administrativos.

Funes veta reformas a ley de Información pública

El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, vetó hoy unas reformas hechas por el Congreso a una denominada ley de Acceso a la Información Pública, al considerar que las mismas son «un retroceso» ante «los avances» logrados en el país en ese derecho.

Cosep cambiará sus estatutos

El Consejo Superior de la Empresa Privada impulsará una reforma de sus estatutos para incorporar a más cámaras de empresas, pero con un estatus diferente a las 19 que actualmente están agremiadas.

Rechazan reformas al INSS

La Red de Adultos Mayores de Nicaragua (Reamn), que aglutina a diferentes asociaciones de jubilados y pensionados del país, se pronunció en contra de aumentar la edad de jubilación y con ello el número de cotizaciones como lo propuso el Gobierno en la reforma a la Ley del Seguro Social.

Consulta en anillo cercano al Gobierno

Las reformas a la Ley de Seguridad Social serán discutidas entre los sindicatos, los empresarios y el Gobierno, en una réplica de lo ocurrido con la Ley de Concertación Tributaria, según confirmó el jefe de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Edwin Castro.

Panamá: Aprueban restablecer ley del Parlacen

La legislatura panameña aprobó restablecer la ley del tratado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) para el reingreso de este país a un foro regional cuestionado en el pasado reciente por el presidente Ricardo Martinelli.

Honduras aprueba reforma que permite enjuiciar a presidentes

El Parlamento hondureño aprobó una reforma constitucional para instaurar el juicio político que permite enjuiciar y destituir a funcionarios del más alto rango, incluido el presidente, cuando exista una denuncia grave en el desempeño de su cargo.

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