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Existen situaciones particulares donde el Estado debe activar su función legislativa para regular la vida de los ciudadanos atendiendo criterios de objetividad, pertinencia y necesidad. En tal virtud, el flagelo de la violencia contra las mujeres hizo posible y pertinente la promulgación de la Ley 779, llamada Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres y de reformas al Código Penal, sin embargo persiste la polémica si efectivamente la ley perturba disposiciones constitucionales, en concreto contra dos principios universales: el de igualdad ante la ley y el de presunción de inocencia. Y es que las bondades o las novedades positivas de la ley, como las reformas al Código Penal y la creación de la Comisión Nacional Interinstitucional de lucha contra la violencia hacia la mujer fueron opacadas, entre otras perlas, por la supresión de la mediación y el abuso de definiciones, olvidando la máxima latina que reza: “ Omnis definitio in jure periculosa est ” (Toda definición en derecho es peligrosa), más si se trata de situaciones que quedan al margen de la violencia física o psicológica convencional, verbigracia, la “violencia patrimonial y económica”, la “limitación al ejercicio del derecho de propiedad”, o la “negación del derecho a los alimentos y al trabajo”.