Tampoco pueden fiscalizar a OAIP

La semana pasada el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) presentó un informe referido al poco acceso y débil disponibilidad de la información sobre las contrataciones en el sector público.

La Contraloría en el oscurantismo

La Contraloría General de la República (CGR) es un órgano estatal tan importante que sin ser un poder del Estado figura en la Constitución.

CGR debería reformarse

La Contraloría General de la República (CGR) debería ser fortalecida mediante una reforma profunda que, además de proporcionarle recursos suficientes, separe a sus autoridades de toda vinculación político-partidaria.

Corrupción vigente

El informe de gestión de la Contraloría General de la República 2011 reveló lo que el presidente inconstitucional Daniel Ortega mantiene oculto la corrupción, ese viejo mal institucional achacado a los gobiernos neoliberales.

Patrimonio debe ser público

La propuesta de reformas a la Ley de Probidad, anunciada por el presidente de la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional, el diputado de la BDN, Pablo Ortez, recibió el respaldo del diputado Agustín Jarquín y del contralor de facto, Guillermo Argüello Poessy.

Contraloría incapaz, según Argüello Poessy

Argüello Poessy señaló que para dar cobertura a las 153 alcaldías del país, la CGR necesitaría al menos el uno por ciento del presupuesto de ingresos del país. Actualmente la Contraloría recibe 0.48 por ciento del presupuesto de ingresos.

Sindicatos quieren préstamos y más

De cumplirse las demandas que los sindicatos piden al Ministerio del Trabajo, la Contraloría General de la República sería el lugar más feliz para trabajar, quizás en todo el Estado de Nicaragua.

CGR llena de plomo

La Contraloría General de la República (CGR) está “contaminada” con plomo. Por eso, desde este lunes paralizaron funciones y enviaron de vacaciones a todos los trabajadores de su sede en Managua.

Denuncian ante CGR a ministro del Transporte

Una denuncia contra el ministro del Transporte e Infraestructura (MTI), Pablo Martínez, por perjuicio económico de dos millones de córdobas en contra del Estado de Nicaragua, introdujeron tres servidores públicos despedidos de esa institución, quienes desde hace cinco años mantienen una demanda laboral por esa causa.

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