José Adán Silva
El informe de gestión de la Contraloría General de la República 2011 reveló lo que el presidente inconstitucional Daniel Ortega mantiene oculto la corrupción, ese viejo mal institucional achacado a los gobiernos neoliberales.
Leído el pasado miércoles ante el plenario de la Asamblea Nacional por el presidente con cargo vencido de la Contraloría (CGR), Guillermo Argüello Poessy, el informe oficial detalla que solo en el año 2011, como resultado del proceso de control externo propio de la institución, se determinó responsabilidad administrativa y penales en 24 entidades del sector público.
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Eso incluye anomalías en seis municipalidades y 18 instituciones públicas centrales donde se afectó a 89 funcionarios públicos, solo en el año 2011.
De acuerdo con el informe, además se determinó responsabilidad civil a 35 funcionarios públicos por un monto de un millón 553 córdobas.
De igual modo, se determinó presunción de responsabilidad penal a 65 funcionarios por el monto de 9.5 millones de córdobas.
En ese período, la Contraloría emitió 29 pliegos de glosas para tratar de recuperar para el Estado un monto de 2.7 millones de córdobas y 882,065 dólares.
De acuerdo con el informe al cual tuvo acceso LA PRENSA, la Contraloría también confirmó 39 glosas por un monto de 2,083,000 córdobas y 883,735 dólares del erario.
Argüello Poessy dijo que los hallazgos fueron notificados a los funcionarios públicos afectados y que si la institución no los hacía públicos era por respeto a la Ley 681, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado, aprobada el 26 de marzo de 2009.
“Nosotros le explicamos a los honorables diputados que la ley que ellos aprobaron en 2009, manda a esta entidad a que en el proceso administrativo se debe asegurar el respeto a las garantías y derechos constitucionales, y otorgar la debida intervención y derecho a la defensa de los funcionarios públicos”, dijo Argüello Poessy, quien sin embargo admitió que la información era pública y cualquier ciudadano podía solicitarla en la CGR.
SE CONFIRMA CORRUPCIÓN EN EL RÉGIMEN ORTEGUISTA
El informe de la CGR es el segundo documento oficial que confirma la presencia de corrupción en instituciones públicas, un tema que el Gobierno ha vetado en sus numerosos medios de comunicación.
El otro documento que confirma la existencia de corrupción en el Estado es el informe de gestión 2007-2011 de la Procuraduría General de la República que reportó 134 casos de delitos contra la administración pública, de los cuales 57 fueron llevados a juicio.
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