Humberto Galo R.
La semana pasada el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) presentó un informe referido al poco acceso y débil disponibilidad de la información sobre las contrataciones en el sector público.
Los resultados señalan que una buena parte de las instituciones gubernamentales dan muy poca información sobre dicho tema, sobre todo en las Oficinas de Acceso a la Información Pública (OAIP), las cuales están legalmente bajo la fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR).
Sobre ese particular, el ente fiscalizador alega que recibe toda la documentación del proceso, pero reconoce que no puede dar seguimiento al mismo.
“Es una labor imposible con apenas 17 funcionarios de la dirección de seguimiento, fiscalizar todas las contrataciones que el Estado realiza”, señaló el contralor de facto Guillermo Argüello Poessy.
El funcionario agregó que “nosotros revisamos que se cumplan con las disposiciones apegadas a la ley de contrataciones, ese es nuestro trabajo”.
Según Argüello, el único procedimiento de contratación en el que la CGR ha establecido mecanismos de fiscalización es la contratación simplificada; la cual es una potestad discrecional que la Ley de Contrataciones del Estado establece a la autoridad superior de cada ministerio.
“El trámite es más sencillo que una licitación pública, pero en ningún caso se hace de manera directa, uno habla de este tipo de contratación cuando se trata de una catástrofe por ejemplo, o una necesidad que haya que resolver de urgencia”, dijo.
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