José Adán Silva
La Contraloría General de la República (CGR) debería ser fortalecida mediante una reforma profunda que, además de proporcionarle recursos suficientes, separe a sus autoridades de toda vinculación político-partidaria.
“Si ellos dicen que un contralor, yo digo que once, a como le dije una vez al expresidente Enrique Bolaños: esta es una institución demasiado grande e importante para poner a un solo hombre, mientras más contralores haya, mejor se divide el trabajo, siempre y cuando se aporten los fondos suficientes”.
153.3 millones de córdobas es el presupuesto que en promedio anual le asigna el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la Contraloría; el ente fiscalizador estima que la asignación es insuficiente para su labor de ley.
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Así lo estiman expertos en transparencia pública consultados por LA PRENSA, luego que el presidente con cargo vencido de esa institución, Guillermo Argüello Poessy, admitiera ante la Asamblea Nacional que la falta de recursos impedía a la CGR fiscalizar a fondo los recursos públicos.
Luis Aragón Godínez, especialista en Derecho Mercantil y Contador Público, funcionario de Ética y Transparencia, observó que en efecto a la CGR no se le adjudican los recursos suficientes, pero señaló que la institución tampoco actúa con criterios profesionales a la hora de realizar sus labores frente a denuncias de corrupción.
“Para ser justos, debemos reconocer que la Contraloría cuenta con una sólida normativa de fiscalización, pero con pocos recursos, y si a eso le sumamos el criterio político que usan sus autoridades para realizar su trabajo, entonces debemos señalar que esa institución es infuncional”, dijo.
Según Aragón, la falta de voluntad política de los miembros de esa institución, son “tan o más nocivos para la salud de la institución, que la falta de fondos”.
“Si antes la CGR funcionaba con un solo contralor, y hoy cinco contralores hacen menos, debería revisarse la ley y evitarle esa carga financiera al Estado y volver al ente en una institución más ágil y más independiente de las fuerzas políticas”, dijo el experto en probidad.
De igual modo, tanto la exdiputada por la Convergencia Nacional, Miriam Argüello, como el exprocurador general de la República, Alberto Novoa, consideran que los actuales miembros de la Contraloría no deben continuar en sus cargos.
Para Argüello, una CGR con cinco miembros, a como está establecida actualmente, “es demasiada cara y poco efectiva”. Para Novoa, los 12 años transcurridos desde que el pacto FSLN-PLC creó en el 2000 el cuerpo colegiado, han demostrado que la CGR “no funciona”.
“La estructura de la CGR no representa el espíritu constitucional de ser vigilante y controladora de nuestros recursos, creo que su estructura no es válida ni funcional al día de hoy”, dijo Novoa.
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