Ramón H. Potosme
La propuesta de reformas a la Ley de Probidad, anunciada por el presidente de la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional, el diputado de la BDN, Pablo Ortez, recibió el respaldo del diputado Agustín Jarquín y del contralor de facto, Guillermo Argüello Poessy.
De acuerdo con Argüello Poessy, los funcionarios deben permitir que sus declaraciones de probidad sean públicas, pese a que exista el temor a ser secuestrados o recibir alguna represalia por sus posesiones.
Argüello señaló que en el país por ser tan pequeño, casi todo el mundo sabe lo que posee y por ello es importante se sepa cuánto tiene un funcionario antes y después de ejercer un cargo público.
FUNCIONARIO OPTA POR PERDER PRIVACIDAD
Por su lado, el diputado Jarquín Anaya consideró que el funcionario cuando opta por un cargo público pierde parte de su privacidad y por tanto si alguien tiene temor a revelar información sobre sus bienes, por asuntos de seguridad, debe retirarse de la función pública.
Jarquín propuso que además de la apertura a la información sobre la declaración de probidad, en las reformas que propuso Ortez, también se debe incluir el estado de salud de los candidatos.
“Es necesario que el soberano conozca información, a quién le va a depositar la confianza para que administre la cosa pública. En consecuencia debe saber su patrimonio y su esperanza de vida. El servicio público implica una disminución de la intimidad”, dijo Jarquín.
Sobre este asunto Argüello Poessy no se mostró a favor, y dijo que no creía que fuese necesario que se llegase hasta ese punto.
Jarquín consideró que la iniciativa de reformas debe tener respaldo unánime.
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