La esencia del problema en América Latina no yace en protagonistas interesados, que existen en todos lados, yace en la estructura de poder dentro del Gobierno, remanente de la época colonial, que le otorga a los que ejercen el poder las herramientas para practicar la coerción.
El uso discriminatorio de la autoridad muestra la malicia de la estructura gubernamental actual, que no solo les otorga a algunos los medios para ejercer la coerción, sino que también crea la situación en la que otros deben transigir.
Eliminar el poder coercitivo de los políticos, dentro del Gobierno, preserva el acceso a la justicia mejor que cualquier otra estructura gubernamental, lo que resulta en un incentivo para perfeccionarla una vez instituida.
La solución no se encuentra en esperar que las personas ignoren su propio bienestar. La solución está en adoptar estructuras gubernamentales diseñadas para eliminar tales conflictos de intereses y alinear el interés personal con el común.
Existe un paradigma: muchos individuos que no se involucran con los políticos o con los partidos son sofocados por la burocracia y la injusticia, mientras que el mejor negocio está en patrocinar al político que otorga “favores”.
Tres elementos impactan sobre la imparcialidad: el carácter moral, las normas y, más importante, los conflictos de intereses (como las dependencias), ya que ahí se encuentra la diferencia entre las sociedades que gozan, o no, de justicia.
