La oposición nicaragüense, con sus principales liderazgos en el exilio, tiene como reto “definir acciones” conjuntas que acompañen al Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo esta semana el politólogo José Antonio Peraza. La resolución de cancilleres del 2 de octubre definió los plazos para la presión diplomática que busca el restablecimiento de los derechos conculcados a la ciudadanía por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Mientras las principales autoridades del régimen nicaragüense han guardado silencio, el tiempo va corriendo para que la comisión de ministros de exteriores del hemisferio—integrada por diez países— busque un «diálogo rápido y directo» con Nicaragua.
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Los plazos de la OEA y la sugerencia de Peraza
En la resolución, la OEA fijó un plazo de dos meses para que este grupo de ministros presente un informe, que incluyan acciones diplomáticas y jurídicas concretas que debería ser enviado a más tardar el 2 de diciembre. El politólogo sostiene que las acciones de la oposición incluyen mantener el tema de Nicaragua en la agenda internacional, abrir un espacio político conjunto, pero también trabajar con liderazgos interinos en Nicaragua.
Peraza subraya que el “ámbito de lucha ahorita para presionar a la dictadura es la OEA”, pero que la oposición “tiene que hacer cosas más allá” del órgano hemisférico.
El acuerdo de los cancilleres estableció la posibilidad de que se convoque nuevamente a otra reunión ministerial en 90 días, si lo requieren las circunstancias, contados a partir de la primera reunión del grupo ministerial. Hasta ahora solo ha informado de la decena de países que forman la comisión: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Paraguay, Perú y Estados Unidos.
“La oposición tiene que tener unos puntos básicos entre los cuales debe coincidir para plantear las necesidades urgentes. Tienen que ser posiciones lo suficientemente amplias… que podamos abrazarla la mayoría de los grupos de la oposición. Esos temas ya están discutidos, pero todavía no han sido precisados”, explica Peraza.
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Dos grandes desafíos para la oposición
Entre los retos mayúsculos para la oposición destaca que sus principales liderazgos se encuentran fuera de Nicaragua, debido a la represión de la dictadura. El régimen los encarceló en 2021, los desterró dos años después, les quitó la nacionalidad. A pesar de la distancia, las gestiones de la oposición lograron en junio una resolución de la OEA que demandó el fin de las violaciones de derechos humanos.
En julio, Ortega anunció que pondría fin a las elecciones, impidiendo que participen a quienes ellos consideran «traidores de la patria». Esta decisión quedará en pie en enero de 2027, cuando sea aprobada en segunda legislatura las reformas a la Constitución. La eliminación de votaciones libres provocó la reunión de los ministros de exteriores. Nuevamente condenaron las violaciones a los derechos fundamentales y establecieron plazos al régimen en un intento de provocar cambios.
La gran interrogante es qué pueden hacer los opositores perseguidos, además de acompañar la presión colectiva de la OEA a los Ortega Murillo, que se espera se intensifique en los próximos meses. En julio, Félix Maradiaga, presidente de Ruta para el Cambio, dijo a BBC Mundo que hay una «resistencia silenciosa» de redes comunitarias en el país que demuestran que Ortega no ha podido neutralizar a los ciudadanos.
«Nosotros, los opositores más visibles, hemos sido muy responsables en no exponer a los liderazgos que quizás no son conocidos internacionalmente; pero hay personas, a nivel comunitario y a nivel municipal, que hacen una resistencia silenciosa», aseguró Maradiaga a la cadena británica.
La división de la oposición continúa siendo otro tema de fondo. En agosto, una docena de grupos opositores plantearon un plan de transición para el día después de la salida de los dictadores. Otro grupo de organizaciones de izquierda lo rechazaron y se opusieron a cualquier idea que contemple una intervención militar extranjera.
Por ahora, la realidad de la oposición parece un laberinto: ¿cuál podría ser la estrategia más viable? LA PRENSA consultó a dos de los líderes más conocidos en el exilio.
Juan Sebastián Chamorro apela a presiones diplomáticas y económicas
Juan Sebastián Chamorro, coordinador del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) en el exilio, dice que ellos ya esbozaron una serie de acciones que irán presentando a los embajadores de “cosas que puedan hacer ellos de manera conjunta con los distintos países que conforman la OEA”.
De acuerdo con Chamorro, estas acciones van desde las presiones diplomáticas, institucionales, hasta las de orden económico que, si Ortega y Murillo se niegan a dialogar, podrían ser aplicadas por cada país de manera unilateral. Cita como ejemplo a Estados Unidos, que ya ha impuesto sanciones y restricciones de visas a más de 2,000 funcionarios del régimen.
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Pero, ¿coincidirá los intereses de la comunidad internacional con la de la oposición en Nicaragua? La política doméstica de Estados Unidos cambió recientemente. La administración del republicano Donald Trump enfrenta sus propios problemas luego que, en las elecciones intermedias, el Partido Demócrata logró la mayoría del Senado con 54 escaños y la Cámara de los Representantes con 255. El resultado cambia el equilibrio de poder en Washington y condicionará los dos últimos años del mandato de mandatario, que concluirá en enero de 2029.

Aunque algunos analistas como el politólogo Manuel Orozco y los sociólogos Óscar René Vargas y Elvira Cuadra, coincidieron en que a pesar del revés del republicano en el Congreso y el Senado se mantendría el consenso bipartidista sobre el tema de Nicaragua, el expresidente costarricense Luis Guillermo Solís dice que no será prioritario y que “no habría voluntad para gastar fondos en él”.
Sin embargo, también es una posibilidad que Estados Unidos y otros países tomen decisiones si Ortega desecha la oportunidad de diálogo ofrecida por la OEA. El Departamento de Estado lidera hasta ahora los esfuerzos diplomáticos desde la OEA para intentar que el régimen libere a los presos políticos y restituya los derechos a los ciudadanos, incluido el de las elecciones libres que la dictadura ordenó sepultar en julio.
Sobre una posible visita a Nicaragua de una delegación de la OEA acompañada de la oposición, Chamorro afirma que “no está planificado ni se ha hablado ni se ha entendido de que la Comisión viaje a Nicaragua acompañada de la oposición. Eso no se ha hablado en ningún momento”. Tampoco cree que el régimen los reciba porque “no quieren y no les interesa dialogar”.
¿Volver a Nicaragua? Félix Maradiaga dice que está dispuesto
Si el régimen permite la entrada de una comitiva de la OEA acompañada de opositores, Félix Maradiaga asegura que sería uno de los primeros en ir a Nicaragua.
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“Absolutamente. Y no sólo eso. Desde mucho antes de la resolución de la OEA, se ha insistido que uno de los pasos más importantes es forzar a que la dictadura permita el reingreso de aquellos opositores que voluntariamente decidamos hacerlo”, recalcó el principal dirigente del partido Ruta del Cambio, fundado en el exilio.

Afirma que no puede anticipar si el régimen aceptará o no dialogar, pero que hay “suficientes experiencias” para entender que Ortega y Murillo han utilizado históricamente los espacios de diálogo como mecanismos para ganar tiempo, dividir a sus adversarios y reducir la presión internacional sin asumir compromisos de fondo.
“Desde las fuerzas democráticas estamos trabajando para articular una interlocución plural, seria y permanente con ese grupo de cancilleres. Hemos constituido un mecanismo de coordinación entre distintas plataformas opositoras y comenzado gestiones directas con las misiones diplomáticas”, aseguró Maradiaga.
Oposición víctima de la represión
En los últimos ocho años, atacar todo pensamiento crítico ha sido uno objetivos para los Ortega Murillo. Según un informe publicado en 2025 del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, formado por Naciones Unidas (GHREN por sus siglas en inglés), la represión se dividió en cuatro fases. La primera de ellas fue el ataque directo contra las protestas entre 2018 y 2020.
En 2021, los agentes policiales del régimen detuvieron a los líderes políticos opositores. Se revocó las personerías jurídicas de tres partidos políticos. Bajo un ambiente de miedo, la pareja dictatorial se reeligió sin competencia electoral en un proceso sin garantías democráticas según la comunidad internacional.
En 2022, cuando se celebran votaciones municipales, la dictadura depuso a alcaldes críticos, detuvo a opositores y persiguió a la Iglesia católica mientras siguió con el desmantelamiento del espacio cívico con la cancelación de miles de organizaciones sin fines de lucro. Para el GHREN, desde 2023 hasta el presente, lo primordial ha sido cimentar el control absoluto del poder.
Con dos reformas constitucionales — 2025 y 2026— la dictadura niveló jerárquicamente nombrando «copresidenta» a Murillo con Ortega. En el camino, ambos se recetaron un aumento del tiempo del período presidencial de dos años. De ese modo lo alargaron hasta 2028. El tema continúa generando opiniones entre los expertos que enfatizan en la ilegalidad de todas estas disposiciones.
El informe del GHREN, citado anteriormente, sostuvo que Ortega y Murillo «han instrumentalizado sistemáticamente el aparato estatal para mantenerse en el poder. Asimismo, han consolidado su control absoluto sobre la población mediante una represión generalizada y una extensa red de vigilancia e inteligencia que incorpora las estructuras políticas del Frente Sandinista de Liberación Nacional y grupos armados progubernamentales. Esta red ha permitido al silenciar cualquier forma de oposición o disidencia y detectar cualquier actividad que se considere contra el interés del Gobierno«.