El miércoles y el jueves de esta semana (4 y 5 de noviembre) se reunirá en Madrid, España, la XXX Cumbre Iberoamericana. Esta Cumbre fue constituida en 1991 en Guadalajara, México, en julio de ese mismo año, y en su fundación participó la histórica presidenta democrática de Nicaragua, doña Violeta Barrios de Chamorro.
El tema de la libertad, la democracia y los derechos humanos estuvo presente en la primera Cumbre Iberoamericana. Pero no de manera prioritaria, porque el participante estrella en la Cumbre era el tirano de Cuba, Fidel Castro. Después participó el dictador de Venezuela, Hugo Chávez; y hasta Daniel Ortega, quien solo estuvo presente en la Cumbre Iberoamericana de Panamá, en 2015.
En la XX Cumbre Iberoamericana, realizada en 2010 en Mar del Plata, Argentina, se aprobó la Declaración Especial sobre la Democracia y el Orden Constitucional, llamada generalmente Cláusula Democrática. En ella se estableció el compromiso de actuar colectivamente ante alteraciones del Estado de derecho que ocurrieran en algunos de los países miembros.
La aprobación de la Cláusula Democrática de la Cumbre de las Américas fue motivada por el golpe militar de Estado ocurrido el 28 de junio del año anterior en Honduras. En esa ocasión, el presidente izquierdista hondureño Manuel (Mel) Zelaya fue derrocado por el Ejército, debido a que pretendía instalar de manera fraudulenta una asamblea nacional constituyente para cambiar la Constitución, reelegirse y atornillarse en el poder, a pesar de la oposición del Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral, y de los diversos sectores democráticos, políticos, empresariales y religiosos.
Los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua aprobaron la cláusula democrática de la Cumbre Iberoamericana, en el entendido de que se aplicaría solo en caso de un golpe de Estado explícito, como el de Honduras.
Pero la verdad es que no solo mediante los golpes militares de Estado tradicionales se altera el orden constitucional de un país, se suprime el Estado de derecho, se liquida la libertad y se impone la dictadura. También lo hacen de manera gradual algunos líderes autoritarios, que toman el poder por medio de elecciones y después se las ingenian para capturar a los demás poderes e instituciones estatales.
Eso, precisamente, es lo que ha ocurrido en Nicaragua, donde Daniel Ortega ganó las elecciones de noviembre de 2006 y a partir de enero de 2007, cuando tomó posesión de la Presidencia de la República, comenzó a instaurar una nueva dictadura sandinista. Y ahora en Nicaragua no hay libertad política ni religiosa, no existe Estado de derecho, ni separación de poderes, ni respeto a los derechos humanos.
Es tan grave y dramática la situación política de Nicaragua, que a pesar de sus limitaciones y contradicciones la OEA ha creado un mecanismo diplomático y político especial, para tratar de que sean restablecidas la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses.
Eso mismo, o algo parecido, debería hacer la Cumbre Iberoamericana, de acuerdo con la Cláusula Democrática que adoptó en 2010, en el caso de Nicaragua. Pues, aunque en este país no ha habido un golpe militar de Estado de tipo tradicional, las instituciones democráticas han sido demolidas y fue impuesto un poder absolutista de corte familiar que incluso ha cometido crímenes de lesa humanidad contra el pueblo nicaragüense.
Cabe mencionar que el XVI Encuentro Cívico Iberoamericano, que se reunió en Madrid durante los días 29 y 30 de octubre recién pasado, pidió en su declaración oficial que en el temario y la resolución general de la XXX Cumbre Iberoamericana se incluya un capítulo específico sobre democracia, derechos humanos y espacio cívico.
Por su parte, diversos grupos políticos de nicaragüenses en el exilio hicieron gestiones ante el Gobierno de España, que es el organizador de esta Cumbre Iberoamericana, para que no invitara a la dictadura de Nicaragua.
Eso es lo menos que podían haber hecho, aunque solo fuera por decoro político y vergüenza democrática.
