El indígena mayangna Dionisio Hernández Bruno, de 50 años, interrumpió su desayuno a las 4:00 de la mañana del 19 de octubre. Escuchó voces que lo llamaban afuera de su casa ubicada en la comunidad de Dimanwas en Bonanza en la región del caribe norte de Nicaragua.
Ese día apuraba el bocado, porque tenía un viaje con su hijo Wilmer Hernández Smith, de 24 años. Los dos trabajaban como ayudantes de un bote de motor. De acuerdo con la reconstrucción de las últimas horas de los Hernández, realizada por la Asociación Mayangna para el Desarrollo Social (Amdes), Dionisio salió y se vio rodeado de hombres armados.
Lamentablemente, esa escena no es infrecuente en el llamado territorio de indígena de Mayangna Sauni As, anclado en la reserva de la biosfera de Bosawás, un valioso pulmón de bosque en Centroamérica. En la profundidad del campo, los colonos llegan a desplazar a la fuerza a los indígenas de sus tierras pese a sus derechos ancestrales.
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El ataque inició la noche del domingo, cuando a dos kilómetros de la casa de los Hernández, los agresores mataron a cinco semovientes en otra comunidad. Después se internaron en la montaña. Ahí aguardaron que amaneciera para buscar a su víctima.
«Supuestamente le dijeron que esa propiedad no pertenecía a ellos, él dijo que no podía salir de allí, y entonces ahí nomás entraron dos sujetos en la casa y se llevaron a los familiares. Hubo otra gente que se corrió del lugar», sostiene el relato de la Asociación.
Rosearon la casa de gasolina y lo mismo hicieron con otras viviendas de la comunidad. Días después del doble asesinato, el terror se apoderó de las aldeas de Dinamwas y Bethlehem. Al menos 83 familias se vieron obligadas supuestamente a desplazarse, agregó Amdes, quien lamentó que haya niños que están pasando «hambre».
«Ellos están sufriendo y quieren regresar. Pero también tienen miedo. Porque esa gente, cuando pasan esos crímenes, no se salen ahí nomás», lamentó. La Asociación relató que los armados volvieron tres días después. Diez personas de la comunidad, que vigilaban desde lejos, se echaron al monte para evitar una nueva tragedia al verlos llegar.
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Colonos se vengaron por denuncia de víctima
La Asociación Mayangna y la Fundación del Río coincidieron en que el asesinato ocurrió supuestamente por una venganza. Los colonos había sido denunciados ante el juez comunal por Hernández dos semanas antes, cuando los encontró en su parcela trabajando.
Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río, aseguró que hubo una tercera víctima, Kevin Leonardo Hernández Davis. Sobrevivió a pesar que le dispararon en el cuello. El saldo de esta noche de horror fueron dos asesinados, el herido, cuatro casas quemadas y los semovientes muertos.
Para las dos fuentes resulta inexplicable que todavía no haya pronunciamiento de la Policía, pese a que han pasado ocho días desde los hechos. Ruiz explica que la saña de los colonos fue evidente: le metieron siete balazos al padre y cinco al hijo.
Ruiz y Amdes coinciden en señalar como uno de los cabecillas a Bismarck Miranda. Las fuentes de Ruiz señalan a otros colonos, pero las autoridades todavía no se han pronunciado al respecto.
En todo caso, por lo relatado hasta ahora, el ataque guarda similitudes con las agresiones anteriores de colonos a indígenas. Esta violencia ha llamado la atención del Grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua, de Naciones Unidas (GHREN), que denunció en 2024 que el régimen Ortega Murillo promueve la invasión de territorios indígenas.
Policía genera intranquilidad
La inacción de las autoridades contrasta con un hecho fundamental. Este año inauguraron un puesto policial en Musawas, la capital del territorio mayangna. Pero la tranquilidad nunca llegó. Un experto en pueblos indígenas, que trabaja en la zona, contó que el cuartel era una escuela que los oficiales se tomaron. Sus paredes son de cemento. Eran un buen lugar para esconderse de las balas, dado que la mayoría de casas de las comunidades son de madera.
«Ahora ya no pueden porque está la Policía», lamentó la fuente, quien sostuvo que más bien que la gente percibe que los oficiales se encuentran ahí para vigilarlos, y no para darles seguridad.
Tres ataques desde 2020
El experto recuerda tres ataques a las comunidades de Alal en 2020, Kiwakumbaih a finales de 2021 y en Wilú 2023. La ambición por los recursos naturales parece estar en medio de este fenómeno. «Los colonos armados que son mineros artesanales (son) protegidos por las autoridades municipales, por las estructuras del FSLN», recalcó.
Para el experto, los indígenas viven una situación de dolor desde 2019. Eso provoca que la gente se desplace a otras comunidades para protegerse, cuando ocurre un incidente. El 24.22% (398,15 Km2) de 1, 638 km2 que conforman el Territorio Mayangna Sauni As han sido concesionadas en ocho lotes a las empresas mineras.
Cuatro de esas concesiones fueron asignadas a una empresa colombiana, según el especialista. Otras tres están repartidas entre las compañías chinas Thomas Metal, Zhong Fu Developtment y Linze Excelente Mineria. La última es Global Group, uno de los nuevos actores del negocio del oro controlado por los Ortega Murillo.
