En la continuación de su obsesiva labor totalitaria de demolición y reinvención constitucional, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio a conocer este jueves 22 de octubre una nueva reforma constitucional que elimina la Vicepresidencia de la República. En su lugar han creado la figura de “designados presidenciales”.
Se trata obviamente de seguir rediseñando el Estado, en este caso el poder ejecutivo, a través de mecanismos de distribución y continuidad en el poder de la familia Ortega-Murillo.
A diferencia del sistema democrático tradicional en el que la Vicepresidencia del país es elegida mediante el voto popular, y debe rendirle cuentas a la nación, los “designados presidenciales” serán nombrados directamente por los codictadores.
Esta nueva figura de “designados presidenciales” no tiene precedente en la tradición constitucional nicaragüense. Y seguramente Ortega y Murillo la han creado para tener un mayor margen de flexibilidad al asignar cargos y funciones entre distintos miembros de la familia.
Dicho con otras palabras, se trata de facilitar la distribución de cuotas de poder entre los hijos de Ortega y Murillo, preservar sus respectivas posiciones dentro del aparato estatal y reducir el riesgo de disputas internas por el control de la sucesión. No es solo para definir quién asumiría la copresidencia ante una eventual ausencia de Daniel Ortega o Rosario Murillo, sino también para establecer un mecanismo que permita organizar la distribución del poder dentro del propio núcleo familiar.
Desde esta perspectiva, el nuevo esquema constitucional de los “delegados presidenciales” asegura un modelo de continuidad familiar, basado en la coexistencia de varios designados presidenciales con funciones asignadas desde la Presidencia.
Pero, además, esta reforma constitucional podría responder también a la necesidad de anticipar y administrar posibles conflictos de poder entre los integrantes de la familia, al institucionalizar una distribución de posiciones que contribuya a preservar su cohesión y permanencia en el poder.
En general, se trata de una reforma más dentro de la cadena de ilegalidades realizadas por la dictadura por medio de su órgano legislativo al que —todavía— siguen llamando Asamblea Nacional. Sin embargo, conviene distinguir entre las posibilidades que abre este nuevo diseño de concentración de poder y las intenciones políticas que están detrás de su adopción.
En este orden habría que preguntarse no solo quiénes serán los designados presidenciales, sino qué lugar ocuparán los operadores de alto rango de la dictadura, los que no pertenecen al clan familiar Ortega Murillo, en la nueva arquitectura del poder y qué capacidad tendrán para influir en las decisiones.
Cabe la posibilidad de que una mayor concentración de posiciones estratégicas en la familia Ortega Murillo pueda generar inconformidad entre quienes han contribuido a sostener al régimen sin formar parte de ella. Lo cual no necesariamente provocaría rupturas inmediatas, pero sí podría alterar los incentivos que mantienen cohesionada la estructura superior del poder.
En todo caso, para comprender el verdadero alcance de esta nueva reforma constitucional de la dictadura tendremos que esperar los nombramientos, conocer las funciones que se asignen a los designados presidenciales y examinar las reglas que finalmente rijan su funcionamiento.
Entonces podremos valorar con mayor precisión hasta dónde quieren llegar con su proyecto de dictadura familiar dinástica, o si concederán alguna cuota a sus allegados y aliados que les ayudan a sostenerse en el poder.
Como punto final, cabe señalar que en el título de este editorial decimos “la abolición, por ahora”, de la institución vicepresidencial. Lo decimos así, porque no cabe ninguna duda de que cuando termine la dictadura, Nicaragua volverá a ser república. Y entonces se tendrá que aprobar una nueva Constitución auténticamente republicana y democrática.
