Cientos de miles de jóvenes han salido a las calles de Francia para protestar contra el estado del sistema educativo del país. La violencia que estalló el 17 de octubre no debe eclipsar sus preocupaciones, que son totalmente legítimas: las deplorables condiciones de muchas escuelas francesas, incluyendo edificios en ruinas, falta de profesores, aulas abarrotadas y jornadas escolares interminables. También se oponen firmemente a Parcoursup, la plataforma de admisión universitaria del país, que se ha convertido en el blanco principal de sus quejas. La han denunciado como opaca, estresante e injusta.
En lugar de reducir la creciente desigualdad en el sistema educativo nacional, el algoritmo de asignación de estudiantes de Parcoursup la agrava. El origen socioeconómico, que tanto influye en el éxito académico en Francia, se convierte en el factor que refuerza estas desigualdades. Además, perjudica a los jóvenes de entornos desfavorecidos cuyas esperanzas de ascenso social dependen del éxito académico.
El rendimiento académico en Francia está fuertemente influenciado por el lugar donde viven los estudiantes. Cuando me mudé al país, me aconsejaron buscar un buen barrio para poder acceder a una buena escuela. Los resultados también dependen del apoyo de los padres, el nivel educativo y el bienestar económico, factores que a menudo se traducen en actividades extracurriculares y clases particulares.
Algunos países logran limitar considerablemente el impacto del origen socioeconómico en los resultados educativos, pero Francia no es uno de ellos. En el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) más reciente de la OCDE, Francia presentó una de las mayores brechas de rendimiento en ciencias entre los estudiantes más y menos favorecidos: 100 puntos, equivalentes a aproximadamente cinco años de progreso académico, en comparación con un promedio de 85 puntos en la OCDE.
Las probabilidades de recibir una oferta de admisión en una institución de educación superior francesa también dependen del tipo de bachillerato obtenido, que suele estar influenciado por la clase social . En 2025, el 97.2 por ciento de los graduados de bachillerato general, que suelen tener una mejor situación económica, recibieron una oferta durante la fase principal de admisión, frente al 82.9 por ciento de los graduados de formación profesional. En esa fase, el 17.1 por ciento de los graduados de formación profesional no recibieron ninguna oferta, en comparación con el 2.8 por ciento de los graduados de bachillerato general.
Parte de la explicación radica en dónde concentra Francia sus esfuerzos. El país se ha centrado en producir una élite de alta calidad, con poca atención a la inclusión o la representación. Como resultado, dos tercios de los estudiantes de las grandes écoles, las instituciones de educación superior más selectivas de Francia, provienen de entornos muy privilegiados, mientras que la proporción de estudiantes desfavorecidos apenas varió entre 2006 y 2016, del 7 por ciento al 8 por ciento.
Los graduados de la escuela de administración pública, ahora Instituto Nacional del Servicio Público, prácticamente garantizan una carrera en la administración pública, mientras que la mayoría de los estudiantes de bajos recursos siguen enfrentándose a un mercado laboral precario. Esto es tan socialmente insostenible como moralmente inaceptable.
Parcoursup legitima y oculta este sistema sesgado al asignar oportunidades educativas sin considerar factores socioeconómicos. Destaca los méritos de los solicitantes, ignorando los sistemas de apoyo que les han ayudado a tener éxito. Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron identificaron hace mucho tiempo las causas de la desigualdad de oportunidades educativas en Francia, pero Parcoursup ha alimentado la sensación de injusticia al mantener en secreto los criterios de clasificación.
Tras el 17 de octubre, reformar rápidamente el sistema Parcoursup sería una medida sencilla y eficaz que enviaría el mensaje correcto. Esto implica anonimizar a los candidatos y eliminar su escuela de origen, tal como recomienda un informe parlamentario de 2026. Otra forma de corregir algunos de los sesgos inherentes al sistema sería redirigir las ofertas rechazadas por los estudiantes becados a otros estudiantes becados, en lugar de al siguiente candidato en la lista. Este cambio podría aumentar el número de estudiantes becados que reciben ofertas en aproximadamente 10,000. Pero abordar la desigualdad generalizada en el sistema educativo francés requiere una profunda reforma estructural y un cambio de mentalidad. Aprovechando esta crisis como una oportunidad para impulsar un cambio real, el gobierno francés debe centrarse más en los estudiantes con dificultades académicas o provenientes de familias vulnerables. Según PISA, los países que mejor mitigan el impacto del origen socioeconómico en los resultados educativos —como Finlandia, Japón, Canadá y Corea del Sur— asignan a los docentes más cualificados y con mayor experiencia a las escuelas con mayores dificultades. Francia debería seguir su ejemplo.
También será importante brindar más recursos y apoyo a un profesorado sobrecargado y en declive, crear más plazas en la educación superior y reducir la brecha entre las grandes écoles y otras universidades, incluso en lo que respecta a las oportunidades laborales de los graduados. Esto no solo satisfará algunas de las demandas de los estudiantes que protestan, sino que también hará de Francia un país más productivo e inclusivo.
Cuando se trata de decisiones que marcan la vida de los jóvenes, la transparencia y la rendición de cuentas deben ser innegociables. Los estudiantes excluidos de la educación superior o con opciones poco favorables merecen una explicación y, sobre todo, apoyo. Los responsables políticos no pueden escudarse en el complejo algoritmo de Parcoursup. La equidad es un tema de debate social, no tecnológico.
La situación en Francia también tiene importantes implicaciones para los debates sobre el uso de la IA en la toma de decisiones. Si los gobiernos implementan la IA en la educación y otros servicios esenciales sin cuestionar sus supuestos subyacentes ni quiénes se benefician realmente, y sin diseñar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, la tecnología agravará drásticamente los ya elevados niveles de desigualdad entre países y dentro de ellos. De ocurrir esto, los efectos no se limitarán a las instituciones. Al igual que en Francia, se extenderán más allá de las aulas y llegarán a las calles, con consecuencias nefastas para nuestros sistemas políticos.
La autora es copresidenta del Grupo de Trabajo sobre Desigualdades y Divulgación de Información Financiera con Relación Social, ex subdirectora general de ciencias sociales y humanas de la UNESCO, donde supervisó la elaboración de la Recomendación sobre la Ética de la IA, y ex jefa de gabinete de la OCDE y representante ante el G20, el G7 y la APEC.
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