Minería china en Nicaragua. Foto: Tomada de la Embajada de EE. UU. en Costa Rica

Minería china en Nicaragua. Foto: Tomada de la Embajada de EE. UU. en Costa Rica

EE. UU. denuncia que la minería china en Nicaragua «ejerce una presión creciente» en la frontera norte de Costa Rica

La Embajada de EE. UU. en Costa Rica denuncia que la minería china en Nicaragua usa tácticas abusivas, obligando a mineros a cruzar hacia ese país para extraer oro ilegalmente y venderlo por debajo del precio real

La Embajada de Estados Unidos en San José, Costa Rica, se refirió a la minería china en Nicaragua y afirmó que «es un costo» para la nación del sur. La sede diplomática sostuvo que las empresas chinas, a las que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha beneficiado con lotes mineros, suelen emplear «tácticas abusivas».

Describe que entre esas tácticas recurren a «obligar a los mineros artesanales a vender su oro por debajo del precio de mercado».

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El pronunciamiento de la Embajada de EE. UU. en Costa Rica fue compartido en sus redes sociales. En el mismo señala que, dado a las tácticas coercitivas de las empresas mineras chinas, «cada vez más mineros nicaragüenses cruzan la frontera para ingresar a Costa Rica y extraer oro ilegalmente».

Minería china es una «actividad ilegal»

La sede diplomática denunció que es una «actividad ilegal» que «ejerce una presión creciente en la frontera norte de Costa Rica».

Por lo anterior, sostuvo que «Estados Unidos respalda a Costa Rica en la protección de su frontera y en la lucha contra la minería ilegal y el tránsito fronterizo ilegal vinculado a esta actividad».

En febrero pasado, el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, señaló ante diputados del Parlamento costarricense que las empresas chinas que operan «del otro lado del Río San Juan», en territorio nicaragüense, compran sacos de sedimento —de los que luego extraen oro— que es robado a Costa Rica.

«Este fenómeno afecta no solo la soberanía ecológica de nuestro país, sino la soberanía en términos generales de nuestra nación, ya que el 90 por ciento de los coligalleros son ciudadanos extranjeros, esencialmente nicaragüenses que cruzan la frontera para participar en este ilícito», denunció Zamora en ese momento.

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El señalamiento del ministro costarricense ocurrió durante la presentación del informe «Salvemos Crucitas», en el que expuso el incremento de más del 200 por ciento de la extracción ilegal de oro en Crucitas, cantón de San Carlos, argumentando la urgencia de la aprobación de un proyecto de ley, impulsado por el actual gobierno costarricense, para la legalización de la minería a cielo abierto en Crucitas.

Avance de la minería en territorios indígenas

A inicios de octubre, la Fundación del Río denunció cómo los habitantes del Territorio Mayangna Sauni As siguen siendo víctimas de la persecución y la entrega de sus tierras a la minería industrial ordenada por la dictadura Ortega-Murillo.

En el comunicado, advirtió sobre el avance de la minería en ese territorio y, sobre todo, por las recientes concesiones mineras a empresas chinas, como la Linze Excelente Minería, Sociedad Anónima.

Dicha empresa, a inicios de septiembre obtuvo el lote minero Jade, con una superficie de 26,205.75 hectáreas, de las cuales 26,065.59 hectáreas afectan el Territorio Mayangna Sauni As.

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La concesión, denunció Fundación del Río, atraviesa los caseríos y las áreas de cultivo de las comunidades indígenas de Betlehem, Nazareth y Padriwas; mientras que en las comunidades de Winpulu, Kauhmawas y Sabawas serían afectadas las áreas de cultivo de esos comunitarios.

Fundación del Río contabilizó que con esta nueva concesión el orteguismo ya ha otorgado ocho lotes mineros dentro de ese territorio: tres en manos de empresas chinas, cuatro en manos de una empresa colombiana y uno en manos de una empresa nicaragüense vinculada al régimen, lo que representa una superficie de 39,674.81 hectáreas, equivalentes al 24.22 por ciento del territorio indígena mayangna.

Hasta mayo pasado, una investigación realizada por LA PRENSA arrojó que cinco mineras chinas sancionadas por el Gobierno de Estados Unidos mantienen en su poder el equivalente al seis por ciento del territorio nacional. La dictadura orteguista les otorgó 52 lotes para la explotación del oro a cuatro de esas compañías, entre 2023 y febrero de 2026, mientras la quinta ya operaba autorizada por el Estado desde 2019.  

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