La decisión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de retirar el beneplácito previamente concedido a Natasha Franceschi, designada embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, provocó una respuesta de Washington que no debe subestimarse. Por instrucciones del secretario de Estado, Marco Rubio, el encargado de Negocios estadounidense en Managua, Elias Baumann, fue llamado a consultas.
No se trata todavía de una ruptura de relaciones diplomáticas. Pero tampoco de un simple desacuerdo protocolario. Es una señal de que Washington considera necesario revisar el curso de sus relaciones con el régimen nicaragüense.
La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas reconoce a los Estados el derecho de negar el beneplácito a un embajador propuesto, sin obligación de explicar sus razones. Sin embargo, conceder inicialmente la aceptación y retirarla después, como ocurrió con Franceschi, constituye un acto de evidente significación política.
Más aún cuando es la segunda vez que ocurre. En 2022, Ortega retiró el beneplácito que había concedido a Hugo Rodríguez, también después de que este expresara ante el Senado estadounidense sus opiniones sobre la situación de Nicaragua.
El mensaje resulta contradictorio. Ortega y Murillo reclaman respeto a la soberanía nacional, pero rechazan a los representantes diplomáticos que podrían servir de interlocutores para resolver las diferencias. Pareciera que para ellos el respeto consiste en que los demás gobiernos guarden silencio ante los abusos del poder.
La diplomacia, sin embargo, no consiste en intercambiar elogios. Su razón de ser es precisamente mantener abiertos los canales de comunicación, sobre todo cuando existen controversias graves entre los Estados.
El llamado a consultas de Baumann tiene, por tanto, consecuencias que trascienden el incidente. Washington dispone de instrumentos diplomáticos, financieros y comerciales que podría utilizar para aumentar la presión sobre el régimen. Que decida aplicarlos o no dependerá de una evaluación más amplia de sus intereses y objetivos.
Pero este conflicto ocurre, además, en circunstancias particularmente significativas. El pasado 2 de octubre, la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que establece un Grupo Ministerial de Seguimiento para procurar una solución diplomática a la crisis de Nicaragua.
La resolución contempla la liberación de los presos políticos, la restitución de la nacionalidad a los desnacionalizados, el restablecimiento de los derechos fundamentales y la creación de condiciones para celebrar elecciones libres. Asimismo, establece plazos precisos para que el Grupo Ministerial inicie sus gestiones y formule recomendaciones.
La negativa a recibir a la embajadora Franceschi plantea inevitablemente una pregunta: si Ortega y Murillo rechazan el diálogo diplomático con Estados Unidos, ¿qué disposición mostrarán para recibir a los ministros de Relaciones Exteriores del continente?
La respuesta todavía está pendiente. Y precisamente por eso la iniciativa de la OEA debe continuar, sin anticipar su fracaso ni permitir que la ausencia de cooperación se convierta en motivo de inacción.
Cualquier medida internacional debería distinguir entre quienes ejercen el poder y la población que padece las consecuencias de sus decisiones. Nicaragua necesita recuperar sus libertades, no sufrir nuevos castigos económicos indiscriminados.
La soberanía pertenece a la nación, no a quienes circunstancialmente gobiernan en su nombre. Y las relaciones diplomáticas existen para servir a los pueblos, no para satisfacer las susceptibilidades de sus gobernantes.
En el comunicado sobre el rechazo del régimen de Ortega y Murillo a la embajadora en Nicaragua nominada por EE. UU., el Departamento de Estado señala que “mantener abiertos los canales diplomáticos es la piedra angular de las relaciones internacionales. El rechazo de Murillo y Ortega a la embajadora designada Natasha Franceschi, una diplomática de carrera de alto rango y ampliamente cualificada, pone de manifiesto la hipocresía de su retórica de respeto mutuo y su deseo de hacer teatro político a costa del pueblo nicaragüense”.
Estamos de acuerdo. Pero la verdad es que Ortega y Murillo pueden cerrar las puertas a los embajadores. Lo que no pueden hacer es cancelar las responsabilidades que tienen ante los nicaragüenses y la comunidad internacional.
Porque rechazar el diálogo no resuelve los problemas. Solamente aumenta el costo de enfrentarlos.
