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Las catastróficas inundaciones en Nepal han demostrado, una vez más, el devastador costo humano y económico del cambio climático. La prioridad inmediata debe ser salvar vidas y apoyar a las comunidades afectadas. Pero la devastación también pone de relieve cómo los peligros físicos pueden transformarse rápidamente en crisis macroeconómicas.
Estos eventos tienen causas distintas, y ningún desastre en particular debe atribuirse indiscriminadamente a El Niño o al cambio climático. No obstante, la Organización Meteorológica Mundial prevé que un fuerte fenómeno de El Niño se intensifique entre agosto y octubre, aumentando la probabilidad de temperaturas superiores a lo normal en gran parte del mundo y cambios importantes en las precipitaciones. En el sudeste asiático, El Niño suele traer consigo condiciones más secas y aumenta el riesgo de sequía, incendios forestales y neblina, aunque sus efectos varían según el país y la estación del año.
Para los responsables políticos, es fundamental prepararse para las reacciones en cadena económicas provocadas por fenómenos meteorológicos extremos. Las sequías, las inundaciones y las olas de calor dañan los cultivos y la infraestructura. En países con reservas alimentarias insuficientes, logística deficiente y fuentes de importación concentradas, una menor producción puede generar escasez, precios más altos y una disminución del poder adquisitivo de los hogares. Los gobiernos se ven presionados a subvencionar los precios o facilitar las importaciones de emergencia, mientras que los bancos centrales se enfrentan a la difícil combinación de inflación impulsada por la oferta y una demanda más débil.
Luego llega la repercusión fiscal. Si las carreteras, los puertos, los sistemas de riego, las escuelas y los hospitales no se pueden reparar o reemplazar a tiempo, las interrupciones temporales pueden convertirse en un lastre permanente para la capacidad productiva. Los gobiernos pueden verse obligados a desviar fondos destinados al desarrollo, endeudarse con poca antelación o esperar ayuda externa. Un déficit de financiación posterior a un desastre puede convertirse fácilmente en una recesión económica prolongada.
Cuando ocurre un desastre, los países deben estar preparados no solo para limitar los daños materiales, sino también para reducir la paralización económica, mantener los servicios públicos esenciales, contener la presión financiera y evitar que las pérdidas a corto plazo debiliten el crecimiento a largo plazo. Una recuperación sólida y rápida requiere brindar apoyo humanitario y estabilizar las condiciones macroeconómicas.
La magnitud del desafío es abrumadora. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, las pérdidas directas por desastres promediaron entre 180,000 y 200,000 millones de dólares anuales entre 2001 y 2020. Si se tienen en cuenta los efectos indirectos, en cascada y sobre los ecosistemas, el costo anual total asciende a más de 2.3 billones de dólares.
Asia debe estar preparada. Con ese fin, en mayo, los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de los países ASEAN+3 (los estados miembros del sudeste asiático, más China, Japón y Corea del Sur) respaldaron la Iniciativa de Financiamiento del Riesgo de Desastres 2026-28. Hoja de ruta. Este marco ayudará a los miembros a desarrollar estrategias nacionales de financiación del riesgo de desastres y a ampliar el uso de seguros, bonos de catástrofe y otros instrumentos pertinentes.
Sin duda, la financiación preestablecida no puede cubrir el coste total de un desastre de gran magnitud. Tampoco cabe esperar que los seguros lo hagan. Su valor reside en proporcionar financiación fiable durante la fase inicial crítica de una crisis, cuando las demoras son más perjudiciales y los gobiernos tienen menos margen de maniobra. Por ejemplo, el 1 de septiembre, el Fondo de Seguros contra Riesgos de Desastre del Sudeste Asiático, una plataforma regional bajo el paraguas de la ASEAN+3, pagó un millón de dólares a Laos en un plazo de cinco días hábiles después de que los datos oficiales mostraran que más de 260,000 personas se habían visto afectadas por las fuertes lluvias y las inundaciones generalizadas.
El enfoque adecuado consiste en ajustar la financiación al riesgo. Las reservas presupuestarias y los fondos para desastres pueden cubrir pérdidas frecuentes y relativamente pequeñas. El crédito contingente puede utilizarse para crisis de magnitud media, mientras que los seguros y los instrumentos del mercado de capitales deben reservarse principalmente para eventos menos frecuentes pero fiscalmente graves. Para garantizar que los fondos lleguen rápidamente a las comunidades afectadas, los gobiernos deben contar con sistemas de protección social y planes de contingencia eficaces.
Este proceso transforma las responsabilidades inciertas posteriores a un desastre en riesgos que pueden medirse, valorarse, asignarse y, sobre todo, gestionarse con antelación. Al prever algunos de los costes de recuperación, es menos probable que los gobiernos aumenten los impuestos abruptamente, recorten la inversión pública, recurran al endeudamiento de emergencia o retrasen la ayuda. La exposición fiscal se vuelve más predecible, lo que reduce la incertidumbre en torno a la deuda pública, la inflación y el crecimiento económico.
Los beneficios van más allá de los balances gubernamentales. Este enfoque también proporciona a las empresas y a los mercados financieros mayor claridad sobre la tributación posterior a un desastre, los recortes en la inversión pública, los retrasos en los pagos y las condiciones crediticias. Además, permite una restauración más rápida de puertos, carreteras, electricidad y comunicaciones, lo que limita las interrupciones en las cadenas de suministro regionales. En la región ASEAN+3, estrechamente integrada, la recuperación de una economía contribuye a preservar la estabilidad de sus vecinos.
La economía del cambio climático ha redefinido el papel de la financiación de riesgos de desastre. Ya no se trata simplemente de un instrumento periférico para el pago de indemnizaciones tras un fenómeno meteorológico extremo, sino que se ha convertido en una herramienta política que protege el margen fiscal y mejora las perspectivas a medio plazo antes de que se produzca una crisis. La financiación de riesgos de desastre funciona como un cortafuegos macroeconómico para la política fiscal, la estabilidad financiera, la seguridad alimentaria, la protección social y la planificación de infraestructuras, reduciendo tanto la volatilidad económica como la incertidumbre sobre la recuperación.
La ASEAN+3 lleva décadas construyendo una red de seguridad financiera regional frente a las crisis cambiarias y financieras. Ante el fortalecimiento del fenómeno de El Niño, que amenaza con afectar gravemente a la región, la siguiente tarea es clara: evitar que los desastres naturales se conviertan en crisis humanitarias, fiscales y, en última instancia, financieras. Con financiación regional para la gestión del riesgo de desastres, los gobiernos estarán en mejores condiciones para reactivar sus economías, preservar el margen fiscal y contener los efectos indirectos. Así es como se manifiesta la verdadera resiliencia en un mundo que se calienta.
El autor es director y CEO de la Oficina de Investigación Macroeconómica ASEAN+3 (AMRO).
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