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La libre determinación es el derecho fundamental de un pueblo a decidir libremente su forma de gobierno, su estatus político y su propio desarrollo económico, social y cultural, sin sufrir interferencias externas. Decidirlo libremente significa hacerlo en un ambiente de libertad plena, sin coacciones de ninguna clase, mediante elecciones honestas, plurales y competitivas.
Los codictadores de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, invocan a menudo este concepto fundamental del derecho internacional para justificar sus tropelías contra el pueblo nicaragüense y deslegitimar los llamados de la comunidad internacional a respetar los valores democráticos, las libertades fundamentales y los derechos humanos de sus propios ciudadanos.
También los gobiernos de México y Brasil invocan el principio de libre determinación de los pueblos, pero en su caso para para justificar su indiferencia ante las atrocidades de la dictadura de Nicaragua. Y para oponerse a que la comunidad democrática internacional ponga en práctica medidas contra los dictadores nicaragüenses.
Curiosamente, de igual manera claman por el respeto a la soberanía nacional y la libre determinación del pueblo nicaragüense algunas personas y grupos opositores a la dictadura, pero que son más opuestos a que la comunidad internacional intervenga para ayudar a restaurar la libertad y la democracia en Nicaragua. Expertos en derecho internacional explican que la autodeterminación nacional es la capacidad de un pueblo para definir la forma de Estado y de gobierno que desea tener, esto es para escoger su régimen de convivencia social. Y es también la facultad de una comunidad para decidir su pertenencia a un determinado Estado o su separación.
Agregan que la libre determinación es una facultad de los gobiernos para tomar decisiones sin intervención ni interferencia extranjeras, mientras que la autodeterminación es »un derecho de los pueblos para poder disponer de sí mismos”. Un derecho que pueden ejercer los pueblos ante sus gobiernos o incluso en contra de ellos.
Sin embargo, esos principios de derecho internacional no son excluyentes con los derechos humanos, la democracia y las libertades fundamentales para todos “sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”.
Nadie tiene derecho de gobernar si no respeta esos principios fundamentales. Y quien gobierna basándose en el ejercicio de la fuerza bruta y la represión, tiene que ser llamado por la comunidad internacional a rendir cuentas y poner fin a sus desmanes, o ser depuesto si no lo hace.
Pedirle a la comunidad internacional que haga eso en cumplimiento del derecho internacional y la obligación de proteger no significa de ninguna manera atentar contra la soberanía nacional ni violar el derecho a la libre determinación.
Las Naciones Unidas fueron constituidas en 1945, después de la derrota del nazismo y el fascismo en la II Guerra Mundial, con el propósito entre otros de promover y garantizar “el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”.
Por su parte, la OEA estableció en su Carta constitutiva de 1948 que “la misión histórica de América es ofrecer al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad y la realización de sus justas aspiraciones”. “La democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”, indica enfáticamente.
Más todavía, la Carta Democrática Interamericana de la OEA, adoptada en septiembre de 2001, asegura que “el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos”.
Esos valores y principios de las Américas no se defienden solos. Hay que defenderlos, lo cual es un deber de todos los Estados miembros de la OEA, entre ellos México y Brasil. Cuyos gobiernos no deberían poner por encima de esa responsabilidad su afinidad ideológica con dictadores despreciables como los de Nicaragua, que ofenden y avergüenzan a la comunidad democrática hemisférica y mundial.
En la próxima Reunión Extraordinaria de Cancilleres de la OEA, convocada para discutir sobre la situación de Nicaragua, los gobiernos de México y Brasil tendrán la oportunidad de reivindicarse. O para hundirse en la ignominia al respaldar de hecho a la brutal dictadura de Nicaragua.
