Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
La autonomía de la Costa Caribe de Nicaragua nació como una conquista histórica de los pueblos que durante generaciones defendieron su identidad, sus territorios y su derecho a gobernarse de acuerdo con sus propias realidades.
La Ley 28, aprobada en 1987, estableció un régimen de autonomía basado en la descentralización territorial y en la existencia de Consejos Regionales como instituciones fundamentales del gobierno autónomo. Sin embargo, después de casi cuatro décadas debemos hacernos una pregunta incómoda: ¿cuánto poder real tienen hoy nuestros pueblos para decidir sobre su propio destino?
Desde nuestra perspectiva, el problema no es que la autonomía carezca de fundamento jurídico. El problema es que hemos construido una autonomía de papel, mientras muchas decisiones fundamentales continúan dependiendo de Managua.
Uno de los elementos que debemos estudiar es la progresiva subordinación de la política costeña a las estructuras de los partidos nacionales. Yatama, como organización política indígena, buscó en distintos momentos alianzas con fuerzas nacionales para obtener espacios de poder y avanzar en determinadas reivindicaciones autonómicas.
En 2001, el entonces candidato presidencial Enrique Bolaños suscribió con Yatama, encabezada por Brooklyn Rivera, un acuerdo de compromisos que incluía reformas electorales y la creación de un Fondo de Desarrollo Indígena. El acuerdo fue firmado el 22 de octubre de 2001 y posteriormente varios de sus compromisos quedaron incumplidos.
En 2002, la dinámica de alianzas continuó. En la RAAN, Yatama llegó a formar una coalición con el FSLN para controlar la estructura ejecutiva regional, mientras el PLC cuestionaba ese proceso.
Posteriormente, el 2 de mayo de 2006, Brooklyn Rivera y Daniel Ortega suscribieron un acuerdo de gobernabilidad previo a las elecciones nacionales de ese año. Según fuentes académicas, Yatama comprometía apoyo electoral al FSLN y, a cambio, se planteaban compromisos relacionados con demarcación territorial, autonomía, elecciones costeñas, bosques y frontera agrícola. La alianza se consolidó políticamente durante las elecciones de 2006.
Estos antecedentes nos dejan una lección: cuando la agenda autonómica depende de pactos con estructuras políticas nacionales, existe el riesgo de que la autonomía se convierta en moneda de negociación electoral.
Esto no significa desconocer los avances que algunas alianzas produjeron. La Ley 445, aprobada en 2003, estableció un marco fundamental para la demarcación y titulación de los territorios indígenas y reconoció la existencia de autoridades territoriales.
Aquí aparece otro elemento fundamental: los Gobiernos Territoriales Indígenas (GTI). La Ley 445 reconoció a las autoridades territoriales como órganos de administración de las unidades territoriales que representan.
Por eso, desde el MPRM consideramos que el problema no es la existencia de los GTI. El problema aparece cuando la estructura territorial funciona de manera fragmentada y no existe una articulación política efectiva entre comunidades, territorios y gobierno regional. Una institución creada para fortalecer el autogobierno puede terminar siendo insuficiente si no tiene capacidad política, económica y administrativa real.
Pasar de la autonomía de papel a la autonomía real exige cambiar precisamente esa realidad.
La autonomía real significa que las decisiones fundamentales sobre el desarrollo de la Moskitia no sean tomadas exclusivamente desde Managua. Significa descentralizar recursos, competencias y responsabilidades. Significa que los pueblos y comunidades participen efectivamente en las decisiones sobre sus territorios, recursos naturales, educación, infraestructura, cultura y desarrollo económico.
El MPRM propone avanzar hacia una descentralización profunda, donde la autonomía no sea únicamente la elección periódica de autoridades regionales, sino un verdadero sistema de gobierno territorial.
No buscamos separar la Moskitia de Nicaragua. Buscamos que Nicaragua reconozca que un Estado fuerte también puede ser un Estado descentralizado, capaz de respetar las particularidades históricas, culturales y territoriales de sus regiones.
Nuestra propuesta es pasar de una autonomía administrada desde arriba a una autonomía construida desde abajo: desde las comunidades, desde los territorios y desde la voluntad de sus pueblos.
La restauración que proponemos no consiste en regresar al pasado. Consiste en recuperar el sentido original del autogobierno y adaptarlo al presente. Porque la autonomía no puede limitarse a estar escrita en una ley. La autonomía debe sentirse en la comunidad, ejercerse en el territorio y convertirse en poder real de decisión.
Eso es lo que busca el Movimiento Político Restauración de la Moskitia: pasar de la autonomía de papel a la autonomía real.
El autor es portavoz del Movimiento Político Restauración de la Moskitia (MPRM).
