Reflexiones sobre la participación política de las juventudes nicaragüenses

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Hablar sobre la participación política de las juventudes nicaragüenses exige comenzar reconociendo una paradoja. Ocho años después de abril de 2018, seguimos preguntándonos dónde están los jóvenes, como si una generación entera no hubiese irrumpido ya en la historia política reciente de Nicaragua y pagado un precio extraordinariamente alto por hacerlo. Medir la participación política juvenil exclusivamente por la cantidad de jóvenes que hoy ocupan una silla en una organización, una coalición, una conferencia de prensa o una estructura opositora es partir de una fotografía incompleta.

Antes de preguntarnos por qué hay pocos jóvenes en determinados espacios, deberíamos preguntarnos qué ocurrió con la generación que los ocupó espontáneamente en 2018. Responder esa pregunta implica comprender los niveles de la represión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), documentó ataques contra estudiantes en distintas universidades del país y señaló posteriormente la persecución selectiva contra manifestantes, estudiantes y liderazgos sociales. También registró expulsiones universitarias como represalia por la participación en las protestas. El GIEI, cuyo mandato comprendió los hechos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, concluyó que durante aquel período se produjeron graves violaciones a derechos humanos en el contexto de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Por eso, la ausencia de juventudes en determinados espacios políticos no puede analizarse al margen de la cárcel, la persecución, la expulsión universitaria, el desplazamiento y el exilio. La pregunta no puede ser simplemente dónde están los jóvenes. También debe ser ¿qué condiciones políticas hemos construido para que puedan participar? Nadie representa por sí solo a una generación.

Por otro lado, me llama especialmente la atención, que en algunos debates recientes sobre Nicaragua parece haberse instalado una competencia por determinar quiénes son los jóvenes “verdaderamente” representativos, quién tiene suficiente origen popular, quién pertenece a la clase trabajadora, quién está suficientemente lejos de las élites o quién posee las credenciales necesarias para hablar en nombre de una generación.

Desde mi perspectiva, ese ejercicio reproduce precisamente una de las prácticas que deberíamos superar. Las juventudes nicaragüenses no constituimos un sujeto homogéneo. Existen jóvenes campesinos, profesionales, estudiantes, trabajadores, migrantes, desempleados, emprendedores, activistas, investigadores, defensores de derechos humanos, etc. Hay jóvenes dentro de Nicaragua y jóvenes en el exilio. Existen diferencias económicas, territoriales, ideológicas, culturales y generacionales incluso dentro de aquello que cómodamente llamamos “juventudes”.

Por eso, nadie cuenta con un certificado de autenticidad para hablar en nombre de todos. Mucho menos es democrático establecer una vara subjetiva mediante la cual unos jóvenes conceden o retiran legitimidad a otros según los espacios a los que pertenecen, las personas con las que dialogan o las organizaciones en las que trabajan. Creo que la crítica a las élites es necesaria, la concentración del poder político también debe discutirse. Nicaragua necesita cuestionar profundamente sus mecanismos históricos de exclusión, sus redes de privilegios y sus prácticas de cooptación; pero una crítica seria exige evidencia.

No podemos convertir categorías como “élite”, “padrinazgo” o “privilegio” en etiquetas que colocamos sobre cualquier joven cuyo liderazgo no nos agrada, hacer eso no democratiza la política, simplemente reemplaza un mecanismo de exclusión por otro. La clase trabajadora no es una identidad que alguien pueda monopolizar Hay que tener especial cuidado con la utilización de la condición de clase como mecanismo para conceder legitimidad política.

El exilio nicaragüense ha creado realidades verdaderamente más complejas de lo que algunas narrativas reconocen. Conozco personas que participan en espacios políticos mientras trabajan jornadas completas para sostenerse. También hay quienes combinan dos o tres trabajos con activismo, incidencia, organización comunitaria o defensa de derechos humanos, especialmente en Costa Rica donde el costo de la vida es particularmente alto. He visto casos de profesionales que tuvieron que reconstruir sus vidas desde cero y personas que pasaron de dirigir organizaciones o movimientos en Nicaragua a realizar trabajos completamente diferentes en los países que las recibieron. Por eso, hablar de unas juventudes como “trabajadoras” y de otras como supuestamente privilegiadas, cooptadas o apadrinadas sin conocer sus condiciones materiales no constituye un análisis de clase, es más bien una simplificación irresponsable. Lo más preocupante ocurre cuando esa simplificación termina negándole agencia política al otro. Hablar, explícita o implícitamente, de que un joven ocupa determinado espacio únicamente porque alguien lo colocó allí, equivale a asumir que carece de criterio, trayectoria o capacidad para tomar decisiones propias. Irónicamente, es un discurso que pretende denunciar relaciones de poder; pero termina siendo profundamente paternalista.

La política democrática empieza por reconocer al otro Como sabemos nuestra Nicaragua, arrastra una cultura política atravesada por el caudillismo, el sectarismo, la descalificación y la pretensión de monopolizar la verdad. Mi generación no está inmunizada contra ella simplemente por ser joven. Podemos hablar de renovación mientras descalificamos a quienes piensan diferente, exigir pluralismo mientras consideramos ilegítimo cualquier espacio en el que nosotros no estamos presentes, reclamar representación mientras hablamos en nombre de personas que nunca nos otorgaron esa representación.

Por eso me resulta especialmente problemático cuando encuentro en diferentes espacios, que se habla en nombre de “los jóvenes” o de “la gente que está dentro”. Quienes vivimos fuera debemos conservar la suficiente humildad política para reconocer algo fundamental, que es que Nicaragua no está vacía esperando ser salvada por quienes estamos en el exilio. Dentro del país continúa existiendo pensamiento crítico, formas silenciosas de resistencia, conversaciones familiares y comunitarias, redes de confianza y nuevas maneras de interpretar la realidad. Muchas de ellas no puedan expresarse públicamente debido a la represión; pero eso no significa que hayan desaparecido o que no existan. Por eso, hablar por esas personas sin poder conocer plenamente lo que piensan, no solo replica una mirada paternalista, sino que niega la agencia política que la gente adentro tiene y se apropia de una representación que no ha sido conferida, convierte el silencio impuesto por la represión en un consentimiento que nadie está en condiciones de presumir. Participar no significa solamente ocupar una silla.

Ahora bien, si queremos tener una discusión seria sobre la participación de las juventudes, deberíamos cambiar la pregunta. No es suficiente preguntar cuántos jóvenes están invitados a una mesa; sino que es necesario cuestionar qué aportan cuando llegan a ella. La participación política no puede reducirse a presencia, fotografías, cuotas generacionales o vocerías. Una persona joven no renueva automáticamente un espacio por el hecho de tener menos edad que quienes lo integraban anteriormente.

Contribuir a los espacios significa aportar ideas, construir propuestas, organizar personas, producir conocimiento, tender puentes, representar demandas, trabajar territorialmente, defender derechos, construir consensos y asumir responsabilidades. También significa construir poder propio, si una generación considera que las estructuras existentes no la representan, tiene todo el derecho de crear otras. Esa es precisamente una de las posibilidades más poderosas de la política democrática. Las juventudes no tenemos por qué esperar eternamente que alguien nos conceda una silla, podemos construir organizaciones, movimientos, redes, plataformas y propuestas capaces de disputar democráticamente el espacio público. Pero esa legitimidad no se proclama en entrevistas criticando los pocos esfuerzos que existen, se construye. Creo que, una organización que afirma representar a las juventudes debería poder mostrar dónde están esas juventudes (con los matices de seguridad que aplican en este contexto), cómo participan, cómo toman decisiones, qué propuestas han producido y qué sectores diversos de la juventud nicaragüense simpatizan con esa expresión política. La representatividad no nace de repetir que se representa a alguien, se construye mediante confianza, trabajo, coherencia y capacidad de convocatoria. El costo de abrirse espacio La discusión tiene además una dimensión que pocas veces reconocemos: el adultismo. Llegar siendo joven a espacios de decisión en organizaciones políticas, sociales, académicas o de sociedad civil nicaragüense rara vez ha sido fácil.

Muchas personas jóvenes hemos tenido que demostrar reiteradamente que poseemos suficiente experiencia, capacidad o criterio para ocupar lugares tradicionalmente reservados para generaciones mayores. Por eso resulta paradójico que, cuando finalmente algunas juventudes rompen esas barreras, nuestra primera reacción sea sospechar de ellas. Estoy de acuerdo con que los jóvenes que hoy dirigimos organizaciones de sociedad civil, coordinamos proyectos, investigamos, hacemos incidencia internacional, participamos en espacios políticos o construimos iniciativas desde el exilio no deberíamos estar exentos de fiscalización. Creo que todo liderazgo debe poder ser cuestionado; pero fiscalizar no significa deslegitimar. Una cultura democrática necesita aprender simultáneamente a reconocer logros y señalar errores. Celebrar que otra persona joven haya conseguido ocupar un espacio históricamente difícil no implica renunciar a criticarla, significa comprender que ampliar la presencia de juventudes en los espacios de decisión es, en sí mismo, parte de la transformación que durante años hemos reclamado. Nicaragua cuenta hoy con una generación diversa de personas jóvenes que, desde lugares y trayectorias distintas, ha asumido responsabilidades públicas. Yunova Acosta, Juan Diego Barberena, Luis Blandón, Max Jerez, María Laura Alvarado, Lesther Alemán, Brisa Bucardo, Vlada Krassova, Diana Carballo, Elison Altamirano, Noe González, Christy Martínez, Gender Sotelo, Kathy Lechado, Katherine Ramírez, Lulio Marenco, son apenas algunos nombres de una generación mucho más amplia que continúa haciendo política, organizándose y aportando desde distintos espacios. Por supuesto, esta enumeración contempla únicamente algunas de las voces que hoy pueden hacerse visibles, sin contar a tantos jóvenes que permanecen dentro de Nicaragua y que, bajo condiciones profundamente adversas, continúan encontrando formas de resistir, pensar y construir país. Estos jóvenes no piensan necesariamente igual, tampoco pertenecen a los mismos espacios, ni tienen las mismas trayectorias, ni deberían ser presentados como un bloque homogéneo. Ahí justamente está el punto, la participación política de las juventudes que Nicaragua necesita no debería aspirar a fabricar una nueva generación de pensamiento único. Necesitamos juventudes capaces de discrepar sin destruirse, competir sin deshumanizarse y cuestionarse mutuamente sin convertir cada diferencia en una prueba de pureza política. ¿Qué cultura política queremos heredar? Nuestra generación tiene razones suficientes para cuestionar a quienes estuvieron antes; pero también debe preguntarse qué prácticas está reproduciendo. Si aspiramos a construir una Nicaragua democrática, nuestra responsabilidad no consiste solamente en denunciar el autoritarismo de quienes gobiernan. También implica identificar las pequeñas prácticas autoritarias que sobreviven en nuestros propios espacios, la descalificación personal, la sospecha permanente, el sectarismo, la búsqueda de enemigos, el culto a determinadas figuras y la incapacidad de reconocer legitimidad fuera del círculo propio. Abril de 2018 nos demostró que las juventudes nicaragüenses tenemos una extraordinaria capacidad de irrumpir en la historia. La represión posterior demostró también el enorme costo que podemos pagar por hacerlo. Ocho años después, creo que corresponde reconocer a quienes, pese al exilio, la persecución, la precariedad y las múltiples barreras, siguen haciendo política, sosteniendo organizaciones, construyendo propuestas y ocupando espacios que también han tenido que ganarse. Nuestra tarea no debería ser deslegitimar esas trayectorias ni convertir la participación en una competencia por quién representa mejor a “la juventud”, sino construir una cultura política distinta, una en la que la legitimidad se construya con trabajo, propuestas, capacidad de convocatoria y coherencia, no reclamando espacios como si la sola condición de joven otorgara derecho sobre ellos. Las juventudes nicaragüenses no necesitamos nuevos árbitros que determinen quién es suficientemente popular, auténtico o legítimo para participar. Necesitamos reconocer nuestra pluralidad y asumir que hacer política también implica construir fuerza propia, aportar y aceptar que otros han construido la suya. La democracia que aspiramos a construir comienza mucho antes de unas elecciones, empieza en nuestra capacidad de reconocer el trabajo del otro, disentir sin convertir la descalificación en una práctica política y comprender que la pluralidad exige, ante todo, responsabilidad, coherencia y respeto por la agencia de los demás.

La autora es internacionalista, máster en Escritura Creativa en Español por la USAL, Directora Ejecutiva de Fundación Sin Límites.

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