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Así como es falso el antimperialismo de la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo —tal como lo analizamos y demostramos en el editorial del pasado lunes 13 de julio—, también su defensa de la soberanía nacional, o soberanismo, es falso de toda falsedad.
El soberanismo de la dictadura de Ortega y Murillo es otra máscara con la que pretende encubrirse para no responder ante la comunidad internacional por las violaciones masivas a los derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad, que comete contra el pueblo nicaragüense.
El soberanismo es algo bueno y necesario que practican todos los gobiernos democráticos en sus relaciones internacionales. El soberanismo significa el derecho de cada país a autogobernarse en base del ejercicio de la soberanía popular, de no subordinarse a poderes extraños ni tolerar injerencias extranjeras. Eso sin perjuicio de las relaciones de cooperación e interdependencia económica y tecnológica de interés mutuo, pero conservando la autonomía en la toma de decisiones.
El soberanismo como práctica y defensa de la soberanía nacional representa la autoridad legítima de un Estado para gobernarse a sí mismo, tomar decisiones autónomas y legislar sin interferencias externas.
La soberanía nacional tiene un doble contenido. Por un lado, la soberanía interna que se materializa en el autogobierno y la supremacía de la ley dentro del territorio nacional; y por otra parte, la soberanía externa que consiste en la independencia y la igualdad jurídica frente a otros Estados.
En todo caso, y de acuerdo con el derecho internacional que emana de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, la soberanía nacional en su doble dimensión reside en el pueblo. El poder supremo en un país soberano pertenece a los ciudadanos y no a un caudillo, ni a una pareja conyugal, un partido político o grupo oligárquico.
La soberanía nacional es patrimonio del conjunto de los ciudadanos del país, le pertenece al pueblo del que emana y en el cual reside. Y que la materializa a través del voto popular libre y la elección democrática de sus representantes, legisladores y mandatarios. En resumen, sin soberanía popular no se puede hablar de soberanía nacional.
La dictadura de Nicaragua vacía de su contenido la soberanía nacional al no reconocer la soberanía popular, no respetar los derechos civiles de los ciudadanos que la hacen posible y verdadera. Pero además de que desnaturaliza la soberanía nacional al vaciarla de soberanía popular, la usa para tratar de ocultar sus crímenes ante la comunidad democrática internacional, calificando de intromisión extranjera en los asuntos internos de Nicaragua todo pronunciamiento o acción internacional en defensa del pueblo nicaragüense.
Cabe mencionar que invocar la soberanía nacional sin reconocer la soberanía popular, a fin de ocultar sus crímenes, es una estrategia común de todos los regímenes dictatoriales. Se le llama en este caso “soberanismo autoritario” y es practicado por los gobernantes de Rusia, China, Corea del Norte, Cuba y demás dictaduras que existen en diversas partes del mundo.
Pero hay que desenmascararlos, por lo menos, ya que el derecho internacional no tiene mecanismos ni recursos para castigar a las dictaduras, que son las depredadoras de la humanidad.
