El fusilamiento jurídico de los abogados

Algunas de las víctimas del fusilamiento jurídico masivo de profesionales del Derecho opinan que esta medida represiva se suma a un patrón más amplio de persecución contra abogados, defensores de derechos humanos, opositores políticos y ciudadanos identificados con la defensa de la democracia en Nicaragua.

Aseguran que la eliminación de garantías profesionales demuestra que la represión no se limita a detenciones arbitrarias o procesos penales fabricados, sino que también utiliza mecanismos administrativos para destruir carreras profesionales, limitar derechos y obligar al silencio social.

Explican además que la cancelación del derecho de los abogados a ejercer la profesión los afecta gravemente a ellos y a sus familias, porque les quita la facultad de ganarse la vida con el ejercicio de su profesión. Pero también perjudica a los usuarios de los servicios de abogacía, incluyendo al sector empresarial que se verá afectado sensiblemente ante la falta de representantes y asesores legales de su confianza. Todo lo cual genera una mayor inseguridad jurídica e indefensión en los negocios.

La grave arbitrariedad que se ha cometido contra tantos abogados es algo típico de las dictaduras de naturaleza u orientación totalitaria, cuyos líderes tienen un patológico afán represivo y sienten un odio sin límites a la libertad y los derechos de las personas y las asociaciones. Ante todo, los derechos políticos, pero en general todos los que son inherentes al ser humano.

Los abogados, en el totalitarismo no pueden ser defensores de los derechos civiles ni de las personas a las que les son violados. Ellos son obligados a someterse al Estado y ser un engranaje del aparato represivo. Su principal función profesional tiene que ser por fuerza la validación de las decisiones arbitrarias de los dictadores.

Hay que estar claros de que con dictaduras como la de Nicaragua (o las de Cuba, Rusia, China o Corea del Norte, entre otras), el derecho no es para proteger a las personas frente al Estado. Por el contrario, las leyes favorecen al poder estatal, o son redactadas de manera ambigua a fin de darle discrecionalidad a los fiscales y jueces para reprimir cualquier forma de oposición y disidencia.

El abogado y politólogo judío-alemán, Bernd Rüthers (1930-2023), quien sufrió en su propia carne los ultrajes de la dictadura nazi hasta que pudo huir a Estados Unidos en 1941, explicó en sus obras jurídicas y políticas que el derecho en el Estado totalitario es dual.

Por una parte, es un “Estado de normas”, o sea que hay un sistema legal ordinario que regula los contratos, los divorcios, los límites de propiedad, la circulación, etc. Eso permite que la sociedad funcione y la gente tenga una falsa sensación de normalidad.

Por otra parte, es un “Estado de medidas”, una especie de reino de la arbitrariedad en el que la policía, los paramilitares y los fiscales y jueces de la dictadura operan sin límite de derechos ni control judicial. Así, cuando una persona es calificada como enemiga del régimen, o “traidora a la patria”, se “apaga” el Estado de normas, se “enciende” el Estado de medidas, que no reconoce ninguna clase de garantías y derechos y aplasta a quienes quiere silenciar.

En este tipo de régimen político la indefensión es sistémica. Al carecer la sociedad de un sistema judicial independiente y de abogados que actúen con libertad y criterio profesional, los ciudadanos quedan desprotegidos ante el control estatal, las represiones políticas y los latrocinios gubernamentales. Los derechos naturales de la persona son suprimidos, no se reconocen los derechos humanos universales, e impera un Estado brutal que no se basa en leyes sino en la violencia arbitraria y discrecional para ejercer el control político total.

Esa es la trágica situación actual del indefenso pueblo nicaragüense. Sin leyes que lo protejan, sin derechos reconocidos por el Estado, sin partidos políticos de oposición ni organizaciones sociales que lo representen, y sin abogados que lo puedan defender.