Un grupo de católicos nicaragüenses pidió este 10 y 11 de junio al papa León XIV mantener la atención sobre la persecución contra la Iglesia en Nicaragua, respaldar a los religiosos encarcelados o exiliados y no olvidar el testimonio de los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez. La misión fue encabezada por el sacerdote dominico Rafael Aragón, originario de Burgos, España, nacionalizado nicaragüense desde 1990 y exiliado en la actualidad.
Aragón entregó a representantes del Pontífice un documento en que solicita a la Santa Sede acompañar a los fieles que enfrentan la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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Pidió también el respaldo para los religiosos que han sido encarcelados, expulsados o forzados al exilio. El documento en Roma fue entregado por Aragón y Gabriel Putoy, laico originario de Monimbó y miembro del Grupo de Excarcelados Políticos (GREX). Desde el exilio, este último ha denunciado la persecución transnacional que sufren numerosos nicaragüenses.
Durante la visita, ambos sostuvieron reuniones con funcionarios de distintos dicasterios de la Santa Sede. Ellos expusieron la grave crisis de derechos humanos y el persistente asedio contra la Iglesia católica en el país. Asimismo, entregaron un informe que recopila testimonios, hechos y evidencias sobre la realidad que enfrenta actualmente la Iglesia en Nicaragua.
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Expusieron las restricciones que alcanzan las expresiones públicas de fe , debido a que “se prohíben las manifestaciones religiosas fuera de los templos y sus alrededores”. Así se limitan las prácticas que consideran profundamente arraigadas en la cultura nicaragüense. “Como pueblo nicaragüense valoramos profundamente las celebraciones públicas como signo de identidad y de fe compartida”, señalan.
En el documento describen un contexto de vigilancia y control sobre la comunidad católica. “Nuestro pueblo vive bajo un régimen de terror, control y represión”, afirman. En ese sentido, sostienen que los fieles son asediados en sus hogares y registrados cuando participan en celebraciones litúrgicas comunitarias, mientras que los sacerdotes deben informar sobre sus desplazamientos y las actividades que realizan fuera de sus parroquias.
“Los sacerdotes están obligados a informar sobre sus desplazamientos fuera del centro parroquial, y dar razones de todo lo que van a hacer o decir en los encuentros y reuniones en los que participen”, indica el texto. Añade que también enfrentan restricciones durante sus prédicas, situación que “ha llevado a algunos a omitir la predicación por temor a represalias”, lamentan.
Disminución de participación en actividades
Por otro lado, ellos sostienen que existe una disminución de la participación de fieles en las celebraciones religiosas ordinarias. Sin embargo, aseguran que la comunidad católica mantiene viva su fe pese a las dificultades. “Nuestra vivencia de fe se asemeja a la de las comunidades descritas en el libro del Apocalipsis, que perseveran en medio de la persecución. Como ellas, permanecemos firmes en la esperanza, confiando en que Dios es el Señor de la Historia y hará justicia”.
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Asimismo, el dominico y Potoy explicaron que, durante la crisis de 2018 desatada por la represión, los templos se convirtieron en refugios para los perseguidos, mientras sacerdotes y obispos asumieron un papel activo en la defensa de la dignidad humana, inspirados en la Doctrina Social de la Iglesia.
“Esto provoca una mayor confrontación por parte del Gobierno, que ha acusado a la Iglesia de interferir en asuntos políticos y ha cuestionado su estructura y autoridad”, detallan.
Sobre la situación de las congregaciones religiosas, ambos sostienen que Ortega y Murillo han restringido su trabajo educativo y pastoral en los centros de enseñanza católicos. Según el documento, a los directores de estas instituciones “se les exige un estricto silencio y permanecen bajo supervisión de representantes políticos partidarios”.
Asimismo, afirman que varias congregaciones han sido obligadas a abandonar Nicaragua. Los firmantes también mencionan el cierre de obras sociales vinculadas a la Iglesia y la confiscación de instituciones educativas, entre ellas, el de las oficinas y proyecto de Cáritas e instituciones de pastoral social, como la nacionalización de la Universidad Centroamericana (UCA).
Piden apoyo para los obispos Álvarez y Báez
Entre las peticiones dirigidas al pontífice, los firmantes señalan que los católicos nicaragüenses continúan practicando su fe en medio de la persecución, pero resienten la ausencia de una voz pastoral cercana.
«Santo Padre, el pueblo está sufriendo, aunque en la clandestinidad mantiene firme su fe, pero siente la ausencia de la voz del Pastor, que anima, orienta y fortalece su fe en las pruebas más duras de la represión, la cárcel y el exilio», señala el documento.
Los autores consideran que una manifestación pública de apoyo por parte del Papa tendría un impacto significativo entre los creyentes y le piden no olvidar “el testimonio profético de monseñor Álvarez, ejemplo de resistencia, solidaridad con los privados de libertad y de amor y cercanía a los perseguidos y encarcelados”.
En agosto de 2025, el Papa León XIV recibió a los obispos exiliados de Nicaragua y los confirmó en sus diócesis: Baéz es auxiliar en Managua, Isidoro Mora en Siuna y Carlos Herrera de Jinotega. Tres meses después, el pontífice recibió a Álvarez, actual obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí.
El padre Aragón solicitó que la Santa Sede mantenga un acompañamiento cercano a los fieles nicaragüenses, en línea con el espíritu del Concilio Vaticano II, y que las relaciones diplomáticas con Nicaragua no debiliten el carácter profético del pontífice.
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El documento también pide respaldar la labor pastoral de monseñor Silvio José Báez y permitir que los sacerdotes expulsados, o forzados al exilio, puedan expresar públicamente sus reflexiones “con plena libertad” para seguir acompañando al Pueblo de Dios dentro y fuera del país. El texto concluye con una invocación a la Virgen María y el compromiso de los firmantes de acompañar con sus oraciones el pontificado de León XIV.
