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CONTENIDO EXCLUSIVO.Las nuevas disposiciones anunciadas por Daniel Ortega y Rosario Murillo para regular el ingreso y permanencia en la carrera de Medicina fueron presentadas por el régimen como un esfuerzo para garantizar “altos estándares académicos, éticos, psicológicos y de compromiso social” en la formación de los futuros médicos nicaragüenses. A partir de ahora, los estudiantes deberán acreditar un promedio mínimo de noventa puntos en secundaria y aprobar todas las asignaturas universitarias en el primer intento si quieren continuar en la carrera.
Las medidas fueron anunciadas después de que un médico fuera señalado por una cirugía estética que terminó con la muerte de una paciente y de que trascendieran denuncias sobre la condición mental de una doctora. Sin embargo, para especialistas consultados dentro y fuera del país, el problema de fondo no está en las notas de los estudiantes ni en casos individuales, sino en un proceso de deterioro institucional que comenzó mucho antes.
“Es una actitud totalmente falsa”, afirma Ana Quirós, especialista en salud pública y exdirectora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas). “La voluntad de Ortega y Murillo no pasa por mejorar la calidad de atención, sino lo que quieren es someter cada vez más al personal médico a los designios del régimen”.
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La crisis que hoy enfrenta el sistema sanitario nicaragüense no surgió de manera repentina. Tampoco puede explicarse únicamente por la escasez de recursos económicos o por las limitaciones históricas de la salud pública en uno de los países más pobres de América Latina.
Médicos, especialistas y organizaciones profesionales coinciden en que es el resultado de una serie de decisiones acumuladas durante casi dos décadas, que transformaron progresivamente al sistema de salud en un espacio subordinado a intereses políticos.
El regreso de Ortega
Cuando Ortega regresó al poder en enero de 2007 encontró un sistema sanitario con enormes carencias. Los hospitales sufrían limitaciones presupuestarias, los servicios especializados estaban concentrados en las principales ciudades y miles de personas tenían dificultades para acceder a la atención médica.
Una de las primeras medidas de su gobierno fue restablecer la gratuidad de los servicios públicos de salud, una decisión que tuvo un impacto inmediato en los sectores más pobres y que se convirtió en una de las principales banderas sociales del nuevo gobierno.
Durante los años siguientes, el presupuesto del Ministerio de Salud aumentó considerablemente. Entre 2006 y 2020 pasó de aproximadamente 180 millones a 529 millones de dólares.
También se multiplicaron las inversiones en infraestructura. Entre 2007 y 2021, el Estado destinó alrededor de 237 millones de dólares a proyectos hospitalarios, según datos del Sistema Nacional de Inversión Pública. Las Casas Maternas crecieron de 20 a 182 y los puestos de salud pasaron de unos 940 a más de 1,400.
Sin embargo, mientras la infraestructura crecía, dentro del sistema comenzaba a desarrollarse otro proceso menos visible. Según médicos consultados para este reportaje, desde los primeros años del retorno de Ortega al poder se fortaleció la influencia de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud), organización históricamente vinculada al Frente Sandinista y dirigida durante años por Gustavo Porras, actual presidente de la Asamblea Nacional.
Un médico salubrista actualmente exiliado sostiene que la utilización política del sector salud no comenzó en 2007. A su juicio, Ortega ya había utilizado al gremio médico como instrumento político desde la década de los ochenta y posteriormente durante los gobiernos posteriores a la derrota electoral del sandinismo.
“Lo que hacía Ortega era promover huelgas supuestamente para reivindicar derechos de los trabajadores, pero al final no se conseguían mejoras reales para los médicos, sino objetivos políticos”, afirma el especialista. Según su relato, la influencia de Fetsalud se hizo particularmente evidente durante los conflictos laborales de finales de los años noventa, cuando sectores independientes del gremio médico reclamaban mejores salarios y condiciones laborales.
Tras el regreso de Ortega al poder, esa influencia adquirió una nueva dimensión. Médicos consultados afirman que aspectos tradicionalmente vinculados al desempeño profesional comenzaron a depender cada vez más de consideraciones políticas. Ascensos, permisos, capacitaciones, asignación de plazas y oportunidades de desarrollo profesional quedaron progresivamente bajo la influencia de estructuras partidarias o sindicales afines al Gobierno.
Ana Quirós sostiene que la partidización también alcanzó la prestación de servicios. Según la especialista, durante los primeros años del actual período sandinista se registraron casos en los que determinados procedimientos médicos requerían referencias provenientes de estructuras vinculadas al sandinismo.
“Esto afectó desde muy temprano la prestación de servicios y el funcionamiento de las instituciones sanitarias del país”, afirma. “Esto continuó y se profundizó aún más con el nombramiento de personas que no cumplían los requisitos técnicos y profesionales, sino que respondían a decisiones de carácter político partidario”.
Paralelamente, trabajadores de la salud comenzaron a denunciar presiones para participar en actividades políticas. Marchas, concentraciones, jornadas partidarias y actividades organizadas por el Frente Sandinista pasaron a formar parte de la vida cotidiana de numerosos empleados públicos.
La doctora Anely Pérez Molina, especialista en Dermatología que actualmente reside fuera de Nicaragua, considera que esta situación ha contribuido al creciente descontento dentro del sistema sanitario.
“Hay un descontento con las obligaciones a los trabajadores de la salud. Muchos no están contentos con estar ejerciendo actividades políticas en las unidades de salud, como asistir a mítines políticos o actividades que se relacionan más a la propaganda”, declaró.
Universidades bajo control
La influencia política también alcanzó a las universidades y centros de formación médica. Un salubrista exiliado sostiene que desde 2007 el acceso a determinadas especialidades comenzó a depender cada vez más de recomendaciones provenientes de estructuras partidarias.
“Para ingresar a las universidades y para optar a especialidades médicas había que cumplir requisitos políticos o contar con recomendaciones de organismos sandinistas”, asegura. “Por eso vemos la total deficiencia actual de médicos, que prácticamente no brindan la atención, no son médicos de calidad, sino que son médicos mediocres, que pasaron los años de la especialidad y fueron aprobados por cuestiones políticas. No cumplieron los requisitos académicos, pero sí los políticos. Son fichas del Frente Sandinista”, dice.
Ana Quirós coincide en que la formación profesional fue una de las áreas más afectadas por la creciente influencia política. “Es preocupante porque estamos hablando de futuros profesionales con bases de conocimientos muy débiles”, sostiene. “Las decisiones parten de arbitrariedades y no de una voluntad de mejorar la capacidad técnica y profesional del gremio médico”.
Crisis de 2018
Durante varios años, este proceso avanzó sin provocar una ruptura visible. Los hospitales seguían funcionando, la red sanitaria continuaba expandiéndose y el discurso oficial sobre la gratuidad de la salud mantenía respaldo entre amplios sectores de la población. Sin embargo, la crisis política de 2018 alteró radicalmente ese escenario.
Las protestas que comenzaron en abril de ese año y la represión posterior colocaron al personal sanitario frente a una situación sin precedentes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó denuncias según las cuales hospitales públicos se negaron a atender a manifestantes heridos durante los meses más violentos de la crisis. También registró denuncias sobre presiones ejercidas contra familiares de víctimas fallecidas.
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Centenares de médicos y trabajadores de la salud decidieron desobedecer las orientaciones oficiales. Algunos atendieron heridos dentro de los hospitales. Otros lo hicieron en iglesias, universidades, viviendas particulares o clínicas improvisadas. Lo que siguió fue una de las mayores purgas profesionales registradas en el sistema sanitario nicaragüense.
La Asociación Médica Nicaragüense documentó inicialmente más de un centenar de despidos. Posteriormente, la Unidad Médica Nicaragüense estimó que entre 2018 y 2020 fueron despedidos por razones políticas al menos 468 trabajadores de la salud, incluidos especialistas y subespecialistas con décadas de experiencia.
Un médico despedido tras las protestas recuerda el ambiente que predominaba dentro de las instituciones sanitarias. “A los médicos que estábamos en el Ministerio de Salud siempre nos decían que detrás de cada puesto de nosotros había tres o cuatro personas esperando, que eran gente de ellos y que no iban a traicionar al Gobierno”, relata.
Los despidos tuvieron consecuencias inmediatas para numerosos hospitales. Muchos de los profesionales cesados optaron por abandonar el país. Costa Rica se convirtió en uno de los principales destinos, aunque también hubo exiliados en Estados Unidos, España y otros países de América Latina.
Sangría de especialistas
Según un médico salubrista entrevistado para este reportaje, algunas especialidades quedaron seriamente afectadas. “Te podría decir que más del 95 por ciento de médicos de experiencia que ofrecían consultas de calidad en hospitales como La Mascota se fueron. Varios subespecialistas abandonaron el país y esas áreas quedaron descubiertas”, afirma.
Ana Quirós sostiene que algunas de las pérdidas fueron particularmente sensibles. “Corrieron a profesionales, algunos de ellos con especialidades únicas, como es el caso de la cirugía urológica, donde había en el país solo un profesional especializado en esa área y fue corrido por discrepancias políticas”, señala.
El impacto de esos despidos no se limitó a la pérdida de especialistas. También generó un profundo efecto de intimidación dentro del sistema sanitario. Muchos trabajadores evitaron realizar declaraciones públicas, abandonaron actividades gremiales o decidieron limitar cualquier expresión crítica hacia las autoridades.
Dos años después llegó la pandemia de covid-19 y la relación entre el régimen y el gremio médico entró en una nueva etapa de confrontación.
Mientras la mayoría de los países de la región implementaban restricciones sanitarias y campañas masivas de prevención, Nicaragua siguió una estrategia distinta. El Gobierno minimizó públicamente la gravedad de la enfermedad, organizó actividades multitudinarias y evitó adoptar medidas similares a las aplicadas en el resto de Centroamérica. Ante ese escenario, médicos independientes comenzaron a divulgar información sobre contagios, hospitalizaciones y fallecimientos.
La reacción oficial fue inmediata. Según diversas denuncias, varios profesionales fueron convocados por autoridades sanitarias y advertidos para que dejaran de ofrecer información pública sobre la evolución de la pandemia. Algunos fueron amenazados con sanciones profesionales.
Alerta por covid
La confrontación alcanzó un nuevo nivel cuando trabajadores de la salud comenzaron a exigir equipos adecuados de protección para atender pacientes infectados.
La pandemia profundizó una fractura que ya se había abierto en 2018. Si las protestas habían demostrado hasta dónde estaba dispuesto a llegar el régimen para imponer disciplina política dentro de los hospitales, la emergencia sanitaria mostró las consecuencias que esa lógica podía tener cuando el país enfrentaba una crisis de salud pública.
Nicaragua fue el único país de Centroamérica que rechazó aplicar cuarentenas, suspender actividades masivas o restringir significativamente la movilidad de la población durante los primeros meses de la pandemia.
Mientras gobiernos de toda la región cerraban escuelas, limitaban reuniones públicas y promovían campañas de prevención, las autoridades nicaragüenses insistían en transmitir una imagen de normalidad.
En marzo de 2020 el Gobierno organizó incluso una marcha denominada “Amor en tiempos del covid-19”, cuando la mayoría de los países intentaba reducir las concentraciones de personas.
Frente a esa situación, médicos independientes comenzaron a expresar públicamente sus preocupaciones. Algunos alertaron sobre la falta de preparación hospitalaria. Otros cuestionaron la ausencia de medidas preventivas o advirtieron sobre el riesgo que corrían los trabajadores de la salud.
Varios profesionales fueron citados por autoridades sanitarias y advertidos para que dejaran de brindar declaraciones a medios de comunicación.
La situación se agravó cuando personal médico comenzó a reclamar equipos de protección adecuados. Muchos hospitales enfrentaban escasez de mascarillas especializadas, trajes de protección y otros insumos esenciales para atender pacientes potencialmente infectados.
En lugar de atender esas demandas, el régimen respondió con una nueva ola de represalias. En junio de 2020 fueron despedidos 28 especialistas que habían exigido mejores condiciones de protección para el personal sanitario.
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Aquellos despidos elevaron a 468 la cifra de trabajadores de la salud expulsados por razones políticas entre 2018 y 2020, según la Unidad Médica Nicaragüense.
Ana Quirós considera que el manejo oficial de la pandemia tuvo consecuencias que todavía hoy resultan difíciles de medir. “Eso es atentar contra la salud de la población nicaragüense y atentar contra el gremio médico. Nicaragua es de los países donde más profesionales médicos y de enfermería murieron durante el tiempo de la pandemia, pero todo eso quedó ocultado por la voluntad del régimen de pretender que no se estaba dando el problema”, afirma.
La especialista también sostiene que la falta de transparencia oficial afectó la comprensión real del impacto de la enfermedad. Según recuerda, la Organización Panamericana de la Salud identificó un exceso de mortalidad que no coincidía con las cifras oficiales de fallecidos por covid-19.
A su juicio, la negativa gubernamental a reconocer la magnitud de la emergencia sanitaria se convirtió en una política de Estado.
La pandemia aceleró además otro fenómeno que ya venía desarrollándose desde las protestas de 2018: el éxodo de profesionales. Muchos médicos que habían permanecido en el país después de los despidos decidieron emigrar.
Exilio médico
Otros optaron por abandonar el sistema público y dedicarse exclusivamente al ejercicio privado. Para mediados de 2021, la Unidad Médica Nicaragüense calculaba que más de 400 médicos habían abandonado Nicaragua desde el inicio de la crisis sociopolítica.
El exilio trajo consigo nuevos obstáculos. Numerosos profesionales denunciaron dificultades para obtener documentos académicos indispensables para homologar sus títulos en el extranjero.
Un médico identificado como Meléndez relató que muchos exfuncionarios del Ministerio de Salud enfrentaban problemas para conseguir certificaciones universitarias. “Al pedirlas en Managua nos responden que no hay registros de nosotros”, declaró.
Mientras los hospitales perdían especialistas, otro golpe afectaba directamente la formación profesional de quienes permanecían en el país. Entre julio y agosto de 2021, la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de más de 39 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas numerosas asociaciones médicas.
El primer golpe ocurrió el 28 de julio, cuando fueron clausuradas 24 entidades, incluyendo la Asociación Nicaragüense de Diabetología y organizaciones de cardiología, oncología, dermatología y otras especialidades. Menos de un mes después, el 26 de agosto, el oficialismo eliminó otras 15 organizaciones, entre ellas Acción Médica Cristiana y la Fundación Médicas Nicaragüenses Doctora Concepción Palacios (Fumednic). Sus bienes pasaron a manos del Estado.
También fueron clausuradas organizaciones con décadas de experiencia en prevención de enfermedades, capacitación profesional y trabajo comunitario.
La desaparición de esas asociaciones tuvo consecuencias que trascendieron el ámbito institucional. Durante años, habían servido como espacios de actualización científica, intercambio académico, acceso a becas internacionales y organización de congresos especializados.
Para muchos médicos, eran prácticamente el único mecanismo de educación continua disponible fuera de las estructuras oficiales.
Una médica, que pidió anonimato, sostiene que el cierre de esas organizaciones dejó un vacío que nunca fue reemplazado. “Hay dos o tres excepciones, pero a la inmensa mayoría les quitaron la personería jurídica”, afirma. Como consecuencia, desaparecieron congresos de medicina interna, cirugía, endocrinología, pediatría y gastroenterología que durante años habían permitido la actualización de cientos de especialistas.
La misma doctora considera que las capacitaciones promovidas actualmente por las autoridades sanitarias resultan insuficientes para responder a las necesidades de un sistema moderno. “Son unos entrenamientos de tres meses a médicos generales para que salgan a hacer ultrasonidos en las clínicas móviles. Por supuesto sin tener realmente la formación necesaria, emitiendo diagnósticos incorrectos”, asegura.
A medida que avanzaban los años, las consecuencias acumuladas de los despidos, el exilio y la reducción de espacios de formación comenzaron a hacerse más visibles. El problema dejó de ser exclusivamente político para convertirse en una cuestión de funcionamiento del sistema sanitario.
Escasez de médicos
Según datos citados por especialistas, Nicaragua cuenta actualmente con aproximadamente nueve médicos por cada diez mil habitantes. En Costa Rica, la proporción supera los 27 por cada diez mil. La diferencia refleja la creciente dificultad del sistema nicaragüense para formar, retener y reemplazar personal calificado.
La fuga de profesionales continuó incluso después de que la represión más intensa de los años anteriores disminuyera. Durante los primeros dos meses de 2024, el sistema público perdió 451 trabajadores de la salud, según datos divulgados por medios independientes. El Ministerio de Salud no explicó oficialmente las razones de esas salidas.
La dermatóloga Anely Pérez Molina atribuye ese fenómeno a una combinación de factores laborales y políticos. “Hay un descontento con las obligaciones a los trabajadores de la salud. Muchos no están contentos con estar ejerciendo actividades políticas en las unidades de salud, como asistir a mitines políticos o actividades que se relacionan más a la propaganda”, afirma.
Otros testimonios describen un ambiente de creciente agotamiento. Una médica que trabajó durante más de una década en una unidad del Ministerio de Salud relató que intentó renunciar en varias ocasiones sin éxito. Otra fuente afirma que las jornadas laborales se han vuelto cada vez más extensas debido a la falta de personal experimentado.
Un salubrista exiliado sostiene que los efectos ya se reflejan en la calidad de la atención. “A los médicos viejos se les sobrecarga el trabajo porque hay médicos que no resuelven médicamente, entonces ellos tienen que asumir las consultas médicas. Por eso se dan cifras de mortalidad materna, mortalidad infantil y mortalidad pediátrica. Los malos diagnósticos, los diagnósticos equivocados, las muertes prematuras y el incremento de los embarazos en adolescentes también tienen relación con esa situación”, afirma.
La escasez de especialistas se hizo tan evidente que en marzo de 2024 el propio Ministerio de Salud intentó adoptar una medida extraordinaria para retener profesionales. Los 213 médicos que iniciaban residencias de especialización fueron obligados a firmar contratos que los comprometían a trabajar para el Estado durante diez años después de graduarse. Quienes incumplieran esa obligación podían enfrentar multas equivalentes a más de 60 mil dólares.
La decisión provocó rechazo inmediato entre residentes, especialistas y estudiantes. Muchos interpretaron la medida como una admisión implícita de que el sistema ya no podía retener médicos mediante incentivos laborales normales. Finalmente, menos de un mes después, el Gobierno anuló los contratos mediante una resolución ministerial emitida por orden de Daniel Ortega.
Para varios especialistas, el episodio reveló la magnitud de la crisis. Después de años de despidos, exilio y renuncias, el Estado intentó resolver la escasez de profesionales mediante mecanismos coercitivos. El problema, sin embargo, seguía siendo el mismo: cada vez menos médicos querían permanecer dentro del sistema público.
Ministras van y vienen
A ello se sumó la inestabilidad en la conducción institucional del sector. En octubre de 2024, Ortega aceptó la renuncia de Martha Verónica Reyes Álvarez como ministra de Salud. Su salida se produjo en medio de una amplia rotación de funcionarios dentro del Gobierno. Un año después fue nombrada Meyling Brenes Calderón.
Seis ministras de Salud han sido nombradas por Ortega y Murillo durante su administración.
Mientras tanto, el discurso oficial continuó concentrándose en la expansión de infraestructura. En mayo de 2025, el Ministerio de Salud presentó el denominado Mapa Nacional de Salud, destacando la existencia de clínicas móviles equipadas con ultrasonidos y electrocardiógrafos, el aumento de centros de salud y la ampliación de la red de puestos sanitarios.
Sin embargo, especialistas señalan que los informes oficiales rara vez incluyen datos sobre déficit de especialistas, abandono laboral o disponibilidad de recursos humanos.
Ana Quirós considera que las recientes medidas anunciadas por Ortega y Murillo deben entenderse dentro de ese contexto. A su juicio, no representan una estrategia para corregir las debilidades estructurales del sistema sanitario, sino una extensión de los mecanismos de control político que han caracterizado la gestión del sector durante los últimos 19 años.
“Es preocupante porque estamos hablando de futuros profesionales con bases de conocimientos muy débiles”, afirma. “Las decisiones parten de arbitrariedades y no de una voluntad de mejorar la capacidad técnica y profesional del gremio médico”.
Otros especialistas llegan a conclusiones similares. El salubrista exiliado que ha seguido la evolución del sistema desde los años ochenta considera que los problemas actuales no son consecuencia de una crisis reciente, sino el resultado de un largo proceso de deterioro institucional. “Por eso vemos la total deficiencia actual de médicos. No cumplieron los requisitos académicos, pero sí los políticos”, afirma.
