Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
A lo largo de la crisis política que comenzó con las protestas cívicas de 2018 —sofocadas mediante la violencia estatal y la represión sistemática de la dictadura Ortega-Murillo— el régimen ha respondido cínicamente. Ante denuncias de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y malos tratos, las autoridades presentan repentinamente fotografías, videos o apariciones públicas cuidadosamente controladas de las víctimas. El objetivo es demostrar que la persona sigue con vida, reducir la presión internacional y construir una falsa narrativa de normalidad.
Pero hay una pregunta fundamental que el régimen nunca responde: ¿qué ocurrió durante todo el tiempo en que negó información sobre el paradero de esas personas? Las imágenes pueden mostrar que alguien está vivo, pero no explican la privación arbitraria de libertad, la desaparición forzada, la incomunicación prolongada ni las condiciones de detención a las que fue sometido.
La conducta de la dictadura nicaragüense no es nueva ni excepcional. A lo largo de la historia, numerosos regímenes autoritarios han utilizado tácticas similares para intentar encubrir o minimizar sus abusos. La Unión Soviética de Stalin, durante las grandes purgas, negaba o minimizaba desapariciones y arrestos masivos mientras difundía imágenes y declaraciones oficiales destinadas a proyectar una apariencia de legalidad. En China, las autoridades han organizado apariciones públicas de disidentes, abogados y periodistas desaparecidos temporalmente para responder a cuestionamientos internacionales. En Myanmar, la junta militar ha exhibido detenidos políticos en videos y comparecencias controladas tras largos períodos de incomunicación.
Lo mismo ocurrió en Siria bajo Bashar al-Assad, donde el régimen ocultó durante años el destino de miles de detenidos y, en algunos casos, presentó supuestas pruebas de vida o registros oficiales únicamente cuando la presión internacional se volvió insostenible. Corea del Norte ha recurrido durante décadas a fotografías, visitas organizadas y testimonios cuidadosamente supervisados para responder a denuncias sobre detenidos y desaparecidos. En Cuba, las autoridades han permitido ocasionalmente visitas selectivas o difundido imágenes de presos políticos cuando las críticas internacionales han aumentado.
Ninguno de estos ejemplos logró alterar la realidad fundamental de que una desaparición forzada no deja de ser una desaparición forzada porque la víctima reaparezca posteriormente. La responsabilidad del Estado no desaparece con una fotografía, un video o un comunicado oficial.
Por eso, las imágenes y comunicados difundidos ahora por la dictadura Ortega-Murillo no engañan a nadie, quizás ni a sus propios seguidores. La desaparición de Brooklyn Rivera durante más de dos años y medio no queda subsanada porque hoy aparezca en una cama de hospital, en condiciones que han generado profunda preocupación dentro y fuera del país. Su reaparición y partes médicos oficiales sobre su grave estado de enfermedad no eliminan la responsabilidad del Estado por el prolongado período durante el cual se negó información sobre su paradero, se impidió el contacto con familiares y se mantuvo a la víctima fuera de toda protección legal efectiva.
Lo que el régimen pretende presentar como un gesto de transparencia constituye, en realidad, una admisión involuntaria de aquello que durante años intentó ocultar. La cuestión nunca fue si Brooklyn Rivera estaba vivo. La cuestión es por qué fue desaparecido, dónde estuvo durante todo este tiempo, qué tormentos sufrió en su cautiverio y quién o quiénes responderán por ello.
