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La Fundación sin Límites para el Desarrollo Humano presentó el 21 de mayo recién pasado un estudio e informe titulado “Cooperación en Tensión (2017-2025): Evolución y transformaciones de la cooperación internacional en Nicaragua”.
El informe explica que la caída de la cooperación externa con Nicaragua se debe fundamentalmente a las políticas antidemocráticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Demuestra que la represión estatal es la causante del colapso de la cooperación externa con Nicaragua, al mismo tiempo que explica que la sociedad civil de este país que se vio forzada al exilio sobrevive enfrentando y resolviendo muchas dificultades.
La Fundación sin Límites se define en su sitio web como una ONG autónoma, independiente y sin fines de lucro. Tiene su sede en Costa Rica, pero la proyección de sus investigaciones, estudios e informes es centroamericana. Y reconoce que “cuenta con la experiencia técnica de personas que fueron parte del equipo de Funides”, el prestigioso centro nicaragüense de pensamiento democrático que, como todas las demás organizaciones independientes de la sociedad civil, fue víctima de la ferocidad represiva de la dictadura de Ortega y Murillo.
El referido estudio-informe de Fundación sin Límites ilustra que la reducción de la disminución de la cooperación externa con Nicaragua comenzó a partir de que Daniel Ortega recuperó el poder en 2007, pero la caída definitiva fue a partir de la sanguinaria represión contra las protestas autoconvocadas de 2018, que derivaron en la rebelión ciudadana por la libertad.
Más de 5,600 organizaciones de la sociedad civil fueron liquidadas por la represión de la dictadura desde 2018 hasta ahora. Lo cual se entiende, aunque no se justifica, porque la sociedad civil es por definición uno de los motores que impulsa la democracia. La sociedad civil es tan necesaria para la existencia y funcionamiento del sistema democrático, como lo es el pluripartidismo político y el sistema de elecciones libres y competitivas para el ejercicio de las funciones de representación legislativa y de gobierno, nacional y local.
En una democracia, la sociedad civil autónoma e independiente es un contrapeso necesario frente al poder del Estado y el funcionamiento del mercado. Lo es porque organiza y encauza la participación ciudadana en la solución de problemas sociales y sectoriales, así como en la exigencia de la rendición de cuentas de los gobernantes, en la promoción del ejercicio de los derechos ciudadanos y la defensa de los derechos humanos.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) define a las organizaciones de la sociedad civil como “grupos sin fines de lucro, independientes del gobierno, que se organizan a nivel local o internacional para abordar las cuestiones de apoyo al bien público o nacional”. Reconoce que contribuyen a la democratización de los países y de la sociedad y por eso las acepta como entidades consultivas del Consejo Económico y Social, en el cual están inscritas unas seis mil seiscientas de esas organizaciones.
Precisamente por las importantísimas funciones democráticas que cumplen las ONG, los regímenes dictatoriales y totalitarios —como el de Nicaragua— las consideran un estorbo e incluso las tratan como a enemigas. Las persiguen o las hacen desaparecer por la fuerza, y en el mejor de los casos las regulan de manera extrema para impedir que cumplan con su misión.
Sin embargo, como se desprende de la lectura del estudio-informe de la Fundación sin Límites, sobre la caída de la cooperación externa con Nicaragua, la sociedad civil nicaragüense ha sobrevivido, en el exilio e incluso dentro del país, en espera de mejores tiempos y oportunidad para volver a desplegar su potencial contributivo en la creación y el fortalecimiento de una sociedad democrática de ciudadanos libres.
