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Los gobiernos de cuatro países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitaron oficialmente la inclusión del caso de Nicaragua en la agenda de la 56ª Asamblea General, que se reunirá entre el 22 y el 24 del próximo mes de junio en Ciudad de Panamá.
La información de LA PRENSA dice al respecto que los cuatro países que han presentado esa solicitud son Canadá, Chile, Argentina y Costa Rica. Y recuerda que en el pasado mes de febrero el Consejo Permanente de la OEA aprobó por aclamación una resolución de condena a “las graves violaciones y abusos” que comete la dictadura de Nicaragua, y exigió la liberación de todos los presos políticos.
La verdad es que, para ser consecuente con sus propias resoluciones sobre Nicaragua acordadas desde los acontecimientos de 2018, la OEA debería declarar en su 56ª Asamblea General la ilegitimidad de la dictadura que oprime a los nicaragüenses y perturba el ecosistema político centroamericano y latinoamericano. No un nuevo pronunciamiento retórico, sino una declaración oficial de que el gobierno de Nicaragua que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo es ilegítimo. De esa manera la OEA daría seguimiento y completaría la tarea que comenzó en noviembre de 2021.
Nos referimos a que la 51ª Asamblea General de la OEA declaró que las elecciones del domingo 7 de noviembre de 2021 en Nicaragua, que se realizaron para reelegir una vez más al dictador Daniel Ortega, fueron fraudulentas y por lo tanto carentes de legitimidad democrática. Aquella resolución se aprobó con los votos de 25 países, solo el representante de la misma dictadura de Nicaragua votó en contra, siete se abstuvieron y hubo una ausencia.
Por consecuencia jurídica, si las elecciones del 7 de noviembre de 2021 fueron ilegítimas, el gobierno que provino de ellas también carece de legitimidad. De manera que el actual régimen de Daniel Ortega, ahora más deslegitimado por el espurio nombramiento de Rosario Murillo como copresidenta, es a todas luces ilegítimo y como tal lo debería declarar la Asamblea General de la OEA.
A la OEA se le critica generalmente por su incompetencia para hacer cumplir las disposiciones y principios de su propia Carta Constitutiva y la Carta Democrática Interamericana, así como la Convención Americana de Derechos Humanos. En realidad, la OEA suele reaccionar ante esos incumplimientos y violaciones, pero solo mediante declaraciones retóricas que carecen de efectos prácticos porque los gobiernos autoritarios no les hacen caso, o se retiran de la OEA para que no los molesten ni siquiera con palabras, como hicieron los de Venezuela y Nicaragua.
Pero ahora la OEA tiene la oportunidad de reivindicarse, si su 56ª Asamblea General que se reunirá a principios de junio en Panamá declarase ilegítimo al régimen dictatorial de Nicaragua. Una declaración que además sería consecuente con la que la misma Asamblea General de la OEA aprobó sin oposición en noviembre de 2021.
Con eso la OEA no botaría al régimen de Nicaragua. Pero podría contribuir de manera decisoria a facilitar las condiciones para poner fin a esa dictadura oprobiosa que oprime a los nicaragüenses y es, cuando menos, una afrenta para la dignidad de las Américas.
