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LA PRENSA ha informado, basada en datos confiables que incluyen cifras oficiales, que en los últimos años ha habido notable disminución de reclamos empresariales ante el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA). Sin duda que la disminución se debe al clima de terrorismo fiscal imperante en el país.
El TATA fue creado en julio de 2012, mediante la Ley No. 802, como un ente especializado y supuestamente autónomo e independiente del Servicio Aduanero y la Administración Tributaria. Está integrado por seis miembros propietarios y suplentes que tienen competencia para conocer y resolver en última instancia en la vía administrativa, sobre los recursos en materia aduanera que interpongan los interesados; sobre los recursos de apelación en materia tributaria; y sobre las quejas de los contribuyentes y usuarios contra los funcionarios de la Administración Tributaria y de la Administración de Aduanas. Además, tienen la capacidad de imponer sanciones, indemnizaciones, multas y otras medidas administrativas contra los funcionarios del ramo que se excedan en sus atribuciones o abusen de sus funciones.
Decimos que el TATA es supuestamente autónomo, porque en realidad no lo es, puesto que el sistema estatal y el régimen político de la dictadura se basa en la concentración y centralización total del poder. No hay nada en el Estado ni en la sociedad que se escape a su control o por lo menos a su estricta vigilancia.
Precisamente por eso a este régimen lo llamamos totalitario, o cuasi totalitario, o sea más que solamente autoritario. Y por lo tanto es comprensible que las víctimas de arbitrariedades fiscales se abstengan de denunciarlas y protestar, porque si lo hicieran les iría peor.
A una dictadura como la de Nicaragua, que se mantiene en el poder mediante la práctica del terrorismo de Estado en el ámbito político, también lo practica en el ámbito económico. No le interesa garantizar la libertad de las empresas ni respetar los derechos de los contribuyentes, empresariales y particulares. Por el contrario, les aplica las medidas del terrorismo fiscal.
El terrorismo fiscal no es un concepto jurídico, es una expresión de uso común que se refiere al abuso coercitivo e intimidatorio del poder del Estado, mediante la práctica de sus instituciones o dependencias tributarias y recaudatorias. Se manifiesta en el afán recaudatorio extremo, vulnerando la seguridad jurídica y los derechos de los contribuyentes. Y sobre todo es un instrumento de castigo a personas desafectas al régimen, así como a quienes la dictadura pretende despojar de sus propiedades y bienes por medio de tributos y reparos fiscales desmesurados.
Según los expertos en derecho tributario, puede ser que la expresión terrorismo fiscal suene fuerte, pero es una realidad en regímenes como el de Nicaragua. Y se manifiesta también mediante la aplicación de auditorías estrictas, embargos precautorios o congelamiento arbitrario de cuentas bancarias, criminalización de deudas fiscales, etc. Todo eso en un marco de inseguridad jurídica en el que prima la presunción de culpabilidad.
Con el terrorismo fiscal el pago de impuestos deja de ser una obligación ciudadana básica y se transforma en un mecanismo de sumisión total de las personas y las empresas al Estado, o mejor dicho al régimen político, para el que el patrimonio y la libertad de las personas dependen de la obediencia ideológica y política que le rindan.
Como una oportuna digresión vale mencionar lo ocurrido en estos días en España, donde la Audiencia Nacional ordenó a la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda devolver a la popular cantante Shakira 55 millones de euros que la obligó indebidamente a pagar por impuestos y sanciones correspondientes al año 2011. La cifra aumenta a más o menos 60 millones de euros por el valor de los intereses generados en el período.
Eso solo es posible en un país democrático, como España, donde el sistema tributario es riguroso, pero ajustado a derecho. Y por lo tanto sería imposible que ocurriera en Nicaragua y cualquier otro país totalitario, donde por lo mismo se practica el terrorismo económico y fiscal de manera despiadada. Sin importarle a los gobernantes el daño que causan a la economía nacional, a la sociedad y a las personas particulares.
