Importancia de la Sentencia de la Corte IDH sobre Alejandro Fiallos

Es un caso de antigua data, pero de permanente actualidad e importantes implicaciones políticas. Ocurrió en el año 2004, cuando Fiallos Navarro, quien había sido funcionario en el gobierno de don Enrique Bolaños Geyer, se postuló como candidato liberal a alcalde de Managua. Pero fue acusado y encarcelado por la supuesta comisión de delitos de abuso de autoridad y amenazas, y por eso condenado a la suspensión de sus derechos políticos y la inhabilitación absoluta de ejercer cargos públicos.

Ahora, la Corte IDH ha reconocido y declarado en su sentencia que en el proceso contra Alejandro Fiallos Navarro no se respetaron las garantías judiciales ni los derechos personales del acusado, y fue condenado en indefensión.

Cabe recordar que en ese tiempo (2004) el país era gobernado democráticamente por don Enrique Bolaños. Había separación de poderes y el Poder Ejecutivo no interfería en el Judicial. Pero el sandinismo ya ejercía control sobre la administración de justicia, gracias a los pactos libero-sandinistas y personalmente de Arnoldo Alemán con Daniel Ortega.

De manera que la sentencia de la Corte IDH ha venido a hacer justicia, al menos teóricamente, al declarar la responsabilidad del Estado de Nicaragua por la detención ilegal del Fiallos Navarro y la suspensión de sus derechos políticos. Y en consecuencia ordena al Estado borrar los antecedentes penales de Fiallos, entregarle una declaración formal de reconocimiento de la responsabilidad estatal por el abuso cometido contra su persona, y pagarle una indemnización por daños morales y materiales.

La sentencia de la Corte IDH seguramente le ha proporcionado a Alejandro Fiallos Navarro una gran satisfacción emocional y moral, a él personalmente pero también a su familia. Para Fiallos, quien vive en el exilio, esta sentencia es una certificación internacional irrefutable de su condición de perseguido político, que debe servirle para proteger su estatus migratorio y su seguridad legal en el país donde reside.

Además, la sentencia de la Corte IDH fortalece la esperanza de quienes mantienen su confianza en la justicia, en este caso en la justicia internacional, de que algún día podrá favorecer a toda la nación nicaragüense y ayudarle a recuperar la libertad y el retorno a la democracia.

Lo que no se puede esperar es que el régimen de Ortega y Murillo acate la sentencia de la Corte IDH, como es su obligación legal, política y moral porque el Estado de Nicaragua es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, que le otorga sus competencias a dicho tribunal internacional. Obviamente, la Corte IDH no puede obligar al cumplimiento de su sentencia a un Estado forajido, como es el de Nicaragua, que está controlado por la dictadura de Ortega y Murillo sobre la cual pesan incluso acusaciones por crímenes de lesa humanidad.

No obstante, según nos ha expresado una experta jurídica “la trascendencia de esta sentencia de la Corte IDH es fundamental para el contexto actual que vive Nicaragua, ya que aborda patrones de persecución y el uso del sistema judicial y violaciones del debido proceso como una herramienta de represión”.

Otros juristas y politólogos agregan que la sentencia de la Corte IDH tiene el valor histórico de comprobar que Alejandro Fiallos Navarro fue víctima de una persecución política articulada mediante el pacto entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, que le facilitó a este la recuperación de todo el poder a partir de enero de 2007 cuando comenzó a restaurar la dictadura.

Además, la sentencia sirve como un precedente legal documentado para muchos opositores nicaragüenses exiliados o judicializados bajo dinámicas similares. Y es un mensaje de esperanza que, en la política, según Václav Havel “no es un simple optimismo ni la garantía de que las cosas saldrán bien. Es una orientación del espíritu y del corazón que nos impulsa a actuar porque estamos convencidos de que una acción tiene sentido, sin importar cuál sea su resultado final”.