La carta de la magistrada

Por filtraciones desde dentro del órgano judicial del régimen se conoció que la magistrada Ramos habría sido destituida del cargo y desalojada bruscamente de su despacho oficial. Además, que una buena parte de su personal de confianza había sido despedida y en algunos casos reprimida. Incluso, su obsecuente oficial de prensa fue encarcelado igual que los dirigentes y activistas de la oposición y, junto con ellos, enviado al destierro en Estados Unidos y condenado a la apatridia.

Comprensiblemente, ante la notoria y prolongada desaparición de la magistrada Ramos y por la censura absoluta del régimen de toda información de interés público, surgieron los rumores de que ella había sido purgada por la dictadura, que inclusive intentó en vano huir del país y que algunos de sus familiares fueron encarcelados.

Esas informaciones no confirmadas son las que pretende desmentir la supuesta carta pública de Ramos. Supuesta decimos, porque no hay seguridad de que dicha misiva sea auténtica, pues ni siquiera aparece el nombre y mucho menos la firma de la susodicha. Ni dice si continúa siendo presidenta del órgano judicial del régimen o solo una de sus magistrados.

Ante la magnitud de las noticias no confirmadas sobre la magistrada Ramos, lo menos que ella misma debió haber hecho, si realmente quería y podía hacerlo, era dar la cara públicamente y aclarar la confusa situación en la que ha estado envuelta durante tanto tiempo.

De manera que lo menos que se puede pensar y decir de la supuesta carta de “aclaración” de la señora Alba Luz Ramos es que es falsa. Que es hechura de los cabecillas de la dictadura. Que es una invención del régimen para tratar de desvirtuar todo lo que se ha conocido sobre el caso, repetimos, salido del seno del mismo aparato judicial de la dictadura.

Lo que se puede decir con certeza es que la magistrada o exmagistrada Ramos está sufriendo un “infortunio kármico”. Es decir, “una situación adversa, dolorosa o desafiante”, como merecida retribución por los daños judiciales, políticos y morales que ella causó a la institucionalidad democrática del país, cuando ostentaba y ejercía el poderoso cargo de magistrada y presidenta del poder judicial del Estado.

Alba Luz Ramos es cómplice del desmantelamiento de la institucionalidad democrática del poder judicial de Nicaragua, y de ponerlo en manos de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo que ahora son sus verdugos.

Ella es (o fue) una militante sandinista “de pura cepa”. A mediados de la década de los sesenta del siglo pasado, siendo estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de León, se unió al Frente Estudiantil Revolucionario (FER), que era el organismo de fachada del FSLN dentro del movimiento estudiantil.

Fue militante sandinista con el pseudónimo de “Claudia” y la Guardia Nacional somocista la persiguió a raíz del asalto a la casa de Chema Castillo, en diciembre de 1974. Por lo cual huyó del país y regresó después del derrocamiento del somocismo.

Entonces comenzó su exitosa carrera en el Estado sandinista, primero como directora nacional de Registros, después procuradora penal, viceministra de Justicia, hasta llegar a la Corte Suprema como magistrada por el FSLN. Pronto fue designada vicepresidenta de la Corte y luego presidenta, cargo que sigue ostentando hasta ahora porque no ha sido oficialmente destituida.

Como presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, Alba Luz Ramos Vanegas fue clave en la espuria reforma constitucional que en 2011 le permitió a Daniel Ortega reelegirse consecutivamente y de manera fraudulenta hasta ahora. Y en general ella fue determinante para la consolidación del control del régimen sandinista, y personalmente de Ortega, sobre el poder judicial.

Además, en los años más duros de represión, después de la rebelión nacional democrática de 2018, Ramos facilitó la instrumentalización de los tribunales para perseguir y condenar a los opositores, contribuyendo a la liquidación de la justicia, hasta llegar a ser ella misma destituida y purgada.